“Dicen que los occidentales nos están convirtiendo en gais”
En Uganda, Tanzania y Kenia la homofobia se recrudece a través de leyes y debido al empuje de líderes políticos y religiosos y gracias, en parte, a la financiación extranjera
Koei vive en tensión permanente. Veinteañero, con cara de niño, trabaja en una agencia de seguros a las afueras de Nairobi, la capital de Kenia, y acarrea consigo un secreto: una parte de su identidad. Koei es un chico trans, pero, con la excepción de un par de amigos, la gente que lo rodea —amigos, vecinos, compañeros de trabajo, clientes— no tiene ni idea. Y así pretende que siga. “Me preocupa que a mis amigos se les escape sin querer”, reconoce. El clima político invita a ocultarse. A no llamar la atención. La vida social de Koei no incluye bares de ambiente: va a algunas fiestas del colectivo LGTBIQ, “espacios seguros” puntuales en Nairobi. En otras ciudades de la región, la idea de una fiesta decorada con arcoíris es un sueño que queda lejos.
El este de África parece experimentar en los últimos meses una intensa oleada de homofobia, que también se ensaña con personas transexuales. Está en las leyes y en los discursos políticos, en los encendidos sermones de las iglesias, pero también en la calle. Koei, que no quiere compartir su apellido ni su localización exacta por seguridad, es testigo. Él pasa por hombre cis (así se define a las personas en la que el género asignado al nacer y la identidad sentida coinciden), y eso le da un acceso privilegiado a un mundo que le detesta. “Gracias a mi passing (el hecho de pasar desapercibido como persona trans) escucho muchas conversaciones. Y es que no se dan cuenta de con quién hablan. Un día, por ejemplo, una clienta criticaba a los hombres que se perforan las orejas, por ‘afeminados’. Yo tengo agujeros en las orejas, llevé pendientes antes de mi transición [de género]”, ríe por teléfono.
Patriotismo anti LGTBIQ
En Uganda, en Kenia o en Tanzania coincide un mismo discurso, el de que la africanidad es incompatible con ser gay, lesbiana, trans o no identificarse como hombre o mujer. Esta idea, la de que la supuesta agenda LGTBIQ es una imposición extranjera, ha sido históricamente uno de los argumentos políticos más usados en el continente. Es un argumento paradójico, coinciden varios expertos y activistas consultados, porque las legislaciones contra la homosexualidad en estos países vienen, precisamente, de la época colonial. “Es como si, cuanto más liberal se vuelve Occidente, más conservadores nos volvemos. Parece una postura antioccidental”, reflexiona la abogada tanzana Fatma Karume. “Además, los políticos están usando las posturas anti LGTBIQ para conseguir sus 15 minutos de fama”.
“Hay un pánico totalmente prefabricado, que está siendo financiado por organizaciones fundamentalistas cristianas”, asegura Imani Kimiri, responsable del departamento legal de la National Gay and Lesbian Human Rights Commission (Comisión Nacional Gay, Lesbiana y de Derechos Humanos, NGLHRC por sus siglas en inglés) de Kenia. “Usan el argumento de que pretenden ‘proteger la cultura africana y los valores familiares”, señala. “Así crean una maquinaria homófoba, bifóbica y tránsfoba, y propagandística que tiene muchos recursos y que disemina con éxito informaciones inexactas e ignorantes”. El empuje de la agenda anti LGTBIQ es a la vez internacional y nacional, opina Barbara Bompani, profesora asociada del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Edimburgo especializada en religión, política y desarrollo en África. Las religiones están compitiendo en un mercado en el que, cuanto más alzan la voz contra la homosexualidad, más fieles consiguen, asegura. Por ello, las iglesias pentecostales —que crecen de forma acelerada en el continente, aunque no existen cifras fiables— se han vuelto mucho más políticas en la última década.
El argumento de la homosexualidad como una importación del extranjero es paradójico, también, porque los esfuerzos anti LGTBIQ parecen estar vinculados en algunos casos a organizaciones religiosas, financiadores y activistas de Estados Unidos y Europa. Una investigación del Instituto para el Periodismo y el Cambio Social, con datos de International Aid Transparency Initiative (IATI) y publicada en abril, asegura que la ayuda humanitaria de varios gobiernos occidentales (Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Países Bajos) acabó, de forma indirecta, en organizaciones con posturas anti LGTBIQ en Uganda, como algunas iglesias. La cantidad ronda los 40 millones de dólares (36,72 millones de euros) desde 2014, aunque los gobiernos e instituciones citados en el informe se han desvinculado y han reafirmado su compromiso contra la homofobia. Otro informe, este del portal Open Democracy, publicado a principios de mayo, apunta a dos ciudadanos estadounidenses como organizadores o colaboradores de la movilización política que llevó a esta propuesta de ley en este país africano. Aseguran que una de ellas es Sharon Slater, líder de Family Watch International, un lobby ultra conservador de EEUU.
El acorralamiento del colectivo LGTBIQ tendrá efectos en muchos ámbitos, advierten los expertos consultados, incluida la salud global: según datos de la Agencia de las Naciones Unidas para la lucha contra el VIH, Onusida, en los países donde las relaciones del mismo sexo están criminalizadas, la prevalencia del VIH es cinco veces más alta entre hombres gais. Y, cuando esta persecución es reciente, se multiplica por 12.
Una hostilidad creciente
Lo que se habla en las altas esferas de la política, atestigua el keniano Koei, tiene efectos en la vida cotidiana. Él nota cómo la hostilidad crece en el ambiente en Kenia desde el mes de febrero, cuando la Suprema Corte admitió el registro oficial ante el Gobierno de la NGLHRC, tras una década de tira y afloja judicial. “Es como si esto le hubiera recordado a la gente que existimos, y ha redoblado el odio”, asegura. El tribunal supremo declaró el veto contra la ONG como inconstitucional, pero se aseguró de incluir la siguiente frase en la sentencia: “Cualquier persona, sea heterosexual, lesbiana, gay, intersexo u otra, está sujeta a sanciones si contraviene leyes existentes, incluyendo las secciones 162, 163 y 165 del Código Penal (los artículos que castigan las relaciones del mismo sexo)”. El presidente William Ruto se apresuró a puntualizar: “Soy un hombre temeroso de Dios (...) Aunque respetemos a la corte, nuestra cultura, valores, la cristiandad y el islam no pueden permitir que mujeres u hombres se casen entre ellos”.
En Kenia la homosexualidad está penada con hasta 14 años de cárcel, pero en la práctica no parece haber una persecución legal tan activa como en otros países cercanos. Peter Kaluma pretende que esto cambie. Este parlamentario de la oposición intenta estas semanas llevar adelante una propuesta de ley por la “protección a la familia” que abarca varias áreas, incluido el endurecimiento de las penas para la homosexualidad y una prohibición expresa de la educación sexual en las escuelas que promueva “el sinsentido LGTBIQ”, explica Kaluma en conversación telefónica con este diario. La norma, todavía en fase de estudio en el Parlamento, tiene un “apoyo abrumador”, según el político, “porque apela a los sentimientos de la gente, que está realmente preocupada por este asunto”, afirma. Kaluma asegura que le motivó ver cómo jóvenes con pocos recursos son “reclutados” para tener relaciones homosexuales a cambio de dinero.
Algo parecido se está difundiendo desde algunas tribunas políticas y medios de comunicación en Uganda. Frank Mugisha, director de la asociación Minorías Sexuales de Uganda (SMUG), critica la desinformación reinante en una conversación telefónica. “Algunos medios han publicado que somos gais porque se nos paga, han escrito que los occidentales nos están convirtiendo en gais o que estamos adoctrinando a niños”. En abril, seis educadores fueron detenidos en el este de Uganda acusados de formar parte de una red de explotación sexual. La policía confirmó que les había examinado analmente, según denunciaron organizaciones de derechos humanos.
La desinformación en Uganda forma parte de una auténtica campaña anti LGTBIQ coordinada, asegura Oryem Nyeko, investigador de Human Rights Watch, que ha resultado en la tramitación este mes de la nueva ley anti gay, una de las más duras del mundo. “Durante meses se ha estado alimentando un ambiente de miedo”, subraya. La norma, duramente criticada por la ONU y por Estados Unidos, ha sembrado auténtico terror en la comunidad LGTBIQ, incluso después de que el presidente Yoweri Museveni la devolviera al Parlamento y este suavizara algunas partes, como la que castigaba con cárcel el mero hecho de identificarse como gay o la que obligaba a reportar a supuestos homosexuales. Ahora, Museveni debe decidir si promulga la nueva versión, que condena a 20 años la “promoción” de la homosexualidad y a pena de muerte la “homosexualidad agravada” (que una persona seropositiva tenga sexo). Mientras tanto, las consecuencias de esta ley en la calle ya se notan, asegura Mugisha: “Hay más violencia, más detenciones, más personas siendo expulsadas por sus familias. En esta presidencia, además, ha habido ataques a periodistas, encarcelamiento de abogados, cortes de internet y represión”, añade. Rainbow Railroad, una asociación canadiense que ayuda a personas LGTBIQ a escapar de la persecución en sus países de origen, ha recibido 515 peticiones de asilo de ugandeses en lo que va de año, según informan a este diario, más que ningún año en la década que lleva trabajando en Uganda.
En Dar Es Salaam, Tanzania, todavía resuenan los ecos de un “operativo anti gay” que el entonces gobernador regional de Dar Es Salaam, Paul Makonda, puso en marcha. Amenazó con encarcelar a cualquier persona LGTBIQ, animó a que los ciudadanos se convirtiesen en informadores y aseguró haber recibido “cientos” de mensajes sobre supuestos homosexuales. Makonda fue retirado del cargo en 2020, pero hoy el panorama en Tanzania no es mucho mejor: el pasado mes de marzo, líder del grupo femenino del partido en el poder, Chama Cha Mapinduzi, llamó públicamente a la castración de los hombres homosexuales. El ministro de Información, Nape Nnauye, ha amenazado con medidas legales contra quienes difundan contenidos que promuevan las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que pone en peligro a las pocas asociaciones que defienden al colectivo en Tanzania.
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