editorial
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Proteger al Constitucional

Los nombramientos del Gobierno para el tribunal de garantías no contribuyen a mejorar la imagen de una institución desprestigiada

Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.
Sede del Tribunal Constitucional en Madrid.ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / Europa press

Si la democracia es respeto a la ley, el Partido Popular lleva cuatro años dañando a la democracia. El Estado de derecho que rige en España se ha llenado de grietas por su bloqueo para impedir la renovación y el correcto funcionamiento de órganos clave como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de los jueces lleva cuatro años caducado. Su presidente desde 2013, Carlos Lesmes, dimitió hace dos meses, harto de esperar a que el partido que lo colocó en el cargo (bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy de 2011) cumpliera con la ley. El CGPJ lleva también dos años maniatado por la reforma legal del Gobierno que le impide nombrar altos cargos judiciales tras caducar su mandato.

El Tribunal Constitucional está paralizado por la insubordinación de ocho vocales del Poder Judicial, elegidos a propuesta del PP, que desde hace cinco meses se niegan a acordar los dos magistrados para el tribunal de garantías que les corresponde designar. El Gobierno, cansado de espera a que el Poder Judicial cumpla su parte, designó este martes a los dos magistrados que le corresponde elegir según la Constitución.

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Aunque la naturaleza del Tribunal Constitucional es jurídico-política, en España la tradición es alejar de un perfil partidario a los miembros de una institución estratégica para la democracia. El PP rompió la tradición hace años imponiendo como magistrados de este tribunal a su diputado Andrés Ollero, a su afiliado Francisco Pérez de los Cobos, o al ariete contra los gobiernos socialistas desde el CGPJ Enrique López, hoy consejero de Justicia de Isabel Díaz Ayuso.

Pero la conducta del PP no ampara la elección que acaba de hacer Sánchez al designar como magistrados del Constitucional a Juan Carlos Campo —ministro de Justicia hasta hace año y medio— y Laura Díez —directora general de Asuntos Constitucionales hasta hace seis meses—. Este miércoles, el comisario de Justicia europeo, el conservador Didier Reynders, recordó que en otros constitucionales de la UE hay exministros. No es la tradición en España y, sobre todo, la erosión que vienen sufriendo las instituciones de la justicia en nuestro país obligaba al Gobierno a no contribuir más a su degradación. Según expertos juristas, ambos futuros magistrados deberán abstenerse de recursos presentados por el PP contra leyes que Campo defendió como ministro y que Díez pudo informar como directora general. La apariencia de independencia e imparcialidad queda tocada, sin cuestionar los méritos jurídicos de ambos.

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