La Lomloe, otra reforma educativa que se asoma al abismo

La Lomloe, la ley educativa aprobada en diciembre de 2020, parece destinada a correr la misma suerte que las cuatro leyes de enseñanza que la han precedido desde 1990. Al margen de lo que suceda en las elecciones generales del 23-J, el vuelco territorial de los comicios autonómicos dejará la aplicación de la actual reforma en manos de autoridades educativas que han dicho que no la quieren en 12 de las 17 comunidades autónomas. “El Ministerio de Educación tiene una competencia muy importante, aprobar la ley y demás normativa básica. Pero su concreción depende de los gobiernos autonómicos. Dentro de los márgenes de una ley, hay muchas lecturas posibles”, señala el sociólogo y director de la agencia de calidad educativa de Canarias, José Saturnino Martínez.

Si el PP llega al Gobierno tras las elecciones generales con el apoyo de Vox, existe incluso la posibilidad de que el nuevo Gobierno paralice la implantación de la Lomloe, como sucedió en 2004 con otra ley de educación, la Loce, que los populares habían aprobado año y medio antes. Se trata, sin embargo, de una opción difícil de llevar a la práctica por una cuestión de plazos, ya que frenar el calendario de la Lomloe requeriría la aprobación de una ley ordinaria, explica el ex secretario de Estado de Educación Alejandro Tiana, y el curso empieza en septiembre. Y porque, como la norma ya se ha puesto en marcha este curso en los niveles impares, paralizar su despliegue impidiendo que se extienda a los pares, sumiría en la confusión a los centros educativos, lo que no parece la mejor manera de empezar una legislatura.

“Lo razonable, en el escenario de que haya un cambio de Gobierno, no sería paralizar el calendario de implantación, sino trabajar a nivel de comunidad autónoma y desarrollar la ley a su criterio”, afirma José Saturnino Martínez, y en todo caso, con más tiempo, reformar la actual norma o aprobar una nueva.

Esperanza de vida

La vida media de las leyes educativas españolas es corta. Para hacer el cálculo conviene dejar aparte dos de ellas, centradas en aspectos organizativos: la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (Lode), aprobada por los socialistas en 1985, que estableció elementos clave del sistema educativo español que siguen en pie, como la doble red educativa financiada con fondos públicos (la pública y la concertada), y la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (Lopeg), también elaborada por el PSOE en 1995, que actualizó la anterior.

Si el cómputo empieza con la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema (Logse), aprobada por los socialistas en 1990, y concluye con la derogación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), en 2020, las normas han durado de media poco más de siete años. Según lo que pase con la Lomloe, dicho promedio puede variar. Teniendo en cuenta que una vez promulgadas, su implantación requiere un tiempo, su vida efectiva ha sido en realidad menor, aunque diversa.

La Logse, que tuvo un calendario de implantación muy gradual y retrasos provocados por la crisis económica (el PP llegó al Gobierno, en 1996, cuando la ley ya llevaba seis años en vigor, y pese a ello solo se había implantado hasta sexto de primaria), no fue derogada hasta 2002, con la llegada de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Loce). Es decir, duró 12 años, si bien la mitad del tiempo fue gestionada por un partido que se había opuesto a ella.

La Loce fue la ley más breve, porque no llegó a implantarse en ningún curso. Dejó la concreción del calendario de implantación para un posterior real decreto (con rango reglamentario, inferior al de la ley), que fijó para septiembre de 2004 la fecha de su puesta en marcha en los primeros niveles de primaria y la ESO. En mayo de 2004, sin embargo, el Gobierno socialista frenó su implantación, con lo que la mayoría de su contenido nunca llegó a aplicarse. Dos años después, el PSOE y sus socios parlamentarios aprobaron la Ley Orgánica de Educación (Loe) ―que ya hablaba de la enseñanza por competencias―, que fue sustituida siete años más tarde.

Esta vez, el PP sí aceleró la elaboración de su propia ley educativa, la Lomce, aprobada en 2013, cuando todavía no se habían cumplido dos años de su llegada al poder. El propio Gobierno de Mariano Rajoy frenó algunas de sus novedades, como las muy criticadas reválidas, e introdujo un currículo con unos contenidos muy amplios y una organización exhaustiva que limitaba el margen de autonomía del profesorado. La Lomce duró otros siete años. Y en 2020 los socialistas y sus socios aprobaron la Lomloe, que ha intentado avanzar en el enfoque competencial, incorporando nueva terminología, y cosechando, como en las leyes anteriores, el rechazo de una parte del profesorado.

Desconcierto

Los resultados del 28-M y la sombra que proyectan sobre las elecciones generales de julio han cogido a los centros educativos en plena implantación de la reforma. “Por un lado”, dice Toni Solano, profesor de Lengua castellana y Literatura y director de un instituto público de Castellón, “los profesores que sí se la creían y estaban trabajando extra para ponerse al día con las novedades de la ley, haciendo programaciones nuevas, situaciones de aprendizaje, etcétera, están diciendo: ‘Buf, ¿seguimos con ello o no?’. Y, por otro lado, los objetores, que han seguido haciendo este curso lo mismo que antes, dicen: ‘Ahora sí que no vamos a cambiar nada, porque van a tumbar la ley y a ponernos otra”. La perspectiva de otro bandazo, opina Solano, “hace difícil que uno se tome en serio su faena”. “Con tanto cambio, nos están convirtiendo a todos en unos escépticos”, dice.

La dinámica de continuos cambios en la legislación educativa está relacionada, cree Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de Didáctica y Organización escolar, con “dos vicios”. El primero es que la motivación de las reformas no parte de un “reconocimiento, análisis y diagnóstico de la realidad”, sino de “la ideología de los partidos en el Gobierno”. “Así que nos hemos planteado cambios que a lo mejor no eran los más urgentes, y hemos dejado de hacer otros que quizá sí eran. Eso nos lleva una y otra vez al desastre y a que el reformismo educativo español haya ido deslegitimándose”, afirma.

La segunda mala costumbre, prosigue Escudero, es que los responsables educativos vuelcan sus esfuerzos en sacar adelante las leyes orgánicas y las normas básicas que las desarrollan, y llegan agotados al momento crucial, que es lograr que los cambios lleguen a las aulas. “Sabemos que en las reformas no es tan importante lo que se decreta como lo que se hace luego para que pueda echar raíces. El terreno no se esponja porque un día caiga una tromba de agua, sino porque sostengamos una lluvia fina que vaya nutriendo el terreno. Aquí han sobrado afanes de diseños ultrasofisticados y tecnicismos, y ha faltado mucho más acompañamiento en lo que es preciso para que los cambios y las innovaciones que el sistema educativo español necesita puedan ocurrir. Eso, también lo sabemos, pasa por tocar condiciones y procesos claves que una y otra vez renunciamos a tocar. Uno es el profesorado. Y otro, la gestión y el gobierno de los centros educativos. Sin entrar en otros temas que son muy graves, y cada vez peores, como es la segregación escolar”.

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