La prueba ácida de la democracia peruana

El Perú en más de 200 años de vida republicana, bajo el imperio de 12 constituciones, no ha dejado de tener, desde el nacimiento como República, innumerables episodios de crisis política, social y económica. Estos estuvieron caracterizados por el quiebre del orden constitucional, más conocido como “golpe de Estado”, que se han repetido, confundidos bajo guerras civiles, en las distintas épocas para alcanzar el poder.

La lucha por el poder ha tenido en la historia del Perú distintas modalidades, desde violentos derrocamientos, guerras civiles, pronunciamientos, ocupación militar de la casa de Gobierno o del Congreso o autogolpes por el presidente en ejercicio, algunos sacando tanques a la calle y otros llevando a los generales a palacio para demostrar su apoyo.

Lo ocurrido en Perú el 7 de diciembre del 2022 es verdaderamente inédito y marca un hito muy importante en su historia, no solo por los antecedentes y conducta del principal actor del fallido golpe de Estado, el expresidente Pedro Castillo Terrones, sino por la forma como se pretendió quebrar el orden constitucional, sus motivaciones y consecuencias.

El episodio es inédito porque su protagonista, un profesor provinciano, dirigente sindical de izquierda, que se identifica como humilde campesino, alcanza la presidencia de la República por mandato popular, por primera vez en la historia, generando entre sus electores una gran expectativa e instalándose en el poder con el reconocimiento de todas las instituciones del sistema.

Es inédito también porque el mismo día de su juramentación, toma decisiones que no solo rompen el protocolo, sino que hacen presagiar algo inusual y oscuro en sus intenciones cuando anuncia que no despachará en palacio de gobierno y se instala en una vivienda del pasaje Sarratea, en el distrito de Breña en Lima.

Hoy sabemos que en ese lugar se reunieron distintas personas, fuera del control que exige todo recinto público, para cometer actos que se investigan por presuntos delitos en siete carpetas a cargo del ministerio Público y que, en la actualidad, están en la etapa preparatoria de una acusación penal ante la Corte Suprema, por la cual se ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente.

Ante las evidencias que podrían inculparlo por los delitos que se le atribuyen, el expresidente Castillo intentó interferir en las investigaciones del ministerio Público, impidiendo, de distintas formas, el accionar del equipo especial formado para llevar adelante la investigación, que no solo comprometería a su persona, sino al entorno familiar más cercano como su esposa, la hija adoptiva, cuñados, sobrinos y colaboradores muy cercanos, como ministros de estado y secretarios.

Con estos antecedentes y bajo la prédica de obedecer un supuesto clamor popular, el 7 de diciembre Pedro Castillo Terrones decide, en un mensaje a la nación, difundido por todos los medios de comunicación, romper el orden constitucional y democrático, anunciando la disolución del Congreso, el establecimiento de un Gobierno de emergencia, la convocatoria a elecciones para elegir una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, declarando que gobernará por Decreto Ley, estableciendo el toque de queda y reorganizando el sistema de justicia integrado por: el poder judicial, el ministerio Publico, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional.

No cabe duda que esta decisión constituye un verdadero golpe de Estado, que quiebra el orden constitucional y democrático, que tiene como motivación verdadera impedir la acción de la justicia en las investigaciones por supuestos delitos, que cada día cobraban verosimilitud ante su avance y surgimiento de testigos y colaboradores eficaces inculpatorios.

Este frustrado golpe de Estado, paradójicamente, ha generado algo inédito en nuestra historia, que ha puesto a prueba la democracia peruana, que al margen de los defectos que se le suelen atribuir, ha funcionado. Me refiero a la oportuna, valiente, clara y eficaz participación de todas las instituciones que forman parte del estado constitucional, democrático y social de derecho, sin excepción alguna, que de manera inmediata rechazaron la decisión del golpista y que, en menos de tres horas, lograron la impecable sucesión constitucional para garantizar la gobernabilidad de país. Esta es la “prueba ácida” que, haciendo un símil con una herramienta financiera, mide la suficiencia de las instituciones democraticas, léase activos de un Estado para cubrir sus pasivos o riesgos corrientes, léase golpes de Estado.