Proteger a los más vulnerables

En la crisis del coronavirus aprendimos que proteger a las personas más vulnerables no solo era un imperativo moral sino la forma más eficaz de evitar muertes y luchar contra los estragos del virus. Lo que era evidente en una situación tan excepcional como la pandemia, no lo es tanto en una situación también excepcional como son las olas de calor, pero el desafío es exactamente el mismo.

Temperaturas extremas de más de 40 °C, y de hasta 46 °C en algunos lugares, como se alcanzaron en España, se han convertido en un grave factor de riesgo para la salud y la vida de las personas. Pero las olas de calor no golpean a toda la población por igual. Con los actuales precios de la electricidad, la climatización de la vivienda es un lujo que muchos hogares no pueden permitirse. Corresponde a las administraciones identificar la población de riesgo y tomar medidas para proteger la salud a las personas más vulnerables. Muchas ciudades, donde el efecto isla de calor agrava las consecuencias adversas del calentamiento global, han habilitado refugios climáticos en equipamientos y espacios públicos, pero todo indica que son insuficientes.

Entre el 10 y el 19 de julio se produjeron en España 1.047 muertes atribuibles a las altas temperaturas, según la estimación del exceso de mortalidad atribuible al calor del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Algunas de estas muertes han sido por golpes de calor, pero la mayor parte corresponde a muertes silenciosas por deshidratación o por descompensación de patologías de base, cuyas víctimas no han sido en muchos casos ni siquiera conscientes del peligro en el que se encontraban. La población de mayor riesgo son los ancianos que viven solos y quienes padecen patologías crónicas. Las de mayor riesgo son las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, la diabetes y la insuficiencia renal. Un estudio realizado en Cataluña indica que entre las personas de más de 60 años el riesgo de mortalidad por temperaturas extremas aumenta un 20%, y entre los mayores de 80 años, hasta un 40%. Para evitar muertes es decisivo desplegar una actuación preventiva coordinada de los servicios sociales y de la atención primaria de salud.

Lo ocurrido en el catastrófico verano de 2003 alerta de la importancia de una intervención temprana. La ola de calor que aquel año golpeó a Europa se cobró más de 10.000 vidas en la conurbación de París, una ciudad poco preparada para el calor. En España, estudios posteriores cifraron el número de víctimas en 6.600. En ambos casos, cuando los servicios de emergencia observaron la gravedad del fenómeno, ya era demasiado tarde. Según datos preliminares, esta última ola de calor ha sido la más extrema de las que se han producido en España desde que hay registros. El nuevo patrón climático en el que ya estamos obliga a revisar tanto los protocolos de protección como los dispositivos de emergencia.