El Gobierno mantiene su plan de ahorro energético pese al rechazo del PP, que exige su retirada

El Gobierno mantiene el decreto de ahorro energético, a pesar del rechazo del PP, que este lunes ha pedido la retirada inmediata del paquete de medidas aprobado hace una semana por el Consejo de Ministros y que entra en vigor el miércoles. Tras reunirse —junto a la ministra de Industria y Comercio, Reyes Maroto— con los consejeros autonómicos del ramo y un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido de que el decreto no se retira y que tampoco se va a retrasar su aplicación, como pedían algunas comunidades, como Cataluña. Preguntada por si las autonomías críticas habían presentado propuestas alternativas, Ribera ha asegurado que no lo han hecho durante la reunión por videoconferencia esta mañana, pero que se han comprometido a remitirlas por escrito al ministerio antes del 31 de este mes, por lo que estarían a tiempo de debatirlas e incluirlas en el plan de contingencia que el Gobierno tiene que presentar en septiembre. El plan de contigencia, junto a las medidas urgentes de ahorro energético, son los dos acuerdos que salieron del consejo europeo de ministros extraordinario de finales de julio en Bruselas.

La ministra ha comparecido pocos minutos después de que Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del PP, pidiera en una rueda de prensa “la retirada inmediata” del decreto de medidas de ahorro y reclamase la convocatoria de una reunión del presidente del Gobierno con los dirigentes autonómicos para abordar el asunto “esta misma semana”. “Sería muy lamentable que haya que llevar a rastras a Pedro Sánchez a una Conferencia de Presidentes. Si le queda algo de dignidad política debería suspender sus vacaciones y convocarla. Si 10 comunidades autónomas tienen que obligarle a hacerlo es que España ha dejado de tener un presidente legitimado para estar al frente del Gobierno”, ha añadido. Desde Lanzarote, Sánchez ha pedido “unidad y responsabilidad” al PP “para cumplir con los acuerdos de Bruselas y con el compromiso de solidaridad con el resto de países europeos”.

El Gobierno de la madrileña Isabel Díaz Ayuso ha liderado el rechazo a las medidas y las llevará al Constitucional “por invasión de competencias”. Preguntado por si esa será la vía en todas las comunidades gobernadas por el PP, Tellado ha dicho que cada autonomía tiene libertad para decidir qué hace, pero ha pedido al Gobierno que no les “obligue” a “judicializar” el conflicto. Fuentes del Ejecutivo madrileño insisten en que apagar los escaparates a las 22.00, como recoge el decreto, “crea una sensación de inseguridad clave para el turismo”. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, había ido incluso más lejos en sus propuestas al sugerir ahorrar en el “alumbrado nocturno” de las ciudades. Además de a apagar los escaparates, el decreto obliga a limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados el de la calefacción en invierno en comercios, grandes almacenes, cines y edificios públicos, con excepciones para los locales que tengan la necesidad de “mantener condiciones ambientales especiales”.

Cataluña y el País Vasco, gobernadas por ERC Y PNV (aliados parlamentarios de Sánchez), respectivamente, reclamaron durante la reunión telemática flexibilidad en la aplicación de los límites de temperatura, “claridad” en el articulado, más tiempo para aplicarlo y dinero para poder cumplir todas las medidas. Cataluña incluso ha planteado un aplazamiento en la entrada en vigor. “Ha sido una pérdida de tiempo”, han manifestado fuentes del Govern al finalizar la videoconferencia, informa Àngels Piñol. El País Vasco, por su lado, mantiene las críticas “a las formas” en que se ha elaborado el decreto, que considera que es más “efectista que efectivo”. La consejera vasca de Sostenibilidad, Arantxa Tapia, pide al Gobierno central que sea “sensible” con los sectores más afectados por la pandemia a la hora de aplicar las medidas.

Para Ribera, un aplazamiento supondría “un nuevo decreto” y eso, ha asegurado, “no va a suceder”. Un presidente autonómico del PP consultado por EL PAÍS asegura que solo tienen capacidad para vigilar el cumplimiento del decreto e imponer sanciones “aquellas administraciones que tienen sus propios cuerpos de seguridad y no todos los ayuntamientos”.

Pese al revuelo, ninguna comunidad ha amenazado durante la reunión con incumplir las normas, según Teresa Ribera. Preguntada por qué podría hacer el Ejecutivo si las autonomías —que deben vigilar que se acatan las nuevas normas e imponer sanciones si no es así— se niegan a acatar las medidas, la ministra ha respondido: “El Gobierno es respetuoso con la Constitución y con el Estado de las autonomías y ha hecho lo que está en su mano. Corresponde a las comunidades autónomas el cómo se aplica y se vigila. No podemos sustituir sus competencias”. Sin citar al PP, Ribera se ha referido a sus viejas críticas a la Generalitat de Cataluña por incumplir la ley: “Durante muchos años se ha recriminado a un Gobierno autonómico incumplir la Constitución con un mensaje reiterado de lo importante que es respetar las normas, así que confío en que esto se canalice hacia de qué manera se puede ser más eficaz y aportar ideas adicionales”.

El Gobierno ha insistido en que no tolerará “ninguna insumisión al decreto”, tal y como ha afirmado esta mañana en Algeciras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Le pedimos a Feijóo que, aunque le cueste, imponga su voz en el partido”, ha añadido. Montero ha insistido en que el Ejecutivo hará cumplir la ley. “No vamos a permitir que ninguna comunidad haga insumisión; ese camino, el de la insumisión, acaba mal, como se ha visto en otras ocasiones”, ha dicho durante la firma de convenios con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.