Los derechos del mar Menor

La decisión ratificada por el Senado el miércoles tiene carácter histórico en el ámbito de la UE y se adelanta a procesos similares hoy sobre la mesa en el Loira en Francia o en el mar del Norte en Países Bajos. El reconocimiento de la personalidad jurídica al mar Menor comporta los derechos a la protección, conservación, mantenimiento y, en su caso, restauración de una zona muy maltratada. Esta actuación legislativa sitúa a la democracia española a la vanguardia de estas figuras de protección en el mundo y cristaliza un proceso respaldado por Naciones Unidas, llamado a ampliar el ámbito del derecho en todo el mundo, en la estela de la Constitución de Ecuador, del río Atrato en Colombia, de los ríos Wekiva y Econlockhatchee en Florida, o del bosque de Te Urewera en Nueva Zelanda, entre otros. La figura es pionera para una zona que está sufriendo las consecuencias de un modelo agrícola y turístico insostenible hasta el punto de haber hecho colapsar el ecosistema, llevándolo a extremos de precariedad históricos y casi irreversibles. Sin ir más lejos, en el último episodio de anoxia (es decir, la ausencia grave de oxígeno), se recogieron 15 toneladas de peces muertos.

El asunto tiene especial relevancia por la forma como se ha gestado, mediante una iniciativa legislativa popular (ILP) apoyada por 640.000 personas (bastantes más que el medio millón de firmas necesarias). La propuesta partió de Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Murcia, y fue acogida con entusiasmo por las plataformas ciudadanas y ecologistas. Llegó a generar un movimiento de rebeldía ante la degradación de la zona capaz de superar las exigencias que una ILP tiene en nuestro ordenamiento jurídico y, finalmente, el Senado la aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (con la excepción previsible e irrelevante de Vox).

Este reconocimiento supone pasar de considerar la laguna como objeto de protección a hacerlo como sujeto de derechos. La idea de fondo es que cualquier ciudadano puede personarse en los tribunales para exigir el cumplimiento de los nuevos derechos reconocidos. No son pocos los retos que esto supone para nuestro ordenamiento jurídico, que deberá hacer todo un ejercicio de innovación, pero es sobre todo una oportunidad para servir de inspiración contagiosa a otros países de nuestro entorno en los que se están planteando situaciones parecidas, y nada hace pensar que no sigan surgiendo. Ahora queda el desafío de hacer que estos derechos sean efectivos y hagan realidad la salvaguarda, protección y gestión de la laguna que algunos creen ya moribunda. Para ello, es fundamental que se trabaje, como se viene haciendo desde julio, de forma coordinada desde la Oficina Técnica del Mar Menor instalada en Murcia, encargada de ejecutar medidas de protección de la biodiversidad, de gestión agrícola, turística, etcétera.

Especialmente interesante es la forma de gobierno planteada, que consta de tres figuras: un Comité de Representantes compuesto por profesionales de las administraciones públicas implicadas y de la ciudadanía de los municipios ribereños, una Comisión de Seguimiento y un Comité Científico, integrado por un grupo independiente de científicos y expertos, universidades y centros de investigación. El gobierno solidario o participado deberá ejercer como “tutor” de la zona para garantizar el fin del proceso de destrucción del ecosistema del mar Menor y contribuir a su continuidad. Su aplicación no estará libre de dificultades, pero supone un relevante paso adelante y precedente pionero a escala europea.