Uganda aprueba una de las leyes homófobas más severas del mundo

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado este lunes una de las leyes anti-LGTBI más severas del mundo según Naciones Unidas, pues no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena “la promoción de la homosexualidad” con hasta 20 años de cárcel y la “homosexualidad agravada” con la pena de muerte. Así lo ha confirmado la portavoz del Parlamento ugandés, Anita Annet Among, a través de un comunicado: “Hemos respondido al clamor de nuestro pueblo, hemos legislado para proteger la santidad de la familia (…) nos hemos mantenido firmes para defender nuestra cultura y las aspiraciones de nuestro pueblo”, aseguró. Su aprobación ha generado una gran inquietud entre el colectivo LGTBI y un fuerte rechazo en Occidente. Estados Unidos y la Unión Europea han condenado este lunes la “vergonzosa” ley y han amenazado con sanciones al país si no la deroga.

Las relaciones homosexuales ya eran un delito en Uganda castigado con penas que podían llegar hasta la cadena perpetua, según la norma hasta ahora en vigor, que databa de la época colonial británica. La nueva ley, que surge en un contexto de recrudecimiento de la homofobia en África, mantiene dichas penas y añade el castigo de 20 años de cárcel para aquellas personas que defiendan públicamente la homosexualidad, un concepto un tanto vago que ha sembrado el pánico entre la comunidad LGTBI. De igual modo, se introduce el “delito de homosexualidad agravada”, que incluye a las personas “reincidentes”, que transmitan el VIH a otros o que tengan relaciones íntimas con menores o personas con diversidad funcional, que pueden ser castigados con la pena capital.

Los activistas LGTBI ugandeses han reaccionado con indignación. “Estamos presentando ahora mismo un recurso ante el Tribunal Constitucional firmado por diez personas, yo entre ellas. Lucharemos hasta nuestro último aliento”, aseguró la feminista lesbiana Kasha Jacqueline Nabagesera. Por su parte, Frank Mugisha, director de Sexual Minorities Uganda, alertó de la práctica unanimidad del apoyo parlamentario a la ley y de la posible emergencia de “arrestos masivos” y una ola de justicia popular en su contra. “Estamos realmente muy preocupados, esta ley va a hacer mucho daño a la comunidad LGTBI ugandesa”, aseguró a France Press. Asimismo, la activista ugandesa Clare Byarugaba señaló que “el presidente ha legalizado hoy la homofobia y la transfobia esponsorizada por el Estado. Es un día muy oscuro y triste”.

El Alto Comisario de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, aseguró este lunes sentirse “consternado” por la entrada en vigor de una ley que califica de “draconiana y discriminatoria, probablemente la peor del mundo de su género”. Su oficina aclaró a través de Twitter que esta reglamentación es “contraria a la Constitución y a los tratados internacionales” y que abre la puerta a “violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGTBI”. Por su parte, Ashwanee Budoo-Scholts, directora de Human Rights Watch para África, dijo que se trata de “un duro golpe a la libertad de expresión y asociación”. Instituciones que luchan contra el VIH aseguran que la ley pone en peligro los avances contra esta enfermedad y su estigma.

Un primer borrador de la norma llegó al Parlamento ugandés el pasado 21 de marzo, donde fue aprobada por una amplia mayoría. Además de las disposiciones ya citadas, en la propuesta se condenaba el hecho de declararse homosexual y la obligatoriedad para vecinos, profesores, familiares o amigos de denunciar a las autoridades “todo acto homosexual”. Todo ello generó una ola de indignación en Occidente. Colectivos como Amnistía Internacional y gobiernos como el de Estados Unidos ejercieron presiones para intentar que no fuera ratificada.

El propio secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, aseguró dos días después que “la ley anti-homosexualidad aprobada por el Parlamento de Uganda socava los derechos fundamentales de todos los ugandeses y podría revertir los avances en la lucha contra el VIH/sida” e instaba al presidente Museveni a “reconsiderar seriamente la implementación de esta legislación”. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, avisó incluso de sanciones económicas si la ley entraba en vigor.

Estas presiones dieron sus frutos inicialmente. El presidente Museveni devolvió la ley al Parlamento, instando a los diputados a retirar del texto ciertas disposiciones, como la cláusula que aludía a la identidad sexual o la obligatoriedad de denuncia, alegando que podía provocar “conflictos en la sociedad”. Los parlamentarios volvieron a aprobar un nuevo proyecto de ley el pasado 2 de mayo en el que retiraban estos artículos, pero mantenían las condenas por promoción y “homosexualidad agravada”. En concreto, la comisión de Asuntos Legales y Parlamentarios de la Cámara baja ugandesa aceptó que la intención de la ley era criminalizar los actos sexuales llevados a cabo entre personas del mismo sexo, pero no castigar a una persona en función de su sexualidad declarada.

Presiones internacionales

La presiones internacionales contra la normativa se han redoblado este lunes, tras la aprobación definitiva. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que la nueva ley anti LGTBI es “vergonzosa” y es una “trágica violación de los derechos universales” en el país africano, lo que incentiva a Washington a tomar medidas en represalia, como nuevas sanciones.

“Los peligros que plantea este retroceso democrático son una amenaza para todos los que residen en Uganda, incluido el personal del gobierno de Estados Unidos, el personal de nuestros socios, los turistas, los miembros de la comunidad empresarial y otros”, ha afirmado Biden en un comunicado remitido por la Casa Blanca.

Mientras, la Unión Europea también ha lamentado la aprobación de una ley que, según ha recortado el alto representante para Política Exterior del bloque, Josep Borrell, “va en contra del derecho internacional de los derechos humanos y de las obligaciones de Uganda bajo la Carta Africana de Derechos Humanos”. En un comunicado, Borrell le ha advertido al Gobierno ugandés de que “tiene obligación de proteger a todos sus ciudadanos” y sus derechos y que, si no lo hace, “minará sus relaciones con los socios internacionales”, informa Silvia Ayuso.