23-J: certezas, seguridades, autoestima

España aborda las elecciones generales del 23 de julio en un momento decisivo de nuestra historia. Estamos en un momento bisagra entre las crisis consecutivas que han sacudido a nuestro país, al conjunto de Europa y al mundo, y las transformaciones económicas y sociales que definirán nuestra sociedad durante décadas.

Han pasado tres décadas desde que Francis Fukuyama pretendiera certificar el fin de la historia. Esa retórica se equiparó a que solo había una forma de abordar las cosas, y particularmente las políticas económicas. El tiempo nos ha demostrado que esto no es así.

Sin ir más lejos, las respuestas dadas en España y en Europa a las últimas crisis han sido bien distintas. Es cierto que eran crisis de caracterizaciones diferentes. Pero también que se ha demostrado que se podía elegir, y que los resultados cuando se hacen cosas distintas pueden ser distintos. Si tras la crisis de deuda de 2011 se facilitaron los despidos, los contratos precarios y la caída salarial, tras la pandemia las cosas no han discurrido por esos derroteros.

Los ERTE, la reforma laboral y las subidas del SMI de un 47% han sido compatibles con que España hoy tenga el mayor número de cotizantes a la Seguridad Social en toda nuestra historia. Que la tasa de temporalidad haya caído a la mitad. Que las brechas salariales hayan disminuido. Todo ello obtenido en el marco del diálogo social, con una inspiración sindical evidente, y el aval de una mayoría progresista en el Gobierno y en el Congreso.

Si en la anterior crisis la UE fue un agente decisivo en impulsar políticas de austeridad y de empobrecimiento, en este momento se han suspendido los límites de déficit y deuda. Esto ha salvado a nuestro país. Volver apresuradamente a políticas de ajuste fiscal solo supondría volver a viejas fórmulas cuyos resultados ya conocemos: pobreza, desigualdad, desvertebración social.

Si hace diez años se decretaba una reforma unilateral de pensiones que condenaba al empobrecimiento a las actuales y futuras personas pensionistas, hoy este colectivo ha visto revalorizada su pensión en la misma cuantía que la evolución media de los precios.

Se han puesto en pie los fondos de recuperación europeos (NGUE) y se ha avalado la “excepción ibérica” que ha disminuido nuestra inflación desde el 8,4% medio en 2022, a estar por debajo del 2% en este momento. Y sin duda la obstinación del Gobierno de España ha sido determinante en todas estas orientaciones.

No. No estaba todo escrito. Ni lo está. En España sigue habiendo problemas, desigualdad, pobreza, bajos salarios, insuficiencia en la aportación fiscal de las rentas del capital y las rentas altas. Eso es evidente. Pero abordar estos últimos cuatro años desde los presupuestos ideológicos de las derechas (por no hablar ya de la ultraderecha) hubiera sido un desastre para las mayorías sociales de nuestro país.

Hoy lo que está en juego es cómo abordamos los retos, oportunidades y riesgos que ponen encima de la mesa las transformaciones en el modelo energético, en la digitalización aplicada a los procesos productivos, en la recomposición del contrato social del siglo XXI. En un contexto incierto en el plano geoestratégico y económico.

Necesitamos certezas. En un momento en el que las políticas públicas, industriales y sectoriales son claves para tratar de reindustrializar nuestro país. Europa modifica la forma de suministrarse energía y esto abre una oportunidad inédita para España. Crear empleos asociados a las nuevas formas de producción y acumulación es posible con el concurso colaborativo del sector público.

¿Va a gestionar esta oportunidad quien añora volver a las políticas de austeridad, de recorte de gasto, como señalaba recientemente Aznar? ¿Lo va a hacer quien directamente se sitúa en el negacionismo y en el antieuropeísmo?

Necesitamos seguridades. Y no hay mayor seguridad para las mayorías sociales que reforzar un contrato social que, junto con los servicios públicos clásicos como la enseñanza o la salud, acometa una estrategia integral sobre los cuidados o el acceso permanente a la formación o a la vivienda. Y para ello hace falta una política fiscal ambiciosa y no desarmar al Estado, condenando a la ciudadanía a que tenga que cubrir las contingencias de la vida en un mercado del que las clases populares acabarán por verse expulsadas en sus necesidades básicas, o arrebatada buena parte de sus rentas disponibles en precios abusivos y trampas de crédito.

Necesitamos autoestima. España es un país que puede liderar. Posiciones progresistas y de integración europea. Agendas de derechos civiles que de verdad permitan vivir en libertad e igualdad a lo que es desigual y diverso. Hablamos de políticas feministas y con perspectiva de género, hablamos de derechos LGTBI, pero hablamos de políticas igualitarias en general porque la libertad de las condenadas y condenados a la desigualdad solo es una retórica tramposa para defender la ley de la selva.

Por todas estas cuestiones y muchas más, CC OO y UGT llamamos a la clase trabajadora a votar. A votar por lo que le incumbe y no por la agenda fake a la que se quiere vincular el 23 de julio. A votar opciones progresistas.