Una oportunidad perdida

La reunión de la vicepresidenta tercera y la ministra de Industria con los consejeros de las comunidades autónomas a cuenta del plan de ahorro energético, en vigor desde este miércoles, ha dado una muestra más del deficiente funcionamiento de la gobernación cuando opera a través de organismos compartidos y en varios niveles de la Administración. Esa cogobernanza se ensayó fugazmente durante la pandemia y tampoco era nueva del todo. Fue el presidente Rodríguez Zapatero quien durante su mandato abrió la puerta a coordinar las competencias autonómicas y los acuerdos europeos con la participación de las comunidades en los consejos de la Unión Europea. En este caso, el cumplimiento de un compromiso internacional de España con las medidas de ahorro energético de la UE involucra a las comunidades autónomas porque de ellas dependen las competencias para hacer posible la aplicación de las medidas.

Pero tampoco esta vez ha funcionado con la fluidez y la mutua confianza exigible entre gobiernos. Ha prevalecido la alineación partidista y el cierre de filas por encima de los intereses de la población representada territorialmente por los líderes de las comunidades autónomas. Tampoco el Gobierno ha acertado en el procedimiento que gestó las medidas de ahorro, y en lugar de facilitar el intercambio de papeles y criterios optó por ofrecer una propuesta sin discusión previa. A pesar de la urgencia que invoca el Ejecutivo, podía haber sido más inclusivo y debía haber buscado la cooperación de la oposición y de las mismas comunidades en la medida que las necesitaba para que su aplicación funcionase de forma eficaz y sin generar una cacofonía mediática y política que perjudica el objetivo final del decreto mismo. La coordinación y el acuerdo necesarios —una eficiente cogobernanza— devienen casi imposibles cuando el Gobierno prescinde de la oposición y las comunidades y cuando algunas comunidades convierten el debate sobre el decreto en combustible para la erosión política del Gobierno.

Tampoco parece lo más recomendable, ni destaca por su sentido de Estado, que el Partido Popular utilice las competencias territoriales para amplificar el descontento ciudadano ante un plan con el que su líder nacional, y presidente del partido, hace 15 días estaba básicamente de acuerdo. El riesgo real de desabastecimiento en el invierno europeo es lo suficientemente grave como para evitar veleidades partidistas. La exhibición de esas divergencias daña el crédito de las administraciones públicas, devalúa su función política y emite un mensaje a la ciudadanía que no casa con la urgencia del ahorro energético. El problema es posiblemente estructural pero aflora de forma demasiado disruptiva en cada nueva situación de emergencia, como la actual crisis de precios de la energía generada por la invasión de Putin de Ucrania.

Salvadas las dificultades de concreción que implica una regulación tan específica para cientos de miles de comercios por todo el territorio nacional, el decreto que entra este miércoles en vigor permitirá ahorrar una energía que España tiene que pagar muy cara en los mercados internacionales, contribuirá a la autonomía estratégica europea frente a Putin y allanará el camino para el cumplimiento de los objetivos climáticos. Todos ellos son efectos ventajosos, pero el retorcido recorrido que ha seguido el decreto no puede dejar satisfechos ni al Gobierno, ni a la oposición ni a las comunidades autónomas.