Maratón legislativo

El atronador ruido de la última semana a cuenta de la intromisión del Constitucional en la actividad legislativa de las Cortes contrasta de forma rotunda con la aprobación de un compacto bloque legislativo que ratifica la solidez, hasta el momento, de los apoyos parlamentarios al Gobierno de coalición en su último año de mandato. En total han sido 17 leyes, y 5 de las reformas fundamentales pasaron también ayer el trámite en el Senado. Entre ellas, la Ley de Presupuestos Generales, aprobada por tercer año consecutivo, la reforma del Código Penal que anula el delito de sedición y crea uno de desórdenes públicos agravados, reduce las penas de la malversación y tipifica un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos, y, por fin, la aprobación del nuevo impuesto para grandes empresas y fortunas.

La cruz de esta maratón legislativa es la atropellada tramitación parlamentaria que han vivido algunas de estas propuestas. Ese plus de aceleración hizo correr el riesgo de complicar peligrosamente leyes que requieren un debate público que no propicia la hiperactividad parlamentaria. La reforma de la malversación ha sido uno de los casos evidentes de precipitación en un país que ha vivido etapas muy sórdidas protagonizadas por graves casos de corrupción. Las disparidades de juicio entre los expertos son casi tan contradictorias como las lecturas que hacen PSOE y ERC de la enmienda pactada (los socialistas aseguran que no habrá impunidad para los encausados por el procés mientras que ERC garantiza esa impunidad gracias a lo acordado). La razón política de una enmienda tan delicada —evitar que cargos menores del procés soporten mayor rigor penal que sus dirigentes indultados— no ha sido explicada con claridad y las distintas interpretaciones parecen dejar abierta la puerta a una elástica interpretación por parte de los jueces con el riesgo —como sucedió con la ley del solo sí es sí— de generar efectos indeseados. Varios socios han criticado el fondo —las rebajas de penas— y las formas —las prisas—. Y solo la cohesión que ha provocado entre la mayoría de la investidura la irrupción del Tribunal Constitucional en la autonomía parlamentaria explica que al final se hayan limado las diferencias hasta conseguir una mayoría suficiente.

El Congreso dio también el visto bueno a la ley trans, aprobada con 188 votos y destinada a proteger y ampliar derechos a colectivos minoritarios e históricamente maltratados. Por primera vez en España, se reconoce la autodeterminación de género: será legal a partir de los 16 años, con consentimiento paterno entre 14 y 16 y con autorización judicial de 12 a 14. La ley ha dividido al feminismo, al Gobierno y al PSOE, como demuestra la abstención de Carmen Calvo, exvicepresidenta y actual presidenta de la Comisión de Igualdad. Ese voto contra la disciplina de partido es el testimonio persistente de una diferencia de criterio que acabó siendo negociada por la coalición al renunciar el partido socialista a una enmienda que exigía autorización judicial para que los menores de entre 14 y 16 años puedan cambiar de sexo en el registro.

Es otra buena noticia que la transposición de una directiva europea para proteger las denuncias de corrupción en grandes empresas privadas y en las administraciones públicas escalase hasta los 200 votos favorables, mientras la ley de Universidades que desatascó el ministro Joan Subirats en los últimos meses salió también adelante con el objetivo, entre otros, de remediar la calamitosa situación histórica de los profesores asociados y reforzar el control de calidad académica en el burbujeante mundo de las universidades privadas. La primera legislatura de un Gobierno de coalición en España deja en esta recta final varias evidencias: la inevitabilidad del pacto y la transacción y el error de abordar sin el imprescindible sosiego las reformas de calado que necesita el país.