El ‘partido’ del Rey

Andan algunos ciudadanos de derechas preguntándose por las redes si el Rey puede hacer “algo” parar impedir las leyes de Pedro Sánchez. Unos lo dirán en tono irónico, a otros igual cabe recordarles que nuestro monarca es constitucional y no participa del juego político. Aunque el fondo es el mismo: a esa parte de la ciudadanía pareciera que se le quedase corta esta democracia.

Así que tenemos gente militando en la necesidad de una figura etérea, cual sea, que pare los pies al Gobierno de Sánchez, allí donde los resortes jurídico-políticos no les dan la razón o no bastan. No sacia una moción de censura ante la reforma de la malversación o la sedición, porque a la derecha no le dan los números. Tampoco esperan a que el Tribunal Constitucional decida sobre la revisión de sus mayorías. Saben incluso que protestar en las calles no se traduce inmediatamente en escaños.

Y esa sutil pulsión que deslizan las redes es grave: algunos creen posible traspasar la barrera legítima del desacuerdo si les resultan cuestionables las leyes del adversario. Prolifera una renuncia a creer en otros contrapesos democráticos (Parlamento, tribunales) para fiscalizar al Gobierno. Se constata su deseo de que la minoría parlamentaria se imponga ante lo que consideran “ilegítimo” mediante mecanismos que son irreales.

De un lado, porque es evidente que un rey como Felipe VI cumple escrupulosamente su labor y jamás se le verá intervenir en favor de unos u otros, aunque una parte de la derecha no duda en recrear esa fantasía de una figura plenipotenciaria, o de adueñarse del monarca cuando la política del Gobierno no le agrada. Fue Isabel Díaz Ayuso quien interpeló a Sánchez sobre si haría “cómplice” de los indultos al Rey, pese a que este no elige qué firmar, sino que sanciona las leyes como mandata nuestra Constitución.

Y legislar a medida de los socios parlamentarios en un tema como el Código Penal seguramente es reprochable, por mucho que los números den en el Congreso. No se trata sólo ya de ceder una competencia autonómica, sin más, al nacionalismo, como antaño.

Sin embargo, el cabreo de la derecha por los pactos con ERC enmascara también un debate maniqueo sobre la pretendida neutralidad de las instituciones. Es decir, sobre si a veces la legislación no tiene también implicaciones políticas en causas ulteriores. Muestra es que el Partido Popular reforzó la potestad ejecutiva del Tribunal Constitucional para hacer cumplir sus sentencias en plena ebullición del procés independentista.

En consecuencia, el Estado y sus leyes son a menudo reflejo de los equilibrios o problemáticas del poder en cada momento, incluso las territoriales. Las instituciones no siempre son “neutrales”. Por tanto, el malestar de la derecha va más allá. Su indignación es que el poder esté ahora mismo en manos de una izquierda que atrae al independentismo vasco y catalán hacia la gobernabilidad; y todo ello, en paralelo a que PP y PSOE hayan volado como nunca los puentes en consensos de la arquitectura institucional, que era un cuasimonopolio del bipartidismo.

Se ve en el jaleo para renovar el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial. Se ha roto la idea de una España de dos grandes sensibilidades históricas, conservadores y progresistas, que se ponían de acuerdo, al menos, para las reglas del juego constitucional. A mayor bloqueo del PP por interés netamente político, más fórmulas de Sánchez que son de parte, bastándose el Gobierno y sus socios para renovar esos órganos.

Pero la derecha no está tan molesta sólo por las formas legislativas o sus consecuencias. La oposición de turno criticó a Felipe González o a Mariano Rajoy por “los rodillos parlamentarios” de sus mayorías absolutas sin acusarles continuamente de golpes de Estado. La impotencia de la derecha hoy, y de una parte del PSOE más conservador, no es tanto el cómo sino el quién. Sánchez ha dejado entrar como actores en la cosmovisión territorial del Estado a quienes son tildados de “enemigos de la Nación”: Esquerra Republicana y Bildu.

La fantasía de un “partido del Rey” es el berrinche antidemocrático de la derecha al respecto, aunque a medio plazo podría aflorar el miedo de muchos ciudadanos a la creciente intolerancia entre las dos Españas, izquierda y derecha, sumado al anhelo de mecanismos de contención institucional o consensos básicos entre ambos. E irá a más, toda vez que el PP necesitará de un partido tan polarizante como Vox para llegar al poder. Algunos callan, pero desacomplejadamente lo saben.