Impostura constitucional

Este martes, el Congreso de los Diputados acogió los actos en homenaje a la Constitución, aunque el día de su aprobación —este martes hizo 44 años— ha cuajado solo a medias en la conciencia democrática de los españoles. En buena medida, no ha sido culpa ni de la ciudadanía ni de la misma Constitución. Ha sido vulnerada en numerosas ocasiones —para dictaminarlo está precisamente el Tribunal Constitucional— por leyes inadecuadas o por acciones de políticos en ejercicio que la han llevado al límite al desobedecerla flagrantemente, como sucedió con los independentistas catalanes que lideraron el sabotaje democrático del 6 y el 7 de septiembre de 2017. También sucedió así con condenas a raperos y cantantes encarcelados por decir cosas malsonantes a consecuencia de una interpretación excesivamente restrictiva de la libertad de expresión y que no parece ajustada a la comprensión que de ella incorpora la Constitución. Hoy vive la Ley Fundamental en un estado de hibernación relativa: protegida a voz en grito y con grandes aspavientos por parte de los mismos que la desacatan sin escrúpulo tanto desde las fuerzas políticas, y en particular el PP, como por parte de la cúpula judicial enrocada en un desafío al mandato constitucional que deja inerme e inoperante el texto que dicen proteger con sus sentencias.

Un año después las cosas no han mejorado y el tiempo transcurrido solo delata una frivolidad política que roza la desfachatez institucional. Este periódico ha pedido en numerosas ocasiones al Partido Popular y al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial que cumplan con su obligación legal y sustraigan a la población del espectáculo deplorable de un puñado de magistrados atrincherados en sus puestos durante cuatro años, y a la espera de seguir uno más en ellos. Actúan de forma pública más como arietes políticos del desgaste del Gobierno que como servidores públicos. Las etapas de gobierno del PP han vivido la alternancia del Poder Judicial tanto en lo que concierne a la renovación en tiempo y forma del CGPJ como del Tribunal Constitucional, pero cuando gobierna la izquierda son esas dos las instituciones que el PP mantiene bloqueadas y en el aire para perpetuar su mayoría conservadora en ellas. Durante toda la etapa democrática ha habido en el Tribunal Constitucional —que es un órgano político-jurídico— siete magistrados de un sector (progresista o conservador) y cinco del otro, de acuerdo con el perfil ideológico del Gobierno que debe elegir a dos de sus magistrados cada nueve años. Según contaba este mismo martes este periódico, empieza a calar en numerosos entornos políticos y jurídicos la resignada sensación de que el PP busca perpetuar su mayoría conservadora en lo que deberían ser órganos de representación de las diferentes mayorías parlamentarias, como mandata la Constitución.

Es difícil dejar de ver el teatro de la impostura en los discursos pronunciados este martes por responsables políticos y judiciales que están incumpliendo abiertamente la Constitución pero con los brazos pobladísimos de floridas puñetas. La tomadura de pelo de celebrar la Constitución, ejecutada bajo la solemnidad del respeto a las instituciones, desnuda todavía un poco más la dejación de funciones y la manipulación política a la que un sector del Poder Judicial está sometiendo la convivencia de los españoles. La denuncia formal de esa conducta, a día de hoy impune y sin consecuencias, quizá debería dejar de ser solo periodística.