Dante Mossi, la cuestionada reelección del banquero que apoya a regímenes autoritarios

Los gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), uno de los principales financistas de la empobrecida Centroamérica, se reunirán este 12 de mayo en República Dominicana para tratar uno de los temas más peliagudos que enfrentan en la actualidad: la reelección de Dante Mossi como presidente de esa entidad financiera. La gestión del economista hondureño enfrenta una serie de críticas en casi todos los países del istmo, debido al apoyo monetario otorgado a regímenes autoritarios como el del expresidente Juan Orlando Hernández, al de Nayib Bukele en El Salvador, y sobre todo al de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, sin importarle la destrucción de la institucionalidad, la opacidad en el manejo de los recursos y las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas en esos países.

La Nicaragua gobernada por Ortega y Murillo es el caso más emblemático entre quienes critican a Mossi, que asumió la tutela del BCIE en diciembre de 2018. Opositores nicaragüenses coinciden que el BCIE “ha sido y sigue siendo uno de los mayores pilares de apoyo para la dictadura, al continuar aprobando desembolsos al Estado de Nicaragua con 3.500 millones de dólares en proyectos desde 2017, aun cuando la población del país es menor que la de Guatemala y Honduras, pero ha recibido casi el 26% de la cartera de préstamos” del banco.

Mossi mantiene una relación muy buena y cordial con la pareja presidencial de Nicaragua, a tal punto que en marzo de 2022 inauguró con Ortega y Murillo una moderna sede del BCIE en Managua, valorada en 16,5 millones de dólares. El presidente del banco suele promocionar la relación con la administración sandinista como un modelo a seguir. Sin embargo, al ser cuestionado por los préstamos a un gobierno señalado de cometer crímenes de lesa humanidad por un grupo de expertos de Naciones Unidas, Mossi siempre ha alegado “que el BCIE no es un organismo de derechos humanos”.

Ryan C. Berg, investigador principal del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un centro de pensamiento con sede en Washington, señala en un artículo que en los años más fuertes en los que el BCIE ha dado más préstamos a Nicaragua, el presupuesto de la Policía Nacional creció cada año, a veces duplicándose. La policía es el principal brazo represor de la pareja presidencial desde 2018.

“Esto demuestra cómo el BCIE ayuda a proporcionar compensaciones que Ortega aprovecha para financiar su aparato represivo. Por esta razón, el Presidente Ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, se ha ganado el apodo de “banquero de dictadores”. Mossi ha justificado sus préstamos al régimen Ortega-Murillo escudándose en tecnicismos”, sostiene Berg.

Un grupo de organizaciones opositoras nicaragüenses enviaron a los gobernadores un comunicado contra la reelección de Mossi y afirman que les “alarma ver la manera en que Dante Mossi, actual presidente del BCIE, legitima sin ningún estupor las acciones de la dictadura y, mantiene una actitud constante de negación ante la situación de violación de derechos humanos en el país, desestimando las sustentadas denuncias y la clara ilegitimidad de una dictadura”.

Mientras, en Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señaló a Mossi de ser “responsable de dirigir las actuaciones relacionadas al financiamiento del BCIE al Proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah, por el que asesinaron a nuestra compañera Berta Cáceres, para el beneficio de ciertos grupos económicos y en detrimento de los derechos de las víctimas de la violencia y de las comunidades indígenas”.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Right Watch, pidió que se suspendan los préstamos existentes a la Policía, Ministerio de Defensa, Fiscalía y sistema penitenciario de El Salvador hasta que se establezcan salvaguardas concretas para evitar que estos fondos se utilicen para cometer violaciones de derechos humanos en el marco del régimen de excepción de Nayib Bukele.

“Un mal administrador”

Eduardo Trejos Lalli, exdirector del BCIE y hasta mayo 2022 representante de Costa Rica en la entidad financiera, también ha calificado la posible reelección de Mossi como “un error injustificable”, ya que todos los índices van a la “caída”. El exfuncionario sostiene que el rumbo del banco con Mossi a la cabeza “viene en una senda descendente en materia de gobernanza y salvaguarda de los principios financieros que costaron tantas décadas construir” a la región.

“Mossi, como presidente del BCIE y responsable de su gestión administrativa, duplicó en cuatro años el presupuesto de gasto, de 70,1 millones de dólares en el 2018 a 146,4 millones en el 2022″, alerta Trejos Lalli. “Durante su administración se han realizado ostentosas contrataciones de nuevos edificios y remodelaciones en las oficinas en Tegucigalpa y adquisiciones de nuevas sedes en Argentina, Taiwán, España, Corea y la República Dominicana, justo cuando todas las señales indicaban hacer lo contrario. Además, la planilla se incrementó un 30% con respecto a la del 2018, y alcanzó más de 450″.

Juan Sebastián Chamorro, economista y preso político desterrado por el régimen de Ortega y Murillo, dijo a EL PAÍS que “cualquier banco” debería despedir a Mossi por su gestión administrativa, sin “necesidad de sumar las consideraciones políticas”. “Aumentó los gastos administrativos un 30%, duplicó el gasto total, bajó la rentabilidad, las utilidades cayeron de 223 millones a 84 millones… Claramente sólo por razones meramente de eficiencia y técnicas ese gerente debería de salir”, sostuvo.

Transparencia en entredicho

Por otro lado, en noviembre de 2021, Ottón Solís Fallas, otro representante que Costa Rica tuvo en el BCIE, reveló “abusos” en la cúpula de la entidad. Denunció que los directores “nombrados a dedo” disfrutan de salarios de 11.449 dólares mensuales, a los que se agregan bonificaciones las cuales elevan el ingreso casi en un 65% exonerado de todo impuesto.

“Además, pueden contratar un asistente ejecutivo, un asistente administrativo, una secretaria y un chofer; viajan a cualquier país socio a costa del Banco sin pedir permiso a nadie y sin tener que reportar resultados, acompañados por algún miembro de su staff; disponen de un vehículo de lujo todo terreno, el cual puede utilizarse para asuntos personales”, enumeró Solís. “Los directores pueden gastar en comidas, licores, gimnasios privados, bocadillos y bebidas para la oficina, todo prácticamente sin límites. Parece el banco de una economía petrolera del Golfo”, dijo a EL PAÍS en esa ocasión.

De acuerdo con el investigador Berg, Mossi es descrito como un gobernante de feudo provincial, que dirige el banco para satisfacer sus intereses personales y beneficiar a sus allegados, al tiempo que erosiona importantes controles y equilibrios internos. La transparencia sobre todo en el manejo de los fondos por parte de los gobiernos es otro de los flancos más cuestionados.

“Recorrer el sitio web del BCIE es como viajar en una máquina del tiempo a los primeros días de Internet. Las actas de las reuniones del directorio no están disponibles. No se puede acceder fácilmente al estado de los préstamos concedidos por la institución ni a las actualizaciones de dichos préstamos durante sus períodos de ejecución, seguimiento y evaluación”.

Berg recuerda en su artículo que cuando el Consejo de Administración del banco decidió imponer una mayor transparencia, ordenando una auditoría interna de los gastos y exigiendo más información, Mossi amenazó con dimitir, “poniendo en peligro los privilegios de que gozan muchos en el banco bajo su liderazgo”. “El estilo de liderazgo de Mossi ha metido al BCIE en apuros por su financiación de un proyecto de bioclima en Nicaragua que contribuye a la violencia y a la falta de consentimiento previo con las comunidades indígenas”, enumera.

De modo que los gobernadores del BCIE tendrán la última palabra sobre la permanencia o no de Mossi en el cargo. Aunque el panorama para sus críticos no es alentador, ya que países como Nicaragua, El Salvador y Honduras se coluden para otorgarse préstamos. “Ahí dentro hay alianzas tácitas que hacen más difícil bloquear financiamientos. El gobierno de Bukele, el anterior que hubo en Honduras y el de Ortega tienen alianzas terribles”, advirtió Ottón Solís en novimebre de 2021.

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