Montero plantea hacer permanente el impuesto sobre las grandes fortunas

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado este martes en Bruselas que el nuevo impuesto sobre las grandes fortunas ha cumplido su “objetivo político” de garantizar la “proporcionalidad” en el pago de impuestos y no ha descartado hacerlo permanente si se constata que esta es la mejor vía para garantizar que todos los contribuyentes pagan lo que les toca en todo el país y la carga fiscal no recae sobre todo en las clases medias. Además, se ha mostrado confiada en que no se producirá la avalancha de recursos legales pronosticada por algunos asesores fiscales.

Originalmente, el impuesto sobre la riqueza, que ya ha recaudado 623,6 millones de euros durante este año, como ha adelantado EL PAÍS y ha confirmado ahora Montero, está previsto que se aplique solamente en 2023 y 2024. Pero contiene una cláusula de revisión para evaluar, al finalizar su vigencia, si se mantiene o se suprime.

En declaraciones a periodistas en la Eurocámara, adonde ha acudido a presentar las prioridades de la presidencia rotatoria española de la UE en su cartera, la ministra de Hacienda no ha descartado ninguna posibilidad, indicando que una decisión al respecto se tomará tras analizar el “rendimiento” del impuesto.

“Tenemos que estudiar su rendimiento, queremos hacerlo al albur del debate sobre financiación autonómica porque (…) tenemos que tener la capacidad entre todos de dialogar cuál es la manera más eficaz de poder hacer que esas fortunas paguen”, ha explicado Montero. Al menos hasta que se produzca dicho debate, el impuesto sobre la riqueza “se mantendrá” y, una vez se tengan los resultados de las discusiones, se decidirá sobre la fórmula más adecuada para garantizar que, en cualquier caso, las grandes fortunas aporten “en la medida proporcional que están haciendo el resto de las rentas”. Por ello, ha agregado, sea cual sea la vía que se decida finalmente para ello, “tendremos que ser capaces de mantener esa recaudación, más allá de que elijamos una fórmula como la que tenemos, o que demos participación también a las comunidades autónomas, sin que se pueda producir vaciamiento normativo”.

El tributo ha generado un fuerte debate jurídico. Madrid, Andalucía y Galicia, las comunidades autónomas que han suprimido el gravamen sobre patrimonio y de las que proceden el 95% de los ingresos por el impuesto sobre la riqueza, ya han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y asesores fiscales creen que se producirán cientos de reclamaciones contra el impuesto. Aun así, Montero se ha manifestado tranquila y ha señalado que el hecho de que el Constitucional no haya suspendido cautelarmente el impuesto mientras decide sobre el recurso, muestra que el tribunal “no considera que se esté vulnerando ningún principio fundamental”.

“Estamos convencidos de que el diseño del impuesto sigue absolutamente las competencias estatales y no va a tener ningún problema con el resto de figuras” tributarias, ha declarado.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado nuevas acciones judiciales contra la medida ante la Audiencia Nacional, según detalla un comunicado de la administración autonómica publicado este miércoles. El Ejecutivo regional considera que el impuesto invade las competencias de las comunidades en materia fiscal y financiera y que “vulnera los principios de capacidad económica recogidos en la Constitución”. Esta es la segunda iniciativa que emprende el Gobierno de la capital en contra del tributo estatal, que ya recurrió el pasado marzo ante el Tribunal Constitucional. La administración regional denuncia que la tramitación de la medida del Ministerio de Hacienda se llevó a cabo a través de una enmienda en un proyecto de Ley que no estaba relacionado, obviando el desarrollo parlamentario ordinario y sin una necesidad real, ya que se ha alcanzado una cifra récord de recaudación en estos momentos debido a “la coyuntura económica y a la desmesurada presión fiscal que práctica la política Gobierno de España”, según reza el comunicado.

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