Pocas preguntas en la reunión entre el Gobierno y las comunidades para aclarar dudas sobre el ahorro energético

La reunión del lunes entre las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, e Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con consejeros autonómicos para abordar el decreto de ahorro energético se prolongó durante más de tres horas. Varias comunidades enviaron más de un consejero (de las áreas de Energía, Industria y Comercio) al encuentro, vía telemática, con el Gobierno, aunque no todos intervinieron. Pese al ruido de los últimos días, ninguna autonomía amenazó con incumplir el decreto, tampoco Madrid, que inició la tormenta política la semana pasada con un tuit de Isabel Díaz Ayuso. Pero solo Ribera, que definió la reunión como “muy cordial”, salió “contenta”. Un presidente autonómico del PP asegura, tras hablar con sus consejeros, que fue “un diálogo de sordos”. Para el Govern catalán, “una pérdida de tiempo”.

El consejero de Industria de Castilla y León, que habló casi al final, Mariano Veganzones, de Vox, criticó el “fundamentalismo climático del Gobierno”. “Se estaba expresando en un tono pausado”, recuerda un asistente a la videoconferencia, “y de repente soltó eso y empezó a hablar de las ‘agresiones’ del Gobierno a propósito del cambio climático” . Finalmente, apenas se habló del límite de temperaturas —el decreto obliga a tener el aire acondicionado a 27 grados y la calefacción a 19—, propuesta que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, había hecho hace apenas dos semanas. “Solo sacó ese tema la ministra”, asegura un asistente al encuentro. Madrid, que implicó a tres consejeros en la reunión, se centró, sobre todo, en criticar que se apaguen los escaparates a las 22.00, con el argumento de que la gente no podría verlos por la noche y eso afectaría al consumo. En línea con el discurso habitual de Ayuso, sus consejeros reivindicaron “la libertad”, en este caso, de las empresas, para decidir qué hacían porque las medidas ya aprobadas, añadieron, “dañarán la economía”. La Región de Murcia preguntó a las ministras si el Gobierno iba a dar ayudas al sector del comercio y del turismo por el “quebranto” que les pudieran causar las medidas de ahorro energético.

La ministra Maroto replicó diciendo que fue el propio sector comercial el que, con carácter previo, admitió que el apagado anticipado de los escaparates representa “un ahorro importante en la factura eléctrica”. También criticó “la confusión” generada por los dirigentes populares que hablaban de inseguridad por la pérdida de iluminación comercial cuando la clave de la seguridad en las calles es el alumbrado público, no de los establecimientos.

Andalucía, que también tuvo varios consejeros presentes en la reunión telemática, fue de las primeras en intervenir. La comunidad, gobernada por el PP, aseguró ser “solidaria con Europa”, pero insistió en que Europa había hecho “recomendaciones” y no obligaba a tomar medidas concretas, según fuentes asistentes al encuentro, lo que le afearon consejeros de autonomías gobernadas por el PSOE. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla también defendió que no se podía “obligar al sector privado” a aplicar esas restricciones y que las sanciones previstas por incumplimiento eran “excesivas”. Los representantes de la Junta, como los de la parte popular del Ejecutivo de Castilla y León, creen que “es mejor poner incentivos, que multas”.

Son las comunidades autónomas las que deben vigilar el cumplimiento del decreto de medidas de ahorro que entra en vigor este miércoles y sancionar a quien no lo acate. Este asunto también se abordó durante la charla. La Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, planteó las dificultades técnicas de las inspecciones. Pero en general, según las fuentes consultadas, no se hicieron muchas preguntas sobre el decreto. “Las comunidades del PP”, afirma el representante de una administración socialista, “decían casi todos lo mismo y con los mismos argumentos: que no se había consensuado. Iban con el ‘esto hay que retirarlo’, no con un ‘aclárame usted si…”.

Fuentes de gobiernos autonómicos del PP comparten que “las formas” han sido “chapuceras” o un “desastre” y que el Gobierno debería haberles consultado —el Ministerio alega que no había tiempo porque el 1 de agosto se ponía en marcha el contador del ahorro—, y dirigentes populares critican, asimismo, la postura inicial de amenazar con la insumisión. “Somos un partido serio, de Estado”, afirma un presidente autonómico. “El Gobierno se lo puso en bandeja a Ayuso y ella, que en unos meses ya estará de campaña electoral, aprovechó las vacaciones de todos y monopolizó el tema”, lamenta.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ofreció los recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que es presidente, para ayudar a “divulgar” el decreto y “concienciar” sobre la necesidad del ahorro energético. Caballero, muy criticado estos días por el PP debido al alumbrado navideño, propone ir cambiando el alumbrado público por luces LED e invertir en el aislamiento de edificios públicos (colegios, pabellones…) con fondos europeos.

Según los acuerdos refrendados por la Comisión Europea, a España le corresponde ahorrar un 7%. En septiembre, el Gobierno presentará en Bruselas un plan de contingencia adicional y ahí podrán incorporarse propuestas que las comunidades les hagan llegar hasta el 31 de agosto. Con las medidas ya aprobadas, el Ejecutivo confía en alcanzar entre un 4% y un 5% del ahorro total comprometido.