Vuelva usted nunca

La Administración española es un teléfono que no contesta nunca, o en el que se escucha un mensaje automático anunciando que en ese momento no se puede atender la llamada, y animando a repetirla un poco después. La llamada se repite y si hay suerte y el número oficial no comunica volverá a sonar la misma voz grabada, exactamente con la misma entonación, con un automatismo que cada vez parece acentuarse y suena más irritante todavía. La Administración española es un teléfono que no contesta, un trámite que nunca se resuelve, una tarjeta sanitaria que funciona en una comunidad autónoma pero no en la de al lado, una acreditación académica internacional que no llega y por lo tanto deja en suspenso la vida profesional de quien la solicita, una sentencia judicial retrasada que deja en la miseria a una mujer divorciada que no recibe desde hace muchos meses la pensión de sus hijos, pensión que ya está en el juzgado, pero que el juzgado no entrega, porque hay una huelga de personal, o porque los funcionarios encargados de los trámites finales son muy pocos y tienen tanto trabajo acumulado que tardarán años en completarlos todos. La Administración española son bajas de médicos o de enfermeros o profesores que tardan semanas en cubrirse, y funcionarios interinos que no dejan de serlo aunque lleven ocupando la misma plaza veinte años, y aspirantes que ganaron una oposición y a los que, sin embargo, su plaza no se les hace efectiva, y han de quedarse en un limbo exasperante que les desbarata la vida.

La Administración española son trámites obligatoriamente digitales que se quedan atascados sin motivo aparente en páginas web defectuosas, y otros quizás más simples o fáciles que sin embargo muchas personas no pueden cumplimentar, porque son mayores y torpes y no se manejan en internet, o porque no tienen ordenador, ni tienen nadie que les ayude, esos hijos de talento digital despejado que nos son tan providenciales a padres y madres que emigramos tarde y a la fuerza a este nuevo mundo virtual. La Administración española son refugiados que tienen derecho legítimo al asilo y pueden tardar diez años en conseguirlo, y mientras tanto no saben de qué van a vivir, y personas sin recursos que no llegan a conseguir el ingreso mínimo vital porque les faltan documentos o no tienen un domicilio fijo, y expatriados británicos que llevan toda la vida en España y han decidido solicitar nuestra ciudadanía para seguir siendo europeos, y se encuentran frente al muro inmemorial del “vuelva usted mañana”, que solo parece haber progresado desde los tiempos de Larra y las covachuelas de legajo polvoriento y tintero porque ahora lo escuchan en esa voz grabada de los números oficiales, o en esa terrible y también inmemorial forma de silencio que es el silencio administrativo, el silencio de la tumba en la que yacen sepultados todos los documentos tangibles o electrónicos que son el lastre insoportable de la vida española.

La Administración pública son trabajadores accidentados que no logran su baja laboral, y enfermos a los que cada día de retraso en una operación les acentúa la gravedad, y obras de reforma o negocios legítimos que no pueden arrancar por falta de un solo permiso, y oficinas delante de las cuales las personas guardan cola desde antes del amanecer, como en una estampa de sumisión y paciencia del antiguo bloque comunista, si no han tenido la picardía, o el dinero suficiente, para comprar un número, o si el guarda de seguridad privada de la puerta no las ha espantado con malos modos. La Administración española son contratas irregulares para cubrir malamente servicios públicos, concedidas mediante concursos amañados, con una sinvergonzonería antigua de parentelas codiciosas y enjuagues clientelares. La Administración pública sigue siendo pringosamente española hasta en instituciones que se precian de un furibundo antiespañolismo: en estos días se están publicando los detalles de unas oposiciones a funcionarios de la Generalitat de Cataluña en las que muchos aspirantes tuvieron que hacer sus ejercicios en medio de la calle y apoyándose en papeleras, porque la organización no había previsto los anticuados pupitres penitenciales de otros tiempos, ni tampoco dependencias capaces de albergar a todos los opositores. También se ha sabido que la convocatoria había sido “externalizada”, término éste muy favorecido por mangantes del dinero público dotados de una labia de palabrería tecnocrática. Una de las tareas más serias de una administración es seleccionar a las personas que van a trabajar en ella. Si ese proceso se “externaliza”, ¿por qué no también el de juzgar a los acusados de un delito, el de detener a los delincuentes, el de gestionar las cárceles, siguiendo el modelo atroz de las prisiones privadas en Estados Unidos?

Los desastres administrativos ocupan cada vez más espacio en los periódicos, pero están del todo ausentes del debate político. La mejora de la Administración pública jamás es mencionada en los torrentes de palabras y consignas arrojadizas que ya arrecian en estas vísperas electorales. Que la baja calidad de nuestras administraciones es uno de los problemas más graves de nuestro país solo lo he visto bien resaltado en el último libro de Michael Reid, Spain: The Trials and Triumphs of a Modern European Country, que por fortuna no tardará mucho en publicarse en español. La falta de medios y de personal de las Administraciones españolas, dice Reid, está en relación directa con la sobreabundancia de cargos políticos y “personal de confianza” que las han invadido, y que aparte de acaparar sus recursos las han sometido a un grado de politización que perjudica su imparcialidad y las paraliza cada cierto tiempo, al someterla a los vaivenes de victorias o derrotas electorales. Con su pragmatismo de reportero anglosajón, Reid subraya algo que aquí no menciona nadie: “Para empezar, España tiene muchos más políticos de los que necesita”. Hay, calcula, entre 300.000 y 400.000, más que Alemania, en cifras absolutas, y el doble que Francia o Italia, en correspondencia con la población total. Unos 20.000 puestos administrativos, muchos de alto nivel, más que en ningún otro país occidental, son “cargos de libre designación”, término que Reid usa en cursiva y en español, por no encontrar un equivalente adecuado en inglés. Que los directores de instituciones como el CIS, la televisión estatal y hasta los Paradores Nacionales dependan del favor político le parece inconcebible a un observador de nuestro país tan templado y certero como Michael Reid.

Cuanta más discrecionalidad política, más clientelismo y más corrupción: más despilfarro de recursos esenciales para el funcionamiento del sistema democrático, de su tupida red de responsabilidades y garantías, en las que la limpieza, la austeridad y la transparencia sirven para favorecer la creación de riqueza e imponer una equidad social que actúe como correctivo de abusos y desigualdades cada vez más exagerados. Un parlamentario veterano y escéptico me dice que en estos tiempos muchas leyes no se hacen para ser cumplidas, sino para añadir leña al fuego de la propaganda partidista. Las palabras rotundas que prometen la justicia y la igualdad se quedan en aire si no cuentan con la letra pequeña y nada heroica de los procesos administrativos que las conviertan en actos verdaderos, ágiles y al mismo tiempo sometidos al control de la legalidad y de la eficiencia. Cuanto más necesitadas, más débiles, más desprotegidas las personas, con más urgencia necesitan los servicios que solo puede ofrecer una buena Administración pública. Que la clase política responsable y beneficiaria de su deterioro sea también la encargada de ponerle remedio no es una perspectiva alentadora, a no ser que la fuercen a ello el escándalo y la protesta de la ciudadanía.