Sánchez, ante la investidura

El resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio dio lugar a un escenario político complejo, pero el proceso para investir a un nuevo presidente ha transcurrido hasta ahora de acuerdo con lo previsto en la Constitución. La normalidad es algo que conviene destacar ante interpretaciones apocalípticas que ven ruptura y decadencia en todo movimiento institucional que no beneficie a sus defensores. Una vez fracasada la candidatura del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, el Rey ha propuesto este martes como nuevo candidato al líder socialista, Pedro Sánchez. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, transmitió la decisión del Monarca sin fijar fecha para el debate de investidura. El día límite en que se puede celebrar ese pleno es el 27 de noviembre.

Como sucedió con su rival, el secretario general del PSOE acudió al palacio de La Zarzuela sin los apoyos suficientes para hacer prosperar su candidatura, pero con una diferencia: la negociación de la Mesa del Congreso y la elección de su presidencia son un indicador objetivo de que es el aspirante con más posibilidades.

La Constitución prevé que el Rey pueda designar a un candidato cuyo único objetivo sea poner en marcha el “reloj electoral”, como ocurrió con Feijóo, y que luego designe al que se vea en disposición de intentarlo, aunque no tenga aún la elección asegurada, como es el caso de Sánchez. Es llamativo que el presidente del PP hablara este martes de la falta de apoyos de aquel como de “incoherencia numérica”: él estuvo en idéntica situación hace un mes.

Recibido el encargo del Rey, Pedro Sánchez defendió la necesidad de alcanzar un nuevo Gobierno de coalición capaz de preservar las políticas de protección social que han marcado la acción del Ejecutivo en funciones. Al mismo tiempo, dijo aspirar a consolidar la estabilidad de la vida política y social en Cataluña, en una doble vertiente: el “reencuentro” entre catalanes y la normalización de las relaciones entre la Generalitat y el Estado.

El pacto de legislatura que busca Sánchez trasciende la votación de su investidura, pero tiene un límite obvio en la demanda independentista de un referéndum de autodeterminación sin cabida en el ordenamiento jurídico español. El líder socialista no mencionó la palabra amnistía, pero enmarcó su voluntad respecto a Cataluña en una política de “generosidad” en línea con las medidas de gracia ya adoptadas por su Gobierno: los indultos a los líderes del procés. El aspirante a la reelección hizo hincapié en la garantía de que cualquier nuevo acuerdo con los soberanistas será “transparente”, contará con el refrendo del poder legislativo y, ante la previsible apelación del PP, pasará por el Tribunal Constitucional.

Sánchez trata de desactivar la sobreactuación dramática de Núñez Feijóo, pero eso solo será posible —o no— cuando se conozcan los términos del complejo y delicado acuerdo político que se propone. Era esperable que evitase la palabra amnistía en su primer mensaje público tras el encargo del Rey. En las próximas semanas, sin embargo, ni los eufemismos ni las perífrasis serán suficientes. El candidato a la reelección como jefe del Ejecutivo deberá persuadir a los ciudadanos sobre la conveniencia para España de una medida de gracia que facilite el citado reencuentro entre catalanes, garantice la estabilidad institucional y reduzca todo lo posible la actual situación de interinidad, que no beneficia a la economía ni al normal funcionamiento de la Administración.