Las protestas redoblan su desafío al Gobierno de Perú con la llegada de nuevos contingentes a Lima

La violenta irrupción, el pasado sábado, de la Policía Nacional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, lejos de amedrentar, ha fortalecido a quienes reclaman la destitución de la presidenta peruana, Dina Boluarte. Ocurre sobre todo con los colectivos universitarios, ya no de la capital, sino de las regiones. Grupos de estudiantes de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco partieron este lunes por la mañana hacia la ciudad. Este martes a primera hora lo harán también delegaciones de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, en el departamento de Junín, en el centro del país. Mientras tanto, en Arequipa, alumnos de la Universidad Nacional de San Agustín desfilaron por la Plaza de Armas y las principales avenidas de la ciudad blanca, pidiendo el cese del conflicto, que ya ha causado medio centenar de fallecidos, en su mayoría por los excesos de los uniformados, y más de 900 heridos.

Los convocantes de las movilizaciones han llamado a una gran marcha prevista para la tarde de este martes bajo el lema “Universitarios de todo el Perú, unidos” en la Plaza Dos de Mayo, en el centro de Lima. Pero no serán los únicos en unirse. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también ha hecho un llamamiento a todas sus bases para la que se espera que se convierta en la protesta más contundente de los últimos días. Al mismo tiempo, la capital recibirá la llegada de un grueso de manifestantes de las regiones de Cajamarca, Apurímac, Lambayeque y Puno, uno de los departamentos más golpeados por la represión de las fuerzas de seguridad.

El estallido social de las regiones, que comenzó el pasado 7 de diciembre tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo, no cesa. Alrededor de 80 personas atacaron a tres empresas agroexportadoras en Ica, en la costa sur. Quemaron garitas de control y paralizaron las actividades laborales. Son 39 entidades públicas, privadas y policiales las que han sido dañadas entre diciembre y enero. Según la Defensoría del Pueblo, durante la jornada del lunes se registraron movilizaciones, paralizaciones y bloqueo de vías en 27 provincias. Esto es, casi el 14% de provincias a nivel nacional.

En Lima, se vivieron momentos de tensión en la avenida Grau, donde las fuerzas policiales no dudaron en usar la fuerza contra los manifestantes. Según ha informado el diario La República, la Policía Nacional se ha incautado de 665.000 artículos antimotines, entre los que se encuentran granadas y cartuchos con gases lacrimógenos, bombas de estruendo y destello, y perdigones de goma.

Esta situación de tensión y violencia in crescendo, que ha colocado a Perú bajo la mirada del mundo, ha despertado la preocupación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya Comisión Permanente se reunirá con la presidenta Dina Boluarte el próximo miércoles. Todo indica que la mujer que sustituyó a Pedro Castillo en el poder participará de la reunión por videollamada.

Respecto a los casi 200 detenidos en el campus universitario de San Marcos que fueron liberados el domingo y que han denunciado malos tratos por parte de las fuerzas del orden, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha negado que el operativo que contó con más de 300 policías, tanques y un helicóptero se haya desplegado por orden del Gobierno. Es más, dijo que ni siquiera estaba enterado de ese operativo, unas declaraciones que han despertado la indignación de un gran sector de la población. “No hubo la decisión política porque esa fue una decisión netamente de la Policía que ha tenido. Yo me he enterado cuando he estado viendo la intervención por televisión. Por delito de flagrancia lo han realizado”, se excusó el ministro. Mientras tanto, los manifestantes están decididos a redoblar el pulso al Gobierno.

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