A favor del transporte público

Las grandes ciudades han sido conquistas de la civilización que hace tiempo cargan con nuevos problemas imprevistos o inimaginables hace apenas unos años. En ellas vive más de la mitad de la población mundial, pero soportan tensiones diarias que empeoran sus condiciones de vida, tanto a escala local como global. Menos tráfico, más transporte público y un uso más racionalizado han sido demandas históricas que la pandemia ha actualizado tras los periodos de confinamiento y restricciones. En realidad, es una cuestión de mera supervivencia: el mayor hándicap de las grandes metrópolis es la contaminación que provoca un modelo de tráfico cimentado en el coche privado movido por combustibles fósiles. El 98% de la población española respiró en 2021 aire contaminado, por encima de los niveles que la OMS ve seguros.

Bajo esa misma lógica, el Gobierno decidió, además de los descuentos en Renfe, subvencionar el precio de los abonos del metro y autobús urbanos en un 30% y abrir la posibilidad de que los responsables del servicio ampliasen la horquilla hasta el 50%. Hasta el momento, solo cinco de las 17 ciudades españolas de más de 250.000 habitantes han acordado ese margen de bonificación universal, mientras que en otras cuatro la rebaja será algo mayor, aunque limitada a determinados colectivos vulnerables.

El objetivo de cualquier esfuerzo en este ámbito, por modesto que pueda resultar, ha de ser la continuidad estructural de la propuesta. Unos pocos meses de aplicación de la medida es casi descorazonador y de ahí que resulte indispensable la coordinación de los distintos niveles de la Administración para que sean políticas continuadas de futuro. Algunas capitales ya han dado pasos notables en esta labor. Barcelona comenzó el martes las obras de su proyecto más importante en movilidad en los últimos siete años con el objetivo de ganar 58.000 metros cuadrados para los peatones en el centro de la ciudad. Bilbao cumplirá en septiembre dos años con la velocidad limitada a 30 por hora, medida en la que se adelantó ocho meses a la entrada en vigor de los nuevos límites de velocidad urbana. Antes de que acabe el año, las 149 ciudades de más de 50.000 habitantes —y las de más de 20.000 con mayor polución— tendrán que haber creado sus zonas de bajas emisiones, vetadas al tráfico más contaminante, como fija la ley de cambio climático, aprobada en 2021, pese a los obstáculos judiciales con que tropezó su puesta en marcha en Madrid y Barcelona, y decenas de localidades están trabajando en su diseño.

El objetivo compartido no es forzar artificialmente un cambio de hábitos, sino generar las condiciones necesarias para que el uso creciente del transporte público redunde en favor de la ciudadanía en su conjunto en términos de calidad de vida, pero también de resistencia al cambio climático. Hay tiempo para sumar a más capitales.