La banca celebra el dictamen del BCE sobre el impuesto pero cree que no lo frenará

El sector financiero esperaba con ansia el dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto extraordinario a la banca. Era su última baza para frenar la propuesta del Gobierno de coalición. La respuesta llegó este jueves, cuando la institución que preside Christine Lagarde advirtió sobre una serie de riesgos que el Ejecutivo debe tener en cuenta, especialmente sobre el peligro de que el tributo conlleve una disminución en la concesión de crédito. Además, considera necesario un “análisis exhaustivo” de las “posibles consecuencias negativas”, coincidiendo con las discrepancias expuestas por la banca durante los últimos meses. Se trata de un espaldarazo para el sector, aunque la realidad es compleja: el Ejecutivo no da marcha atrás y la banca, que exige que se haga pública la evaluación a fondo del impuesto que reclama el Eurobanco, ya se resigna a que el proyecto siga adelante a pesar de la reprimenda del BCE.

El criterio de la autoridad monetaria se ha conocido en plena tramitación parlamentaria del gravamen. Es decir, el proyecto del Gobierno se encuentra en el plazo para incluir modificaciones en la tasa o, incluso, poder frenarla. Pero no parece que vaya a ocurrir ni una cosa ni la otra. “No es una gran sorpresa recibir un dictamen del BCE cuando se plantea poner este tipo de gravamen. Todas las cuestiones que suscita ya las hemos analizado al preparar la propuesta, que sigue su curso en la tramitación parlamentaria”, ha asegurado este viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, tras un encuentro con inversores internacionales en Londres. También se pronunció al respecto el presidente, Pedro Sánchez, durante la cumbre hispano-portuguesa: “Estudiaremos el informe, pero el Gobierno sigue con su hoja de ruta”, zanjó.

De esta forma, el Ejecutivo mira para otro lado. Y rebate los riesgos que expone el banco central: fuentes gubernamentales insisten en que no es vinculante. Que ya se ha hecho el análisis pertinente —el sector financiero reclama que se haga público— y se ha tenido en cuenta en el diseño del impuesto. Sobre el impacto en la solvencia y rentabilidad de los bancos, estas fuentes sostienen que se trata de entidades con unos altos beneficios a las que no afectará en demasía una tasa que, además, es temporal. Y que la traslación del coste fiscal al precio de los clientes no estará permitido por la propia norma. “No creemos que pueda tener un impacto grave en las entidades financieras”, añaden fuentes ministeriales.

La postura del Gobierno es totalmente opuesta a la lectura de la banca: “El dictamen ha sido muy duro”; “el BCE no tiene claro que se haya realizado el análisis necesario previo”; “no es ni el momento ni el instrumento adecuado”, y “no es vinculante, pero es contundente”. En estos términos se expresan media docena de fuentes del sector financiero que consideran que el Eurobanco, dentro de sus posibilidades, ha dado un varapalo considerable al Ejecutivo. Una opinión que, además, se podría utilizar si terminan recurriendo el impuesto en los tribunales, no como base jurídica pero sí para defender falta de justificación.

La vicepresidenta primera solo realizó una pequeña concesión este viernes. “En el trámite parlamentario se podrán incluir todas las mejoras que considere el poder legislativo”, ha afirmado Calviño. La también ministra de Economía, a renglón seguido, ha vuelto a dejar clara su intención. “Por supuesto que vamos a seguir adelante con este gravamen”. Ni siquiera ha variado su posición sobre la posibilidad de que los bancos puedan repercutir este coste fiscal en sus precios, como pedía el BCE. “Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes. Además, en la proposición de ley se garantiza que esto sea así”, ha subrayado la vicepresidenta en Londres.

Mínimos cambios

Con estos ingredientes, quedan pocos optimistas entre los principales bancos del país. Casi todos dan por hecho que el impuesto saldrá adelante y, además, sin cambios o con modificaciones mínimas. “Parece que puede haber algún cambio con lo del límite de los 800 millones de euros en la suma de margen de intereses más comisiones, por la salvedad en ese aspecto del BCE”, esgrimen fuentes financieras. Sin embargo, eso queda también a expensas de las propuestas de los grupos parlamentarios. El dictamen del Eurobanco recoge sus reticencias por los efectos nocivos que pueda provocar, tanto en España como en la zona euro: “La aplicación del gravamen únicamente a determinadas entidades de crédito españolas podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones”, recoge el texto del organismo con sede en Fráncfort.

Javier Santacruz, economista del Instituto Español de Analistas Financieros, se pronuncia en la misma dirección. “[El dictamen] detecta deficiencias técnicas en la propuesta legislativa que producen inseguridad jurídica y afecta tanto a la salud de las entidades de manera individual como en el conjunto del sistema. Y, por otro lado, no existe una evaluación del entorno actual y de los próximos trimestres de cómo afectará, no solo al comportamiento esperado de las entidades financieras, sino también a la propia evolución de la economía nacional”.

Las principales asociaciones de consumidores financieros discrepan del dictamen. Asufin defiende que no se trata de una normalización de los tipos de interés. “Son beneficios caídos del cielo, como se suele decir, y lo estamos viendo en los resultados de las entidades”. También Adicae se ha mostrado contraria. “La posición del banco central apostando por el traslado a los consumidores del tributo constituye un despropósito mayúsculo y un ataque directo a los consumidores”.

Entre las patronales, la asociación bancaria CECA, que engloba a las antiguas cajas de ahorros, emitió un comunicado en el que expresaba una valoración positiva sobre la opinión del BCE. “Se trata de un informe sólido y contundente emitido por un organismo de reconocido prestigio. El regulador europeo viene a confirmar los efectos perjudiciales que se han puesto de manifiesto por parte del sector desde que se anunció la medida”. A lo que añadió: “Desde CECA se espera que durante la tramitación de la norma se tenga en cuenta la opinión del BCE”.