Crisis en Perú

Perú lleva casi dos meses paralizado por una grave crisis política. La intensa oleada de protestas y bloqueos que se inició en las provincias del Sur ha llegado a Lima y no hay visos de que la movilización pierda fuelle a pesar de la respuesta de las fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos entre manifestantes y policías han dejado más de 50 muertos, la mayoría por la represión de los uniformados. Esta situación requiere una desescalada inmediata del conflicto y una solución política urgente ante las demandas de la ciudadanía.

La espita del estallido fue el intento fallido de autogolpe de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre. El expresidente, hoy en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración, disolvió por sorpresa el legislativo y decretó un Gobierno de emergencia. La huida hacia adelante duró apenas unas horas: el maestro rural fue destituido de inmediato por el Parlamento y su número dos, Dina Boluarte, asumió el cargo de presidenta. El malestar de las comunidades aymara, de los estudiantes, los campesinos y los sindicatos enseguida explotó. Detrás de las protestas no está solo la indignación por el destino de Castillo, quien pese a sufrir una enorme impopularidad contaba con un relativo apoyo en los sectores rurales. El motor principal de la movilización fue la cuestionada gestión de la crisis por parte de la actual mandataria y su Gabinete, cuya renuncia inmediata reclaman los manifestantes.

A eso se añade el desprestigio crónico de la clase política peruana, especialmente de las élites limeñas, y los constantes casos de corrupción que salpican a sus dirigentes. Una encuesta de la consultora CID-Gallup conocida esta semana indica que el 71% de los peruanos rechazan la gestión de Boluarte, un 83% no se siente representado por ella y un 63% quiere un adelanto electoral. La fecha está fijada para abril de 2024, aunque sobre la mesa está también la posibilidad de celebrar los comicios el próximo mes de diciembre. La presidenta se remitió a lo que decida el Congreso pero, en cualquier caso, incluso ese horizonte resulta demasiado lejano para gran parte de la población y se necesitan también otras medidas más inmediatas y claras para paliar la convulsión social y que remita una movilización tan masiva como la actual.

La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada esta semana en Buenos Aires fue de alguna manera una plataforma de denuncia de los abusos policiales registrados en Perú. Una de las intervenciones más duras fue la del presidente chileno, Gabriel Boric, quien a principios de diciembre condenó el autogolpe de Castillo, pero ahora reclama a Boluarte un “cambio de rumbo” en la gestión de esta crisis social. La cerrazón que obtuvo como respuesta queda lejos, de momento, de un punto de partida deseable para abordar la crisis y emprender un nuevo y necesario camino.