Una frágil esperanza para el Consejo

La decisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, de presentar su dimisión efectiva desde este lunes ha llevado al extremo una emergencia política que debió estar resuelta mucho antes: la crisis que está viviendo España en el Consejo ha sobrepasado hace mucho tiempo cualquier límite imaginable de respeto a la institucionalidad democrática con un único responsable, el Partido Popular. Esta formación política cerró hace cuatro años un pacto con el PSOE para la renovación de los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces, tal y como ordena la Constitución, pero lo incumplió tras arrastrar por el suelo la dignidad de un magistrado conservador, Manuel Marchena, al que iba a colocar como presidente. Marchena renunció a presidir la cúpula judicial tras hacerse pública una conversación privada entre diputados del PP que presumía de su connivencia político-judicial.

La convocatoria del presidente del Gobierno al líder de la oposición en La Moncloa en la mañana de este lunes se tradujo en una reunión de tres horas con dos partes: una primera a solas y otra con la participación de quienes llevan las negociaciones en el campo judicial por ambos lados, Félix Bolaños y Esteban González Pons. De acuerdo con las declaraciones posteriores, de la larga reunión ha salido el compromiso por ambas partes de intentar por última vez acordar la renovación de los vocales del CPGJ y también las cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, aunque el PP no tenga ningún papel sobre estos últimos nombramientos, que corresponden al Gobierno y al Poder Judicial.

Las declaraciones públicas de unos y otros encierran una esperanza de acuerdo ante una situación límite. Pero esa esperanza se enfrenta todavía a incertidumbres. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, publicó un tuit donde parece sugerir que la renovación del Poder Judicial no tiene por qué estar condicionada al cambio del sistema de elección de 12 de los 20 vocales, de manera que sean los jueces directamente quienes lo hagan y no de manera indirecta como ahora.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha urgido durante todo este tiempo a cumplir la Constitución y a renovar antes de entrar a estudiar o valorar cualquier otro planteamiento, aunque este lunes jugara en sus declaraciones públicas con la ambigüedad sobre la reforma, en lo que parece un intento de no arruinar el comienzo de las negociaciones con el líder de la oposición. El PP ha situado reiteradamente al mismo nivel esa exigencia de cambiar el sistema de elección mediante una reforma legal —aunque la UE muestra diferentes modelos sin que exista un sistema único— y el mandato constitucional y legal de renovar en plazo el Consejo General del Poder Judicial.

Pero hay que reiterar que la primera urgencia institucional es la que corresponde al partido que ha estado bloqueando la renovación de un órgano que pronto cumplirá cuatro años con el mandato caducado (en diciembre de este año). Su irresponsabilidad hacia el cumplimiento de las reglas básicas del juego democrático ya están provocando un daño cierto al Tribunal Constitucional, paralizado en sus decisiones clave sobre leyes muy importantes —aborto, eutanasia, educación—, dado que tiene cuatro de sus jueces con el mandato finalizado desde el pasado 12 de junio. La responsabilidad en este caso es de un grupo de ocho vocales rebeldes del Consejo, elegidos en su día por el PP, que bloquean el nombramiento de los dos magistrados del Constitucional en un claro incumplimiento de la ley aprobada el pasado 28 de julio. Una ley que el PP de Pablo Casado había pactado en octubre de 2021 con el Gobierno de Pedro Sánchez y que Alberto Núñez Feijóo ignoró para censurar al Ejecutivo y prolongar el bloqueo.

Las obligaciones constitucionales de los partidos democráticos no pueden depender de que se haga un cambio legislativo que el PP reclama ahora como imprescindible, pero que lleva prometiendo desde hace 25 años y que nunca hizo cuando gobernó en dos periodos muy recientes de la historia de España. En esos años, nadie en Bruselas exigió que los jueces eligieran a la mayoría absoluta de los vocales del Consejo. Ni siquiera hoy, por mucho que se desinforme, existe una norma europea en ese sentido que obligue a España, cuyo modelo vigente desde 1985 está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional.

La esperanza de que puedan acabar las maniobras dilatorias para negociar la renovación es una buena noticia. Pero roza lo estrambótico que haya que felicitarse por la disposición del PP a sentarse a negociar la salida de un bloqueo que ha provocado él mismo. Las continuas argucias para mantener la negociación empantanada solo han servido para ganar tiempo y situar a la justicia al borde del precipicio, con efectos nocivos para los ciudadanos. Esa estrategia perpetúa la actual incoherencia democrática de que durante cuatro años haya seguido en el CGPJ la mayoría de los vocales que fueron nombrados cuando Mariano Rajoy disfrutó de su mayoría absoluta en 2011.

Lo último que debería suceder es que este encuentro entre Sánchez y Feijóo vuelva a desembocar en una frustrante ausencia de respuesta a un problema constitucional tan grave. La lesión directa de los intereses de los ciudadanos, las múltiples vacantes sin cubrir en distintos tribunales superiores y en el Supremo, y el obligado cumplimiento de la Constitución, no pueden depender del interés del PP por mantener una mayoría conservadora perpetua en el Consejo y en el Constitucional. En las próximas horas o días —la crisis que desencadena la tardía dimisión de Carlos Lesmes no admite demoras y contamina injustamente la imagen de miles de jueces que hacen honestamente su trabajo— veremos si se impone la responsabilidad o estamos una vez más ante una mera escenificación de la moderación.