Desbloqueo judicial

El deterioro institucional más grave que aqueja a la democracia española es la parálisis y el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces —cuatro años con el mandato caducado— y del Tribunal Constitucional —cuatro meses— y con un grupo de vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituido en comando rebelde impidiendo la renovación del tribunal de garantías. Así lo entiende Bruselas, cuyas llamadas al orden para acabar con esta antidemocrática e inconstitucional situación de bloqueo han sido y son constantes. Las llamadas son en vano porque ni el PP ni los miembros del CGPJ que actúan como su brazo ejecutor en estos órganos constitucionales han consentido que se cumpla la ley y se proceda a la renovación. Excusa tras excusa, han utilizado las reglas de la ley para impedir la aplicación de la ley, manteniendo un férreo control como si la justicia les perteneciera. Se está utilizando el CGPJ como un muro frente a la democracia que sí se expresa en los poderes legislativo y ejecutivo nacidos de las urnas cada cuatro años. Todo se renueva en los plazos que marca la Constitución menos los representantes del poder judicial que se resisten a soltar el control.

La propuesta que anuncia el Gobierno para desbloquear esa situación pretende terminar con esta usurpación de la justicia en manos de la derecha: si pasados tres meses de negociación la mayoría de tres quintos necesarios del pleno del CGPJ no consigue ponerse de acuerdo, entonces ya bastará una mayoría simple de los votos para que salgan elegidos sus dos candidatos más votados para renovar el Constitucional y sin que sea necesario ningún quórum para aprobar los nombramientos. Así, los vocales del CGPJ presentes en el pleno (ante la eventualidad de que los 10 conservadores actuales no comparezcan para perpetuar el bloqueo) están facultados para escoger a los nuevos miembros del Constitucional (uno por los conservadores y otro por los progresistas). Además, el incumplimiento de esa obligación por parte de los vocales, como servidores públicos que son, puede comportar el delito de desobediencia o de prevaricación por omisión.

La iniciativa del Gobierno para forzar al CGPJ a cumplir con sus obligaciones constitucionales tiene visos de prosperar, pero no deja de ser un recurso enteramente atípico construido para desactivar la insumisión inconstitucional del sector conservador del poder judicial contra el normal funcionamiento de la justicia. El desbloqueo es una prioridad democrática y asombra que quienes hoy se llevan las manos a la cabeza con las medidas del Gobierno para lograrlo no hayan sentido con la misma intensidad ese escrúpulo democrático durante los cuatro años de uso privativo de estas instituciones del Estado de derecho por parte de quienes han terminado ya su mandato.