Un programa ultra, pero detallado

El programa económico de Vox —”Para lo que importa”— es la síntesis de distintos catecismos ultras, nacionales y exteriores. A diferencia del “Proyecto” del PP, un listado del todo inconcreto, este exhibe la ventaja del detallismo en sus medidas. Aunque de forma similar, hurta una estimación de su coste.

El plan de la extrema derecha exhibe otra ventaja: la rotundidad de sus propósitos. No solo suponen la erradicación de todas las políticas públicas de la izquierda, sino una enmienda casi a la totalidad de las emprendidas desde el fin de la dictadura. Así, propugna la eliminación de la reforma laboral del Gobierno de coalición —que en su opinión incentiva la precariedad en vez de reducir el trabajo temporal— y una protección social heredera del Fuero del Trabajo de 1938, sin intermediación del contrato social: contra sindicatos y patronales, a los que desprovee de su constitucionalización y soporte público. Y una agenda social de sesgo caritativo, sin defensa de la mujer, sino de la fecundidad y la familia tradicional. Defiende un proteccionismo económico antiliberal, contrario al mercado europeo y a la internacionalización de la economía española, tanto de inspiración autárquica heredera del primer franquismo (“producido en España”) como trumpista/antiglobalista. Detalla una agenda de completa regresión medioambiental en favor de una agricultura (“extensión de los regadíos”) y una minería intensivas. Y una política de la vivienda inspirada en José María Aznar: volver a la liberalización extrema del suelo que ocasionó la burbuja inmobiliaria y a la privatización de las viviendas pública de alquiler, en lo que destacó el municipio madrileño bajo mandato de Ana Botella, prácticamente lo único que salva entre lo realizado desde la Transición.

Y la base de todo ello es una antiquísima política fiscal, lo más detallado en sus 178 páginas, que postula las recetas ultraliberales y desfiscalizadoras más extremas, cercanas al cuasi cero impositivo de la etapa anterior a 1975. Carga así contras las principales figuras impositivas construidas durante la etapa de la democracia: busca el aplanamiento del Impuesto de la Renta en dos tramos (15% para ingresos inferiores a 70.000 euros y al 25% los superiores) y la reducción de Sociedades al 15% (hoy del 25% nominal), así como una más bien retórica minimización del IVA de primera necesidad. Retórica y contradictoria, pues propone al mismo tiempo su supresión y su minimización al tipo superreducido del 4%. Y no se alude a la necesaria consolidación fiscal (control de deuda y déficit) ni siquiera a ritmo prudente y a medio plazo.

Claro que en el fondo los autores del texto son conscientes de la jibarización del Estado que provocaría la miseria recaudatoria consecuente a esas medidas. Pero al mismo tiempo se pretende un Estado fuerte que practique un “bloqueo naval” a la inmigración del Estrecho; se oponga a las medidas de la UE en cuanto al desarrollo del mercado interior y los tratados comerciales con terceros países de nueva generación; y persiga la autonomía y la actividad de sindicatos y patronales, de las asociaciones ecologistas y de las ONG humanitarias. Y eso cuesta un dinero. Ahí, en la resolución del dilema financiero entre poco Estado aparente y mucha represión práctica, es donde tambalea todo el edificio. Porque se pretende financiar ese estatalismo de viejo cuño con la destrucción del Estado autonómico consagrado en la Constitución. Amparándose en la benemérita idea de la eliminación de duplicidades administrativas: algo en lo que enfatizó históricamente el centroderecha de Ciudadanos y que, según expertos fiscales han calculado, generaría ahorros más bien simbólicos: en el caso de la supresión de las diputaciones, unos 1.000 millones de euros. De forma que el detalle abunda en relación con el programa del Partido Popular al que Vox está asociado, pero tampoco indica cómo sus cuentas podrían cuadrar.