El Constitucional queda a expensas del pleno del Poder Judicial del 22 de diciembre para decidir sobre los designados por el Gobierno

El Tribunal Constitucional va a celebrar un pleno extraordinario a finales de este mes o a comienzos de enero para decidir si da el plácet a los dos magistrados que el Gobierno designó el pasado 29 de noviembre para este tribunal, Juan Carlos Campo y Laura Díaz. El presidente del órgano de garantías, Pedro González-Trevijano, se ha comprometido a convocar esa reunión en cuanto conozca la decisión que tome el Consejo General del Poder Judicial sobre los otros dos magistrados, cuyo nombramiento llevan bloqueando desde hace cinco meses ocho vocales de ese órgano elegidos a propuesta del PP.

El bloque conservador (6 de los 11 integrantes del Tribunal) no es partidario de celebrar en los próximos días un pleno extraordinario para decidir sobre los dos magistrados elegidos por el Gobierno, entre otras razones porque en su seno sigue siendo claramente mayoritario el criterio de que el tribunal debe rechazar el plácet mientras no vengan acompañados de los dos magistrados elegidos a propuesta del Consejo del Poder Judicial. Este criterio se apoya en la previsión de la Constitución, que estipula que el tribunal ha de renovarse por tercios (cuatro miembros del total de 12) cada tres años. Ahora bien, en el mismo sector conservador ha empezado a abrirse paso la tesis de que el tribunal ha de tener en cuenta que el Consejo del Poder Judicial no puede incumplir indefinidamente el mandato de la propia Constitución y de la Ley para nombrar a dos magistrados.

El sector progresista (5 de los 11 magistrados) no tiene la menor duda de que el Constitucional debe dar el plácet a los dos magistrados que ha designado el Gobierno, tanto si en el Consejo se acuerdan los otros dos nombramientos que le corresponden o el sector conservador sigue dando todo tipo de pretextos para no hacerlo. Sobre la cuestión de fondo, por tanto, no hay división alguna en el grupo progresista.

La situación del Constitucional coloca en el disparadero a su presidente, el conservador Pedro González-Trevijano, que durante su mandato ha tratado de evitar divisiones en el tribunal, de la mano del vicepresidente, el progresista Juan Antonio Xiol. Trevijano mantuvo bajo su liderazgo al sector conservador para tumbar los decretos sobre el estado de alarma, una sentencia que el PP trató de aprovechar a fondo contra el Gobierno.

Pero el presidente del tribunal de garantías sabe ahora que la decisión sobre el plácet a los juristas designados por el Ejecutivo puede hacer saltar por los aires su política de apaciguamiento interno si el tribunal se suma a la estrategia de entorpecimiento de la renovación de las instituciones que ha supuesto que el Poder Judicial lleve cuatro años en funciones, con el mandato caducado. La “pax trevijana” —como la llaman en el propio órgano de garantías— se habrá acabado si en el pleno que se celebrará a la mayor brevedad tras el próximo 22 de diciembre no se da el beneplácito a la incorporación de Campo y Díaz, los dos nombres elegidos por el Gobierno, al Constitucional.