Sobre los tanques

La decisión alemana de permitir el envío de los tanques Leopard 2 en defensa de Ucrania llegó una semana antes de que se celebrase la primera cumbre de la Unión Europea en Kiev, casi un año después del inicio de la invasión de Vladímir Putin. La cumbre ha permitido reunir a Volodímir Zelenski con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en un compromiso incuestionable con Ucrania. En la agenda de trabajo se ha tratado tanto la adhesión (que se dilatará en el tiempo) como la respuesta de la Unión Europea a la guerra. A la decisión alemana de mandar 14 carros de combate Leopard 2, tras el anuncio de que Estados Unidos haría lo propio con sus Abrams, se han sumado Polonia, Finlandia, Dinamarca, República Checa, Países Bajos, Letonia, Lituania o Estonia, y también España, que aportará, por el momento, entre cuatro y seis de sus tanques del mismo modelo.

Más allá de esta perspectiva puramente militar, la entrega de material ofensivo a Ucrania contiene también un claro mensaje de respaldo a un país cuya lucha en el frente conecta con nuestras necesidades de seguridad. El compromiso europeo para que Ucrania pueda seguir defendiéndose y avanzar en sus posiciones es firme, como han manifestado con rotundidad los representantes de la Unión Europea en Kiev, mientras preparan un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Las peticiones de apoyo militar de Ucrania no terminan aquí y ya reclama aviones de combate, un material sobre el que no existe acuerdo entre los aliados.

En un contexto así, resulta imprescindible que los gobiernos dediquen esfuerzos políticos a explicar las decisiones adoptadas y las que pudieran llegar a adoptarse en un futuro próximo. En el caso de España, como sistema plenamente democrático, esas explicaciones solo pueden darse en sede parlamentaria. El envío de tanques a un país en guerra es una decisión de calado que España ha confirmado y que merece una explicación razonada más allá de un anuncio a los medios, y al margen de la presumible aceptación que pudiera tener la medida en la opinión pública.

En términos constitucionales, el Gobierno no tiene obligación jurídica de acudir al Parlamento, ni menos aún de solicitar su autorización para adoptar una decisión que compete en exclusiva al Gobierno y, más concretamente, a su presidente. Sin embargo, son múltiples las razones de responsabilidad política que justifican la conveniencia de que el tema sea abordado de manera detallada en el Congreso de los Diputados, de la misma forma que el presidente explica la posición de España tras cada Consejo Europeo. La razón más obvia conecta con el respeto a una cultura democrática que concibe el Parlamento como el lugar que dota de contenido y pleno sentido a las políticas de Estado. No debería ser un impedimento para impulsar esta sesión parlamentaria la previsión de escuchar una pluralidad de planteamientos divergentes, tanto en los partidos de la coalición como entre algunos de los socios de investidura. Ninguno de estos inconvenientes políticos hará que pierda sentido la decisión ya adoptada. Más bien al contrario, e incluso esa puede ser la vía para que la ciudadanía no olvide que vivimos una guerra en el continente y que una guerra comporta compromisos y sacrificios. Las posiciones políticas solo se debilitan cuando se hurta a la sociedad las explicaciones en el marco de un debate parlamentario, no cuando la discusión expone ante los ciudadanos las causas que la justifican y que obligan a su vez a los partidos a fijar su posición en política exterior, aunque la responsabilidad sea del Gobierno.