El Gobierno cita a los grandes banqueros, pero no admitirá presiones en el diseño del nuevo impuesto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado martes en el debate sobre el estado de la Nación un nuevo impuesto a la banca con el que espera recaudar 3.000 millones entre 2022 y 2023. Sin embargo, no tiene aún del todo perfilado cómo se va a articular este tributo. El Ejecutivo asegura que no negociará con las patronales bancarias y solo les trasladará la propuesta de la nueva figura impositiva cuando esté totalmente diseñada, aunque aún habría tiempo de incluir pequeños cambios. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha citado a los grandes banqueros el próximo viernes en la sede del Ministerio de Economía a una reunión a la que también acudirán las asociaciones del sector y el Banco de España. Fuentes financieras califican el impuesto como una “improvisación” que les ha castigado en los mercados: entre el martes y el jueves, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Bankinter, Banco Sabadell y Unicaja perdieron casi 9.000 millones de capitalización bursátil.

El malestar crece en el sector financiero por el desconocimiento del nuevo gravamen y por el varapalo sufrido en Bolsa. En la sesión del viernes y de este lunes se ha recuperado algo, aunque lo hace poco a poco: ya han recobrado un tercio y el retroceso es ahora de 6.000 millones, todavía una cifra superior a lo que se espera ingresar. “Los mercados siempre ven mal la improvisación”, sostienen fuentes financieras. En este contexto, el Ejecutivo confía en que las entidades, a pesar de no haber restablecido los niveles de negocio prepandemia, no repercutan este coste a los clientes.

Sobre el esfuerzo que se le reclama al sector, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha incidido en varias ocasiones que no lo tendrán que pagar los usuarios. “Tranquilidad absoluta a los consumidores y a las personas usuarias de las entidades financieras y, por supuesto, a todo el mundo. Se trata de lo contrario, de hacer una redistribución de las cargas que se vienen provocando por motivos del incremento de la inflación y de la guerra de Ucrania”, ha afirmado la titular del ramo. En esta misma línea se ha posicionado este lunes la vicepresidenta Calviño: “No tiene sentido que haya un planteamiento” de repercutirlo a los ciudadanos.

El tiempo corre en contra del Ejecutivo: tiene que aprobar el nuevo impuesto antes de acabar el año para que no haya problemas jurídicos por la retroactividad. Entre las alternativas que se barajan para gravar al sector financiero, la más viable es un tributo sobre el total de los intereses y las comisiones que cobran las entidades, siguiendo la estela de la Financial Activity Tax que propuso el FMI 2010.

El libro blanco de los expertos para la reforma fiscal hablaba en cambio de algo distinto: levantar la exención del IVA para la banca en la misma línea que ha propuesto Bruselas. “En relación con los servicios financieros, la Comisión Europea plantea dos posibles alternativas a la exención vigente: el gravamen pleno de los servicios financieros y de seguros y una tributación limitada a los servicios basados en comisiones (fees)”, recuerda el documento de los expertos. El Gobierno sostiene que aún no hay nada cerrado.

En el fondo, si se elige esta opción, se trata de seguir un esquema similar al que ya se hace con los seguros haciéndoles tributar un 8% por las primas. Solo que se intentaría que las grandes entidades lo hicieran por el conjunto de los intereses y comisiones. Aunque este impuesto se parece al impuesto del valor añadido, este no podrá deducirse como se hace con el IVA.

Subida de tipos

La justificación de Sánchez para solicitar este esfuerzo a los bancos es el beneficio que les va a generar las subidas de tipos del BCE. Sin embargo, estos ingresos adicionales no llegarán hasta al menos un año después, cuando los créditos vinculados al precio del dinero se revisen (las hipotecas, por ejemplo, se actualizan generalmente cada 12 meses).

“La subida de tipos de interés que ya anticipa el BCE es para luchar contra la inflación. Supone el inicio de la vuelta a la normalidad tras muchos años de tipos negativos, algo excepcional. Es difícil anticipar cómo evolucionarán los resultados de los bancos tras la subida de tipos oficiales”, explica José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca (AEB). En la misma línea se expresan los portavoces de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA): “La subida de tipos supone una normalización de la política monetaria, tras una década ultraexpansiva, y no podemos anticipar su impacto neto en los balances”.

De hecho, esta nueva figura impositiva llega con el sector todavía registrando una rentabilidad baja. En 2021 tuvo una mejora sustancial tras la debacle del año anterior, marcado por la pandemia: la rentabilidad sobre activos (ROA) se situó en el 0,7%, por encima del 0,5% de 2019, según el Banco de España. Aunque ese viento de cola se generó en parte por resultados extraordinarios, negativos en 2020 y positivos en 2021, y no por una recuperación total del negocio, según explicó el gobernador Pablo Hernández de Cos hace unas semanas en Santander: “Sin tener en cuenta estos resultados extraordinarios, el ROA se situó en el 0,57%, nivel similar al de 2019 (0,63%)”.

El impuesto tendrá que pasar además la tramitación parlamentaria: la idea es que lo presenten los grupos del PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley para acelerar los plazos y que la tasa esté lista antes de acabar el año. Además, al no hacerlo como proyecto de ley, el Ejecutivo evita la audiencia pública y multitud de informes preceptivos de organismos como el del Consejo de Estado. Así también se podría evitar el dictamen del BCE, aunque el eurobanco podría emitirlo de oficio como hizo con Lituania hace tres años.