Impuestos asumibles

El Banco Central Europeo (BCE) ha asestado esta semana un duro golpe a la intención del Gobierno de imponer el nuevo impuesto que la banca deberá abonar durante dos años. El informe es inusualmente crítico con el nuevo tributo transitorio, y a pesar de que no es vinculante y no frena en ningún caso su tramitación parlamentaria obliga al Ejecutivo a buscar el modo de evitar un choque con el supervisor bancario europeo y la máxima autoridad monetaria del continente. El documento reclama un “análisis exhaustivo” de sus consecuencias negativas. Exige que Hacienda informe del impacto sobre la rentabilidad de los bancos y excluya todo tipo de riesgos sobre la estabilidad financiera, la resiliencia del sector y la concesión de créditos. Arroja dudas sobre el encaje legal, al pedir aclaraciones sobre la base imponible de la nueva figura tributaria. Y obliga al Ejecutivo a detallar los mecanismos que empleará Competencia para verificar que la banca no acabe trasladando ese coste a los clientes: el BCE entra en esa promesa de Pedro Sánchez y, a diferencia del objetivo declarado por el presidente, se muestra a favor de que sean los clientes quienes finalmente sufraguen el coste del nuevo tributo.

El Ejecutivo ya ha advertido que seguirá adelante. Al tono inusualmente crítico del BCE, el presidente del Gobierno respondió con un ataque inusualmente directo al vicepresidente del BCE —y exministro del PP—, Luis de Guindos, considerado uno de los padres intelectuales del informe. No le conviene a España entrar en un cuerpo a cuerpo con el Eurobanco, pero cabe recordar que es el propio BCE, en su última decisión, el que ha laminado la rentabilidad del sistema financiero con la retirada de parte de sus medidas de liquidez. Su economista jefe, Phillip Lane, abogó recientemente por ayudar a los hogares y empresas más golpeados por la escalada inflacionista mediante mayores impuestos a los ciudadanos más ricos o a las empresas más rentables; también el FMI se ha mostrado con claridad a favor de que los sectores con mayores márgenes contribuyan a financiar el gasto público en momentos de gran incertidumbre. El Gobierno identificó en su día a las energéticas y la gran banca como los sectores que más deben contribuir a socorrer a los más vulnerables. La reactivación económica tras el parón de la pandemia y la sucesión de subidas de tipos de interés por parte del BCE se han reflejado en un fuerte aumento de los beneficios en las cuentas del sector bancario. Pero Fráncfort se agarra a que el gravamen entorpecerá la política monetaria que está desplegando para tratar de combatir la inflación.

El Gobierno tiene en su mano argumentos de peso para defender el impuesto. En primer lugar, el impacto recaudatorio es muy limitado en un momento de fuerte incremento de los beneficios. Además, los bancos están trasladando con retraso a los depósitos la fuerte subida del precio del dinero, algo que se ha dejado notar automáticamente en sus ratios de rentabilidad y solvencia. El Ejecutivo alega además que el impuesto forma parte de un paquete más ambicioso que pretende cumplir con las demandas expresadas por los organismos internacionales: permitir políticas focalizadas en ayudar a los más desfavorecidos sin elevar el ya de por sí abultado déficit. El sector público tuvo que salir la pasada crisis a rescatar a las cajas de ahorro con unas muletas que en el caso de España incluyeron un rescate europeo de más de 40.000 millones a cambio de duras condiciones; el Estado da por perdidos ya en las ayudas a la banca más de 73.000 millones, una cifra que aún no está cerrada. Ahora se le pide que aporte 3.000 millones en dos años, cuando los beneficios de las seis mayores entidades rondaron los 5.800 millones hasta septiembre y podrían irse hasta los 10.000 millones a final de año.

El monto que pretende recaudar el Ejecutivo no parece inasumible para el sector, a la luz de esas cifras, y ante la evidencia de las graves dificultades que atraviesa gran parte de la ciudadanía. Pero al Gobierno le toca ahora afinar esa propuesta con un encaje legal irreprochable: ignorar al BCE nunca es una buena idea, aunque el BCE sea la autoridad monetaria, y no la autoridad fiscal, y a pesar de que Luis de Guindos sume a su condición de banquero central la de expolítico próximo al PP e integrante de sus gobiernos.