Regresión homófoba

La consolidación de las conquistas de los derechos LGTBI es necesariamente lenta pero empieza a vivir amenazas objetivas de regresión en distintos lugares de Europa, incluida España. Acaba de suceder en la Italia gobernada por la ultraderecha de Giorgia Meloni: una treintena de parejas de mujeres pueden verse obligadas en la provincia de Padua a retirar del registro a la madre no gestante por instrucciones de la Fiscalía. Un tribunal deberá decidir en los próximos meses si los niños permanecen legalmente a cargo solo de una de sus dos progenitoras oficiales, que preservaría así en exclusiva todos los derechos legales sobre el niño. El efecto en cadena de ese retroceso para la mujer excluida como no madre del niño significa la incapacidad legal de firmar un permiso escolar, una autorización de viaje o el reconocimiento del parentesco familiar. La medida puede afectar en torno a 150.000 familias en Italia.

El mero enunciado comprime el ánimo ante la crueldad de una decisión en apariencia solo administrativa pero que oculta en su formulación burocrática una agresión dictada por un sentido normativo, excluyente e invasivo. La instrucción ha sido avalada por la ministra de Igualdad, Familia y Natalidad, Eugenia Roccella, porque el único modelo de familia aceptable es, según ella, el que “prevé un padre y una madre”, y ningún otro. Italia va muy por detrás de España en el reconocimiento de los hijos de las parejas homosexuales —masculinas o femeninas— y ni siquiera la izquierda se siente muy segura en ese terreno, pese a la aprobación de la ley de uniones civiles en 2016. Desde el sábado pasado España cuenta también con al menos siete ayuntamientos —entre ellos, Burgos, Valladolid, Elche o Talavera de la Reina— que han eliminado las concejalías de Igualdad, sustituidas por concejalías de Familia que en algún caso, como expresó abiertamente la portavoz de Vox en Elche, tendrán muy presente la religión católica y sus valores, pese a la diversidad de familias españolas.

El goteo de noticias contrarias a la consolidación de los derechos del colectivo LGTBI en diversas partes del mundo crece de forma incesante. La inédita aprobación en Estonia de la reforma de la ley de familia para incluir en ella los matrimonios del mismo sexo llega apenas unas semanas después de que Vladímir Putin haya iniciado los trámites para revertir la aprobación vigente desde 1997 de cambio de género en Rusia: acreditada la transexualidad, hasta ahora se podía obtener el cambio de género en los documentos de identidad o el pasaporte, que es lo que suspende el proyecto de Putin. Colectivos evangelistas ultraconservadores han impulsado la prohibición legal de la homosexualidad en Uganda, un país con casi los mismos habitantes que España. El castigo en el país africano puede llegar a la pena de muerte en determinadas circunstancias.

La regresión hacia la prohibición y el castigo ha dejado de ser anecdótica para convertirse en una amenaza sistémica a derechos conquistados legalmente, y a la cabeza de esos derechos ha estado España en el siglo XXI. Impedir el retroceso en los derechos LGTBI debería ser parte de la agenda irrenunciable de cualquier partido democrático. Las exclusiones y prohibiciones parten además de partidos que han triunfado haciendo un uso populista de la palabra libertad. No es mal día para recordarlo este viernes en que empiezan las celebraciones del Orgullo Gay por toda España, incluida Madrid.