Ansiedad en las aulas

En democracia los cambios legislativos en materia educativa apenas han tenido una vigencia media de siete años, y hoy estamos en plena etapa de implantación y desarrollo de la Lomloe, en vigor desde enero de 2021. Toda nueva ley educativa necesita un tiempo de vigencia para dejar que madure y ofrezca los resultados para los que estuvo concebida. Tanto el PP como Vox se opusieron con vehemencia a la ley e incluso presentaron recurso ante un Tribunal Constitucional que hace unas semanas no halló razón alguna para rechazar el texto y lo avaló plenamente. El vuelco institucional que han propiciado las últimas elecciones autonómicas no debería ser razón para que las comunidades donde puedan gobernar el PP y Vox decidan suspender ese complejo proceso, dado que la ley establece el marco general pero son las comunidades autónomas en las que recaen las competencias educativas. Sería una temeridad que el PP utilizara su poder autonómico para frenar el despliegue de la nueva ley, y someter así al profesorado a una nueva etapa de confusión, sin saber si sus planes de trabajo pueden acabar siendo estériles o verse desmantelados.

En diferentes momentos, el PP ha anunciado que en cuanto llegue al Gobierno derogará la Lomloe. El temor a que los dirigentes territoriales del PP opten por el boicot a la ley está justificado, pues ya en otras ocasiones este partido ha recurrido a tácticas semejantes. La propia Lomloe prevé que los cambios en la organización escolar y en los contenidos curriculares se implanten de forma progresiva, y es así como se está realizando. En el mismo 2021 en que entró en vigor se aplicaron las modificaciones relativas a la autonomía de gestión de los centros, los consejos escolares y la estructura directiva de los centros, así como las normas generales de admisión de alumnos y financiación pública. En el curso 2021-2022 se ha introducido el nuevo sistema de evaluación y las normas sobre repetición de curso, las condiciones de titulación y la forma de acceso a las diferentes enseñanzas. Los cambios curriculares y de objetivos, que son una parte nuclear de la nueva ley, se han comenzado a aplicar este curso en los niveles impares, y en el próximo está previsto que se extienda a los pares.

Entre los cambios que deben aplicarse el curso próximo están también las pruebas de acceso a la universidad. Las que se realizan en estos momentos son las últimas del sistema de selectividad vigente, que se ha aplicado en los últimos 13 años. El nuevo sistema de evaluación prevé pruebas orientadas a evaluar las competencias, más acordes con los contenidos del nuevo bachillerato, que busca mejorar las competencias de los alumnos para resolver problemas de la vida real, saber relacionar diferentes conocimientos e incrementar sus aptitudes para la reflexión y el autoaprendizaje. La nueva selectividad, que ha sido diseñada sobre la base de una prueba piloto realizada a 2.000 alumnos de 50 institutos, debe regularse a través de un decreto que debía promulgarse antes de finalizar el curso, pero ha sido pospuesto hasta después de las elecciones generales.

El nuevo escenario político ha introducido elementos de ansiedad e incertidumbre sobre la futura aplicación de la ley bajo consejerías de educación regidas por el PP o, sobre todo, por Vox. Sería una catástrofe interrumpir el desarrollo de la Lomloe cuando apenas ha echado a andar en un sistema educativo fuertemente estresado por los continuos cambios legislativos. El sistema educativo español ni puede permitírselo ni merece otro bandazo.