Una nueva agencia estatal

Las partidas económicas aprobadas el martes por el Consejo de Ministros destinadas a las zonas devastadas por los incendios remediarán en parte el drama de tantas áreas calcinadas como ha vivido el país este verano. Junto al real decreto que obligará a instalar videovigilancia en todos los mataderos españoles, el Gobierno ha aprobado también destinar unos 1.400 millones este año a las comunidades para la rehabilitación de viviendas de alquiler, un área infradotada históricamente en España. El programa de ayudas aspira a pasar de las 30.000 viviendas rehabilitadas al año a 10 veces más.

La decisión estructural más relevante, sin embargo, nace de la experiencia inmediata del pasado en pandemia, y está destinada a reforzar la gestión federal del Estado de las autonomías. Nadie estuvo preparado en la primera hora para combatir la pandemia, pero la mayoría de los países europeos disponían de una herramienta clave para mejorar la coordinación de la información y las medidas a adoptar. Esa institución figuraba desde 2011 en la Ley de Salud Pública, pero hasta el martes ningún Gobierno había activado la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Salud Pública, que el Congreso tramitará por vía de urgencia. Llega con retraso y tras varios anuncios (el primero hace casi un año), pero los expertos la consideran crucial no solo ante el riesgo de una futura pandemia, sino ante algo menos excepcional: la valoración, estudio y prevención del estado de la salud pública bajo los estándares de calidad exigibles en una democracia desarrollada. Eso incluye información y análisis de enfermedades víricas y no víricas, como el cáncer o la obesidad, tal como señaló la ministra, Carolina Darias. Contra la pandemia, el Estado solo contaba con el Instituto de Salud Carlos III o el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y su media docena de funcionarios (enseguida reforzados) para manejar los datos que emitían distintos organismos y las mismas comunidades con diferentes criterios.

La actual indeterminación sobre su ubicación refuerza la voluntad de descentralización de instituciones que no hay razón alguna para que estén radicadas en la capital. Más cuestionable es la indefinición sobre su estructura y la dotación de personal, pero resulta clave la elevación del centro a agencia, lo que le otorgará personalidad jurídica propia e independencia efectiva del ministerio del que formalmente depende. Sus recomendaciones o indicaciones científicas darán fundamento a las decisiones políticas del Gobierno, pero en ambos casos deberán estar presididas por la transparencia y la publicidad que no siempre estuvieron presentes durante la pandemia.

La descentralización administrativa de la sanidad ha traído durante las últimas décadas enormes beneficios y un acercamiento de la gestión a los ciudadanos. Pero ha creado de forma paralela una muralla burocrática a la hora de analizar estadísticas y publicar datos que la nueva Agencia Estatal de Salud Pública puede y debe solventar para garantizar la mejor respuesta común sin alterar las competencias de cada administración.