Demasiados paraísos fiscales

La transparencia de las multinacionales sobre la cantidad de impuestos que pagan y las estrategias fiscales que utilizan tiene todavía un amplio margen de mejora. La cantidad en la que cifró la Comisión Europea en su día la evasión fiscal se elevaba hasta el billón de euros al año en la UE, el equivalente al PIB de España. En 2021, 24 de las compañías que cotizan en el Ibex 35 reconocían 681 filiales en paraísos fiscales y jurisdicciones de tributación laxa, según un reciente informe de Oxfam Intermón. Algo ha mejorado la situación respecto a los máximos alcanzados en 2015, cuando tenían cerca de 1.000 sucursales en esos países, pero a una velocidad aún pobre. La información que los grandes grupos proporcionan sobre la actividad en los distintos mercados donde operan tampoco es completa, lo que dificulta identificar el trazado de sus operaciones. No todas las cotizadas tienen el mismo perfil ni la misma presencia en territorios offshore. Apenas tres de las más grandes (Banco Santander, ACS y Ferrovial) concentran la mitad de las filiales en las jurisdicciones consideradas de riesgo. Otras dos (Endesa e Indra) no tienen ninguna.

La elusión fiscal no es ilegal. Tampoco lo es invertir y establecer filiales en los paraísos fiscales, siempre que las operaciones sean reales y no maquillaje tributario. No obstante, la opacidad de estas jurisdicciones y la difícil trazabilidad de muchos movimientos corporativos arrojan severas dudas sobre estas prácticas fiscales mientras crece la conciencia y la información ciudadana sobre tinglados fiscales que las corporaciones usan para pagar menos a las arcas públicas. La Unión Europea ha dado pasos relevantes en los últimos años, presionada por los sucesivos escándalos destapados gracias a filtraciones como los Lux Leaks, los Papeles de Panamá y, más recientemente, los Papeles de Pandora. Tres meses después de que EL PAÍS y un grupo de medios internacionales lo destaparan, la Comisión propuso una directiva contra las empresas pantalla a finales de 2021. Otras iniciativas comunitarias, como la lista de paraísos fiscales que se actualiza periódicamente o la obligación de que las multinacionales detallen país por país su factura fiscal, también llegaron con una cadencia similar.

Pero la UE tiene una capacidad de acción limitada. Las competencias fiscales son de los Estados miembros y los intentos de armonizar las legislaciones tributarias para obstaculizar la elusión suele chocar con la oposición de los países (Países Bajos, Irlanda, Luxemburgo) que han optado por atraer capital bajando impuestos a las grandes empresas. Tampoco las sanciones a algunas grandes empresas por ayudas de Estado (Apple o Starbucks) fueron avaladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estas dinámicas, que en la UE restan decenas de miles de millones a las arcas públicas, convierten a las multinacionales y los paraísos (o guaridas) fiscales en los grandes ganadores de la globalización.

La solución a estos agujeros fiscales solo puede llegar a través de un consenso internacional, un camino que ha comenzado a recorrerse pero con excesiva lentitud. La OCDE ha conseguido un acuerdo entre más de 130 jurisdicciones para imponer un tipo mínimo de sociedades del 15% y los Veintisiete ya han aprobado una directiva para implementarlo. Sin embargo, en el club de las economías desarrolladas todavía se está negociando un esquema para que las grandes compañías del mundo paguen impuestos de forma más justa. Será necesario mantener esas intenciones e incrementar su impulso para que el resultado final sea efectivo: los paraísos fiscales seguirán existiendo mientras haya países que los toleren.