Lenguas españolas

El castellano ya no es la lengua de uso único y obligatorio en el Congreso de los Diputados. Desde este martes, el catalán, el euskera y el gallego, tres idiomas de uso oficial en seis comunidades autónomas, podrán ser utilizados también en el órgano de representación de la soberanía nacional, como ya sucedía en el Senado.

España se iguala así a democracias federales de arraigado multilingüismo institucional como Bélgica, Canadá y la Confederación Helvética. Lejos de significar un atentado contra la igualdad entre los españoles y un factor de división y discordia, como pretenden quienes se han opuesto a la proposición de ley que se aprueba definitivamente este jueves, es un factor de unión entre los ciudadanos y un avance en la igualdad de sus derechos como hablantes. Además, desarrolla no solo la letra de la Constitución sino que recupera también el espíritu de diálogo y concordia que marcó su redacción.

La sesión en el Congreso responde plenamente al título preliminar de la Ley Fundamental, con frecuencia olvidado, donde se señala que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”. ¿Qué mayor respeto y protección que reconocer el derecho de los representantes de los ciudadanos a expresarse en los idiomas que hablan sus representados? Como señaló el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, respecto al régimen nacido en 1978, la actual iniciativa trata de convertir en normal en el Parlamento lo que ya es normal en la calle. La única anomalía es que haya llegado tan tarde y solo debido a la necesidad del PSOE —que tradicionalmente se opuso a la medida— de contar con los votos de los nacionalistas catalanes para asegurarse la presidencia de la Cámara. No sirven los argumentos funcionalistas que reivindican el uso de una sola lengua porque sea la que todos hablan. Las lenguas no agotan su función social en la mera comunicación. También atesoran un enorme valor simbólico. Tiene todo el sentido que la lengua oficial en toda España, el castellano, sea utilizada con mayor frecuencia que las autonómicas como idioma común, pero convertir su uso en obligatorio es cercenar el espíritu constitucional.

No es una exageración calificar la jornada de este martes, marcada por la normalidad, como histórica. Es el término que usaron numerosos portavoces. Para Junts per Catalunya lo es porque la considera un paso decisivo para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, donde la presidencia española defendió ayer su oficialidad en las instituciones comunitarias junto a la del euskera y el gallego. Dicha defensa, no obstante, chocó con la previsible reticencia de los Veintisiete, que han preferido aplazar el debate.

De la sesión en la Cámara baja, finalmente, destaca la discreta oposición presentada por el Partido Popular en contraste con el boicot teatral de Vox, cuyos diputados se ausentaron momentáneamente del hemiciclo en señal de protesta. La formación ultraderechista identifica la unidad de la nación con la exclusividad de la lengua, un paradigma de nacionalismo etnicista que le iguala con los más radicales independentistas vascos y catalanes. Por su parte, el portavoz del PP, Borja Sémper, reivindicó la España plural y constitucional como ejemplo europeo de reconocimiento y protección de la riqueza lingüística. Es una pena que su formación criticara la bondad de una idea que él mismo puso en práctica con su discurso, el primero en el que un dirigente de su partido alterna euskera y castellano en el Congreso de los Diputados.