Los Economistas creen que la fiscalidad sobre la riqueza aportaría unos 200 millones más sin los agujeros de Madrid en el impuesto de patrimonio

El grueso de los impuestos a la riqueza está gestionado por las comunidades autónomas, una situación que genera un trato fiscal distinto —y una diferente recaudación— en función del territorio. Los expertos en fiscalidad del Consejo General de Economistas (REAF-CGE) estiman que el impuesto sobre el patrimonio, que gestionan los Gobiernos regionales, recaudaría casi 700 millones más, hasta los 2.000 millones al año, si Madrid no lo bonificara al 100%. Esta cifra, que el organismo ha presentado este lunes en su informe Tributación de la riqueza: estado de la cuestión, también supera en unos 200 millones lo recaudado conjuntamente por este impuesto y el nuevo tributo solidario sobre las grandes fortunas, que Hacienda ha exigido por primera vez este año a los contribuyentes con bienes y derechos valorados en más de tres millones de euros.

El gravamen a las grandes fortunas, que cobra el Estado y tiene naturaleza temporal, ha aportado 623,6 millones de euros a las arcas públicas en su primer año de vigencia. Si se suman los ingresos del impuesto sobre el patrimonio —deducible del nuevo tributo—, la recaudación conjunta de las dos figuras se sitúa en 1.868 millones de euros, según los datos presentados este septiembre por el Ministerio Hacienda.

El REAF-CGE ha presentado su informe en un momento en el que varias comunidades han anunciado rebajas en la imposición fiscal a la riqueza. A la vez, hay varios recursos abiertos ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo impuesto a las grandes fortunas promocionados por distintos Gobiernos regionales. “Los motivos son varios”, ha recordado Luis del Amo, secretario técnico del REAF. Entre ellos, su aprobación vía enmienda a una proposición de ley, el hecho de que “armoniza de forma impropia” una competencia cedida a las comunidades y su retroactividad. “El contribuyente no ha podido adaptarse”, ha subrayado el economista.

El organismo, sin embargo, aconseja prudencia a los contribuyentes a la hora de reclamar. Recomienda un análisis exhaustivo antes de solicitar la rectificación, sobre todo si la declaración es compleja, y aconsejan valorar el beneficio económico de la eventual devolución. También pone el acento sobre los plazos: agotar muy rápidamente la vía administrativa implica empezar un proceso contencioso que es más costoso, pero es recomendable actuar antes de que se pronuncie el tribunal, cuyo fallo podría llegar antes de que acabe el año. “Quien piensa solicitar la devolución que lo vaya haciendo”, ha sintetizado Valentín Pich, presidente del CGE.

También el impuesto sobre el patrimonio está recurrido. Los dos puntos que se cuestionan están vinculados a los cambios introducidos a través de los Presupuestos de 2021. En primer lugar, la subida del marginal máximo en la tarifa estatal —que se aplica solo cuando las comunidades no han aprobado una tarifa propia— hasta el 3,5%, que los recurrentes consideran confiscatorio. Por otro lado, la conversión del tributo de temporal —antes había que prorrogarlo cada año— a permanente.

Tendencia a la baja

El informe del REAF-CGE incluye una radiografía de los principales impuestos a la riqueza que gestionan las comunidades, que son patrimonio, un gravamen que dentro de la UE solo tiene España, y sucesiones y donaciones. En ambos casos se aprecia una tendencia a la baja, que se ha acentuado tras los últimos comicios autonómicos de la mano de los territorios gobernados por el PP.

Uno de los casos más recientes y emblemáticos es el de Extremadura. De ser una de las comunidades más onerosas en cuanto al impuesto sobre el patrimonio, pasará a formar parte de los territorios que lo tienen bonificado en su totalidad, que son Andalucía y Madrid —en Galicia, la rebaja es del 50%—. “Donde de verdad se ven las diferencias es en la bonificación que se aplica” y no tanto en las tarifas o los mínimos exentos. El tributo que grava las herencias y las donaciones también ha sido sujeto a cambios, siempre a favor del contribuyente. Entre las autonomías que han reducido la carga fiscal están La Rioja, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares y las Canarias. “Ha habido una ola de rebajas en sucesiones”, ha destacado Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF.

Los economistas concluyen que las distorsiones existentes entre comunidades en el impuesto sobre el patrimonio recomiendan su supresión, además de destacar que España es el único país de la UE que mantiene una figura fiscal de este tipo. “Podría quedar como declaración censal”, ha comentado Agustín Fernández, presidente del REAF. Si se optara por mantener el impuesto, el estudio propone cambios. Por ejemplo, fijar tarifas que no superen el 1% y armonizar el mínimo exento y la base imponible, dejando que la autonomía de los territorios se centre en tarifa y en rebajas vinculadas a situaciones familiares, dentro de unos límites que eviten grandes diferencias.

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