La perentoria necesidad de una Administración digital

Si la digitalización fuese una asignatura escolar, podría decirse que las administraciones españolas van quemando etapas y progresan adecuadamente. Esa es, al menos, la opinión expresada por Santiago Carbó, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada, un optimista informado para el que nuestras instituciones “se digitalizan a un ritmo razonable, no tan rápido y eficaz como el de los países escandinavos, pero sí por encima de la media de nuestro entorno inmediato. Estamos en una línea similar a la de Francia y Alemania, bastante mejor que Italia y no muy lejos de lo que se está haciendo en el Reino Unido”.

Carbó considera, pese a todo, que queda mucho por hacer si el objetivo es crear un modelo de administración “más eficiente, amable y proactiva”. En su opinión, “el gran acelerador de este proceso de transformación tecnológico ha sido, al margen de iniciativas públicas necesarias y valiosas como la Agenda España Digital 2025, la pandemia, una especie de prueba de estrés masiva que ha demostrado de manera contundente que la Administración puede funcionar de manera telemática sin que el servicio al ciudadano se resienta”.

Algo más escéptico se muestra Jordi Comas, profesor de Transformación Digital en la escuela universitaria La Salle. Comas considera que la plena digitalización es la crónica de un cambio sistémico de envergadura mil veces anunciado pero que no acaba de concretarse del todo: “Llevamos 20 años hablando de oficinas sin papeles y demás utopías perfectamente factibles, pero la realidad, ahora mismo, es que nuestra Administración se está digitalizando de manera más lenta de lo previsto, no siempre eficiente y, sobre todo, muy asimétrica”. Lleva la delantera, en su opinión, “la Agencia Tributaria, que es la que mayor partido está sacando a las formidables herramientas tecnológicas de que dispone”, y se han quedado un tanto rezagadas “la enseñanza, el transporte público o la Justicia”. En el ámbito territorial, Comas opina que “los ayuntamientos acumulan un retraso considerable que se podría atribuir, en muchos casos, a falta de recursos y capacidad de maniobra”. Entre las autonomías, “el País Vasco, que era líder no hace mucho en innovación, se ha atascado en los últimos años, mientras Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana hacían progresos significativos. Un caso muy llamativo es el de Andalucía, que está invirtiendo mucho para obtener un resultado bastante dudoso, ya que se está dando prioridad a proyectos internos de automatización de procesos y rutinas que tal vez estén mejorando la vida de sus funcionarios, pero tienen poco impacto positivo para el ciudadano”.

La Agencia Tributaria es la que más partido saca a las herramientas tecnológicas. Pero están rezagados sectores como el educativo, el de la Justicia o el del transporte público

Jordi Comas. Profesor de Transformación Digital de la Escuela Universitaria La Salle

Adolfo Ramírez Morales, asesor en Transformación e Innovación y autor del ensayo Digitalízate o desaparece, se apunta también al escepticismo matizando que estamos en una fase en la que se definen objetivos concretos y se destinan recursos, pero en la que la Administración tiene problemas para poner esos programas en práctica, entre otras cosas por el alto grado de burocratización de sus estructuras intermedias y de decisión”. Ramírez coincide con Comas en que una de las indiscutibles historias de éxito es la transformación digital del Ministerio de Hacienda: “Se digitaliza lo que nos controla. En ese sentido, el verdadero acelerador está siendo el afán recaudatorio. Eso demuestra que la base tecnológica existe y puede aplicarse de manera óptima, pero no veo que exista aún una voluntad firme de ponerla al servicio del ciudadano. Falta el impulso para digitalizar los servicios. Simplificarlos, hacerlos más ágiles, transparentes y accesibles”. Desde su punto de vista, “resulta muy significativo que Hacienda lo sepa todo de nosotros, porque las administraciones disponen ya de bases de datos exhaustivas y optimizadas, pero sigan pidiéndonos que aportemos esa información que ya tienen cada vez que realizamos alguna consulta o trámite”. En última instancia, para Ramírez, “la verdadera transformación digital consiste no solo en incorporar nuevas herramientas, sino en un cambio de cultura y de actitudes para el que las administraciones españolas me parecen aún poco preparadas”.

Largo camino por recorrer

Para José Alberto España, profesor de Derecho en la Universidad de Málaga, la Agenda España Digital 2025 resultaba imprescindible “porque el marco estratégico de digitalización vigente en España hasta 2020 se había quedado obsoleto”. Entre otras cosas, “no contemplaba la inteligencia artificial como un elemento clave para fomentar la competitividad, no tenía suficientemente en cuenta la importancia creciente de los datos personales y ni siquiera se planteaba la consolidación de unos derechos digitales”. Resultaba imprescindible, por tanto, que las estrategias de la Administración Pública intentasen adaptarse al ritmo al que estaba avanzando la tecnología.

España reconoce que se han producido avances relevantes, pero matiza que “el grado de ejecución de las acciones no está siendo lo bastante rápido como para alcanzar los objetivos propuestos, de manera que aún falta mucho camino por recorrer”. En concreto, queda por definir un nuevo marco normativo que se encuentra en tramitación. Tres reformas legislativas, “la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, la nueva Ley General de Comunicaciones y la Ley de Ciberseguridad” que, según deduce España de sus borradores iniciales, “pueden suponer un espaldarazo a la digitalización y a los objetivos de la Agenda, pero queda por ver qué modificaciones se producen durante su trámite parlamentario en esta época sin mayorías estables”.

España destaca los avances realizados en la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y valora positivamente el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (Real Decreto 203/2021), “que incrementa la transparencia de la actuación administrativa y regula en contenido los servicios públicos que deben ofrecer las sedes electrónicas”. También considera prometedor el Plan Justicia 2030, que incluye “entre sus proyectos más avanzados” la implantación de “infraestructuras digitales homogéneas e interoperables en todo el territorio”. Ya se ha aprobado el reparto entre las comunidades autónomas de los fondos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa, que servirá para que la Administración de Justicia “disponga por fin de un equipamiento digital básico, tanto en software como en hardware”.

Cambio de mentalidad

Se trata de avances de una indiscutible relevancia, pero que no alteran lo esencial: en opinión de España, la digitalización de las administraciones públicas “va por detrás de la de las empresas y la sociedad en su conjunto”. Urge simplificar los procedimientos digitales haciendo uso “de la inteligencia artificial y la minería de datos” y, como reflexión general, sigue pendiente “hacer un uso de la tecnología que permita que los ciudadanos interactúen con la Administración de manera mucho más sencilla e intuitiva”.

Para Adolfo Ramírez, resulta imprescindible un cambio de mentalidad: “Se habla mucho de la prevalencia de la brecha digital en España”, explica el experto, “pero la realidad es que un porcentaje muy alto de los ciudadanos, superior al 80% según estimaciones conservadoras, se comunica habitualmente por WhatsApp y es capaz de realizar operaciones de comercio electrónico. En cambio, el porcentaje de los que pueden completar con éxito trámites de la Administración como la obtención de la firma digital o el certificado ciudadano es mucho más bajo”. ¿Por qué? Ramírez lo tiene claro: “Porque la burocracia española no renuncia a sus inercias mentales. Sigue mucho más obsesionada por consolidar su mecánica interna, basada en el control, el poder y el estatus, que en ofrecer un buen servicio al ciudadano. En pleno 2022, seguimos encontrando páginas web escritas en jerga funcionarial incomprensible para el común de los mortales, incompatibilidades con determinados navegadores y sistemas operativos, trámites digitales de una complejidad y opacidad innecesarios… Ninguna empresa privada podría permitirse el lujo de tener recursos digitales tan disfuncionales, tan poco optimizados desde el punto de vista del diseño, porque nadie entraría en ellos. En cambio, la Administración cuenta con que el ciudadano es un público cautivo y no se preocupa por responder a sus necesidades”.

Somos una sociedad tan empática que muchas personas han adquirido competencias digitales básicas para comunicarse. Aprovechémoslo para lograr que la firma digital sea accesible

Santiago Carbó. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada

Santiago Carbó coincide en que las administraciones públicas deberían mejorar sus estrategias de interacción con el ciudadano: “Somos una sociedad tan comunicativa y empática que muchas personas han adquirido competencias digitales básicas para poder comunicarse. Incluso mis tías de 90 años son capaces de enviar fotos por WhatsApp. Aprovechemos ese alto grado de alfabetización tecnológica y hagamos que conseguir la firma digital sea igual de sencillo”. Comas añade otra receta para que la transformación digital entre por fin en un círculo virtuoso: “Perseveremos en lo que se ha hecho bien. Sigamos mejorando las infraestructuras digitales, tirando fibra por todo el territorio para que el medio rural no se quede al otro lado de la brecha tecnológica. Somos uno de los países del mundo con mayor cobertura territorial de fibra óptica y radiofrecuencias, así que hagamos un último esfuerzo y consolidemos esa enorme ventaja cualitativa”. Y, una vez hecho esto, “simplifiquemos la Administración todo lo posible. Automaticemos los procesos que dependen de bases de datos, eliminemos trámites de supervisión y validación que ya son del todo innecesarios y convirtamos a los funcionarios no en meros ejecutores, sino en asistentes proactivos del ciudadano, que dediquen su tiempo a ofrecernos una atención cualitativa”. El objetivo último debería ser “parecernos cada vez más a Lituania, el primer país europeo en que el cien por cien de los trámites burocráticos pueden realizarse por canales digitales”.