Los haraquiris parlamentarios

El 18 de noviembre de 1976, los procuradores franquistas aprobaron por amplia mayoría la Ley para la Reforma Política, que fue ratificada un mes más tarde por la población española en referéndum. Considerada el pistoletazo de salida para la transición a la democracia, la ley anunciaba la celebración de elecciones legislativas libres, por sufragio universal directo y secreto. Por muchas garantías de continuidad e impunidad que se les ofrecieran, no dejaba de llamar la atención que hubieran sido los mismos representantes de la dictadura los que ahora aceptaran su desmontaje institucional. Por ello, aquella votación ha pasado a la historia como el “haraquiri de las Cortes franquistas”.

Por una vez, España sí fue diferente. Lo fue además, y esperemos que sirva de precedente, para bien. Generalmente, los haraquiris no han sido protagonizados por dictaduras, sino por sistemas democrático-liberales. Como de costumbre, Italia tuvo el dudoso honor de ser la pionera. Fue también un 18 de noviembre, en este caso de 1923. Un año antes, se había producido la Marcha sobre Roma y el ascenso de Mussolini al poder, designado por el real dedo de Víctor Manuel III. Pero la dictadura no se instaló inmediatamente; el juego parlamentario continuó hasta la aprobación de la llamada ley Acerbo, que modificaba la normativa electoral y permitía al Partido Fascista controlar a su antojo los resultados. El socialista Giacomo Matteotti, representante de la izquierda que intentó resistirse, fue asesinado unos meses más tarde, y Mussolini quedó sin oposición.

Como es bien conocido, Alemania fue la siguiente en la lista. Al contrario de la mentira que tantas veces suele repetirse, en enero de 1933 Adolf Hitler no disponía de mayoría en el Reichstag. De hecho, la suma de socialdemócratas y comunistas superaba ampliamente al partido nazi. Fue nuevamente la designación directa por parte de un jefe de Estado, el mariscal Hindenburg, la que lo convirtió en canciller. Tras el incendio del Reichstag, Hitler aprovechó la oportunidad para dar un golpe de mano y, en marzo de 1933, presentó la denominada Ley habilitante, aprobada por un Parlamento previamente depurado de diputados izquierdistas, que le otorgó todo el poder legislativo.

Francia, por su parte, no se quedó atrás. En julio de 1940, después de la capitulación frente a Alemania, pero sin que ningún nazi se lo exigiera, como clamaron más adelante, la Asamblea Nacional se reunió por iniciativa propia en el Gran Casino de Vichy. Allí aprobaron por aplastante mayoría la ley de plenos poderes constituyentes para el mariscal Philippe Pétain, que dio por liquidada la Tercera República para dar paso al Estado francés.

Ninguno de estos dictadores fue depuesto por la resistencia interior. Solo sucumbieron en el marco de una terrible guerra internacional. Franco murió en la cama, sí, pero porque fue el único dictador fascista que necesitó de una guerra civil para conquistar el poder y nadie ayudó después a ponerle remedio. En palabras del historiador Manuel Tuñón de Lara: “Jamás te avergüences de España: es el único país (…) que resistió tres años un golpe de Estado”. Un motivo de orgullo ahora que acaba de celebrarse la Fiesta Nacional.

Cien años después, Italia es, de nuevo, la primera en abrir la puerta a otro potencial haraquiri. El 13 de octubre de 2022, días antes del aniversario de la Marcha sobre Roma, Ignazio La Russa fue elegido presidente del Senado. Militante de Hermanos de Italia, La Russa se declara abiertamente fascista. Lo justifica haciendo uso del argumento francés, muy extendido en el país transalpino: Mussolini lo hizo todo bien; su único error fue pactar con los nazis, que lo obligaron a adoptar las leyes antisemitas de 1938 y a entrar en la II Guerra Mundial. En realidad, Mussolini fue una víctima más de Hitler. Que no fue exactamente así puede atestiguarlo Liliana Segre, la presidenta incidental del Senado, superviviente de Auschwitz. Convencer a tus compatriotas de que la culpa no solo la tienen los extranjeros puede ser, sin embargo, muy complicado. Segre también lo sabe bien: su propio marido, Alfredo Belli, igualmente contaminado de la tesis victimista, fue durante un tiempo candidato por el Movimiento Social Italiano, antecedente de Hermanos de Italia. La política siempre produce más paradojas de las que somos capaces de asimilar.

El victimismo es un arma poderosa. Puede terminar convirtiendo a los responsables de los desastres en mártires y allanar el camino de sus herederos al poder. A propósito de la Ley de Memoria Democrática, Santiago Abascal adoptaba recientemente sin complejos la vía italiana: “Quieren desenterrar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, al que ellos fusilaron (…) un hombre que antes de ser fusilado dijo unas palabras que a nadie pueden ofender: ‘Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles”.

Las palabras de José Antonio pueden ser loables, efectivamente. Pero habría sido mejor que todos sus actos anteriores no hubieran ido exactamente en dirección contraria. Cuando redactó su testamento, otro 18 de noviembre, en este caso de 1936, no le quedaba otra opción para intentar que le conmutaran la pena. Pero en plena libertad de movimientos, en su discurso de fundación de Falange Española, no sonaba tan conciliador al declarar que “ser rotas era el más noble destino de todas las urnas”. Palabras que a todos deben ofender.