Cerco financiero al régimen de Ortega y Murillo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sufrido recientemente dos reveses en su búsqueda de financiamiento internacional. El primero tiene que ver con el bloqueo del desembolso de 116,6 millones de dólares provenientes del Fondo Verde del Clima (FVC) de Naciones Unidas, en concepto de un proyecto para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las biosferas de Bosawás y Río San Juan de Nicaragua. Mientras que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha retrasado seis meses más la entrega del mega financiamiento por 352,58 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de carreteras.

En el caso del Fondo Verde, aprobado en noviembre de 2020, la Junta Directiva de esa institución decidió hace semana y media mantener congelados los recursos hasta que el régimen Ortega-Murillo “cumpla las políticas y procedimientos de este mecanismo”. El incumplimiento oficial se deriva a partir de una queja que indígenas de Bosawás y Río San Juan interpusieron. Los comunitarios alegan que no fueron objeto de una “consulta libre, previa e informada”, y que tampoco el gobierno sandinista cumplió con la identificación de un tercero independiente para supervisar las acciones del proyecto, y el uso transparente de los recursos.

Los indígenas temen sobre todo que el financiamiento del proyecto BIO-CLIMA pueda incrementar la “degradación del medio ambiente” y la invasión a sus territorios indígenas. Dos realidades que ya sufren a manos de los “colonos”, los invasores que, con armas de alto calibre y bajo el paraguas de impunidad de funcionarios sandinistas, irrumpen en las comunidades. Los indígenas son desplazados forzadamente y los “colonos” establecen en esos bosques protegidos industrias extractivistas, como minería, ganadería y agricultura. Organizaciones nicaragüenses que trabajan de cerca la violencia contra las comunidades ancestrales calculan que en los últimos diez años 70 indígenas miskitos y mayangnas han sido asesinados por colonos. En lo que va de 2023, se han registrados dos masacres en Bosawás. Otro centenar de comunitarios han sido víctimas de secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones o en estado cuadripléjico. Incluso, hasta funcionarios sandinistas han estado involucrados en el tráfico ilegal de tierras ancestrales para favorecer a “colonos”.

En respuesta a la queja de los indígenas, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM, por sus siglas en inglés) del Fondo Verde del Clima realizó una investigación que determinó “incumplimiento del proyecto” en lo alegado por los comunitarios.

Otro temor de los indígenas ha sido “el probable incumplimiento o incapacidad” de las entidades acreditadas y ejecutoras del Fondo Verde para “seguir con éxito con las políticas y procedimientos y las condiciones impuestas por la Junta durante la aprobación del proyecto”. Las entidades ejecutoras por parte del gobierno son el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la acreditada el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Retraso de préstamos para carreteras

Desde el estallido de la crisis sociopolítica en el año 2018, cuando el régimen sandinista ejerció una brutal represión policial, paramilitar y judicial, el BCIE se constituyó como uno de los principales financistas de una administración señalada de cometer crímenes de lesa humanidad. El presidente del banco, Dante Mossi, ha sido durante su gestión muy cercano con los Ortega-Murillo. La concesión de préstamos a Managua le acarreó muchas críticas, a tal punto que en mayo pasado no fue reelecto para seguir al frente de la institución multilateral, ligado a señalamientos de que su administración puso en picada los indicadores del BCIE.

Antes de dejar su cargo en diciembre próximo, Mossi amplió por “hasta por seis meses adicionales” el plazo para iniciar los desembolsos del préstamo 2291 otorgado a Nicaragua para la ampliación y mejoramiento de carreteras, cuyo monto es de 352.58 millones de dólares. El BCIE tenía como plazo de desembolso el pasado 30 de junio, pero ahora se extiende hasta finales de este año. De modo que será el nuevo presidente del BCIE el encargado de autorizar o cancelar el desembolso, lo cual mete en problemas a la administración sandinista: las obras que financiará este préstamo ya habían sido adjudicadas por los Ortega-Murillo.

De hecho, durante las jornadas de celebración del 44 aniversario de la revolución sandinista, el Gobierno anunció el inicio de la construcción –con los fondos del BCIE– de la carretera Costanera, un viejo proyecto cuya idea nació bajo el mandato del fallecido expresidente Enrique Bolaños. No están claras las razones por las que Mossi ha demorado el desembolso. Sin embargo, el préstamo tiene un plazo de quince años y fue aprobado por el Parlamento sandinista el 28 de junio de 2022.

Lo llamativo es que el contrato del financiamiento establece en su sección 6.02 que el desembolso debe iniciarse en un plazo no mayor a doce meses tras la aprobación del préstamo por el órgano legislativo de Nicaragua. De no ser posible, sigue el contrato, el BCIE puede dar por terminado el contrato del préstamo. Algo que se verá cuando Mossi entregue su cargo, mientras que en el caso del Fondo Verde, Managua tendrá 120 días para cumplir medidas acordes a sus políticas y descongelar el desembolso de 116.6 millones de dólares.

“La junta del Fondo Verde, que otorgaba millones de dólares a la dictadura de los Ortega-Murillo, finalmente tomó la decisión correcta y determinó suspender el otorgamiento de dicho fondo a Nicaragua debido al incumplimiento de políticas y procedimientos”, dijo a EL PAÍS Felix Maradiaga, excandidato presidencial y desterrado en Estados Unidos. “Es ampliamente conocido que este fondo, diseñado con buenas intenciones en el marco del programa BIO-CLIMA, ha sido manipulado durante años para financiar estructuras políticas de la dictadura en varias zonas del país”.

Según Maradiaga, las evidencias son claras: “Las violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y la depredación ambiental han aumentado dramáticamente bajo el gobierno de Ortega y Murillo. El otorgamiento del fondo verde era más bien una burla hacia estas comunidades. Esta suspensión representa otra victoria en la lucha cívica por la democracia, los derechos humanos y la transparencia”.

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