¿Más impuestos o más donaciones públicas a los bancos?

El Gobierno quiere crear un impuesto extraordinario y temporal a los bancos ¿Es sensato, adecuado y prudente? Nosotros creemos que sí.

El 30 de agosto, el Gobierno presentó una proposición de ley que impone a determinados bancos españoles la obligación de pagar durante dos años un gravamen del 4,8% calculado sobre determinados conceptos contables de su cuenta de resultados. La expectativa del Gobierno es obtener alrededor de 1.500 millones de euros cada año, con el fin de garantizar un reparto equitativo de los costes de la inflación entre la sociedad española.

El Parlamento español solicitó un dictamen al Banco de España sobre la proposición de ley que trasladó al Banco Central Europeo por tener la competencia consultiva. El pasado 2 de noviembre se hizo público el dictamen del BCE que, sintéticamente, recomienda valorar las posibles consecuencias negativas del impuesto sobre el sector bancario español, en particular sobre su resiliencia, la concesión de créditos y la estabilidad financiera en general. El dictamen ignora absolutamente los efectos nocivos que la política monetaria del Eurosistema ha tenido sobre las cuentas públicas de los Estados miembros del área euro, dictada por el BCE y ejecutada por cada banco central contra su patrimonio, el del Banco de España en nuestro país.

Desde 2016, y de manera acentuada desde 2020, en el marco de las medidas de política monetaria practicada por el BCE, se han concedido préstamos a largo plazo por los bancos centrales nacionales a los bancos.

Estos préstamos (denominados TLTRO II y III) son operaciones en las que el importe prestado por el banco central es superior al importe devuelto por los bancos, una práctica crediticia anómala que jamás había sucedido en el pasado, escondida bajo el sintagma “intereses negativos”. A ninguna persona medianamente instruida se le escapa que los intereses de un préstamo nunca pueden ser negativos, que otorgar un préstamo pactando su devolución por un importe inferior al prestado supone una pérdida para el prestamista y un regalo, donación o subvención para el prestatario, que podría ser calificada como “ayuda de Estado” cuando este es el prestamista, como es el caso.

Esta política monetaria, dictada por el BCE y ejecutada por los bancos centrales del área euro, ha supuesto a la banca europea, solo en el año 2021, unos beneficios extraordinarios que estimamos del orden de 20.000 millones de euros, y que por idéntico importe han supuesto pérdidas para el conjunto de Estados del área euro, como accionistas únicos del banco central del país. En concreto, Alemania, Italia o Francia han perdido en 2021 más de 4.000 millones de euros cada una por la política monetaria practicada por el Eurosistema. España, según muestran las cuentas del Banco de España, perdió 2.863 millones en 2021. Acumulado desde 2018, el total asciende a 6.678 millones y llegará hasta casi 10.000 millones a final de 2022.

Para varios bancos españoles, estas ganancias extraordinarias han resultado clave en los resultados contables mostrados en los años 2020 y 2021. Los beneficios de los cinco mayores bancos españoles fueron hasta septiembre de 2022 15.754 millones de euros, 5.863 por su actividad solo en España, un 32% más que en el mismo periodo de 2021.

El Eurosistema, que debe ser consciente del problema, acordó en el Consejo del BCE del 27 del pasado octubre que, desde el 23 de noviembre de este año, en las operaciones de préstamo a largo plazo pendientes (TLTRO III) los bancos verían reducidas e incluso anuladas sus ganancias extraordinarias, e incluso se les ofreció la posibilidad de cancelar los préstamos anticipadamente.

A pesar de tratarse de una política monetaria sin precedentes, y ciertamente extravagante, si el Banco Central Europeo, el Banco de España, o ambos, hubieran dictado (o al menos recomendado) que tales ganancias extraordinarias de los bancos y obtenidas a costa de los ciudadanos no podían ser distribuidas y debían ser utilizadas para reforzar su baja solvencia (los bancos españoles son en conjunto los menos solventes de Europa) el dictamen del BCE ganaría autoridad y el Gobierno haría bien en tomarlo muy en consideración.

Pero no ha ocurrido así, y de esta forma mientras los hogares, las empresas y el Estado se enfrentaron a la crisis financiera, la pandemia y ahora a la inflación, los bancos recibían donaciones del Estado que utilizaron no para mejorar su solvencia, sino para pagar elevados salarios y bonus a sus administradores y altos ejecutivos, repartir dividendos a sus accionistas y recomprar acciones propias.

Pero hay más por venir. La subida de tipos de interés en marcha como respuesta a la alta inflación hace que los bancos centrales tengan ahora que pagar a los bancos por los saldos que estos mantienen en el BCE. Esos saldos son elevadísimos, del orden de cuatro billones de euros (un tercio del PIB de la eurozona). Y son consecuencia, en gran parte, de las políticas de expansión monetaria de los últimos años. Esos saldos se remuneraban hasta hace unos meses a tipos ligeramente negativos, pero ahora son casi del 2% y subiendo.

Se estima en cantidades del orden de 80.000 millones de euros lo que tendrá que abonárseles a los bancos por estos saldos en los próximos 12 meses. ¿Tendrá esto efecto sobre la solvencia de los bancos centrales?

Por ejemplo, la remuneración por los depósitos de los bancos españoles en el Banco de España podría ascender hasta los 4.000 o 5.000 millones de euros, lo que consumiría todo su patrimonio (apenas 1.800 millones de euros) y podría forzar al Gobierno a su recapitalización, o proceder a la venta de oro que contiene plusvalías no realizadas superiores a 13.000 millones de euros.

A la luz de estos datos y consideraciones, el impuesto temporal que el Gobierno quiere aprobar y del que espera recaudar un total de 3.000 millones en dos años es justo y razonable, y sobre todo prudente pues la cantidad que se pretende obtener apenas representa un tercio de lo que el Estado ha perdido en beneficio de los bancos en los últimos cuatro años. No nos extrañaría que se extendiera a otros países.

Y es otro paso para afrontar los graves problemas que la lucha contra la alta inflación plantea en un entorno de elevado nivel de deuda y alta desigualdad.