La válvula de escape de Ortega

La deriva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha forzado al exilio a más de 700.000 nicaragüenses en los últimos cinco años. Desde el estallido de las protestas de 2018, que fueron duramente reprimidas y marcaron un punto de inflexión en el modelo autoritario de la pareja de gobernantes, la grave crisis sociopolítica en la que está sumido el país centroamericano ha favorecido la creación un mecanismo perverso que hoy es una de las válvulas de escape del aparato sandinista. La política de expulsión de opositores impulsada por el Gobierno no solo ha despejado el camino a un sistema de partido único, sino que representa uno de los pilares de la economía nacional.

Las remesas familiares que ingresaron en el país superaron el año pasado los 3.200 millones de dólares y, según las previsiones, esa cifra alcanzará pronto el 30% del PIB. Cerca del 7% de la población total de Nicaragua está en fuga, pero detrás de estas cifras hay un cálculo preciso que comienza con un esquema de acoso y represión de las voces críticas, no solo de representantes políticos, sino también de la prensa, el sistema judicial, la Iglesia católica y de la llamada sociedad civil. En definitiva, de todos los sectores democráticos. La disyuntiva es sencilla: someterse a una justicia cooptada por el régimen o irse.

La política de destierro de presos políticos es uno de los ejemplos recientes más emblemáticos. El pasado febrero, Ortega expulsó en un avión con destino a Washington a 222 opositores. El obispo Rolando Álvarez, que acaba de cumplir un año en la cárcel, se negó a abandonar el país y la venganza fue inmediata. Fue acusado de traición a la patria y condenado a 26 años de reclusión. A ello se suma la profunda crisis económica y el aislamiento internacional de Managua. El cerco financiero al régimen sandinista es cada vez más evidente. Las últimas dos instituciones en bloquear o aplazar desembolsos multimillonarios han sido el Fondo Verde del Clima, que depende de Naciones Unidas, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

En este contexto, las remesas no solo alivian las finanzas del sandinismo, sino que permiten mantener a flote a la economía nacional, sobre todo gracias a las aportaciones procedentes de Estados Unidos, que representan tres cuartas partes del flujo total, seguidas de las de Costa Rica y España. A pesar de las sanciones, el país norteamericano sigue siendo el principal socio comercial de Nicaragua. Y pese a la retórica antimperialista, Daniel Ortega se aprovecha de ello. Una estrategia artera, que solo constituye un engranaje de su maquinaria represiva y es el enésimo reflejo de un régimen incompatible con la democracia.