El PP exige que sus consejeros puedan pactar medidas para ahorrar energía

Continúa la guerra por el plan de ahorro energético del Gobierno. Los gobiernos autonómicos del PP rechazan que la reunión convocada para el martes por el Ministerio de Transición Ecológica sea únicamente para “aclarar dudas” y entre directores generales y reclaman que la ministra, Teresa Ribera, se reúna con los consejeros autonómicos del ramo no solo para hacer preguntas, sino para poder realizar propuestas.

El Ministerio insiste en que la reunión técnica es eso, técnica. Recuerdan que la ministra ya se dirigió por carta a los consejeros autonómicos el pasado 20 de julio y que el 28 de ese mes se reunió con ellos por videconferencia para informarles del acuerdo adoptado en Europa para reducir un 7% el consumo de gas. Fuentes del PP insisten en que la carta hablaba de ahorro en edificios públicos y que en la reunión del 28 de julio no se concretaron las medidas que finalmente se aprobaron en el consejo de ministros del siguiente lunes, por lo que no tuvieron opción de debatirlas ni de proponer alternativas.

Fuentes del Ministerio explican que el plazo para empezar a contar ese ahorro —que en las negociaciones el Gobierno logró bajar del 15% al 7%— empezaba a contar el 1 de agosto, por lo que había poco margen para el debate. Asímismo, aseguran que previamente habían informado a los portavoces parlamentarios y a los consejeros autonómicos de la gravedad de la situación y de la posibilidad de tener que ampliar las medidas de ahorro a otros sectores más allá de los edificios públicos. En la reunión del martes, añaden las mismas fuentes, no podrán presentarse alternativas al decreto ley.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó este sábado la convocatoria de esa reunión técnica como un ejemplo de rectificación e improvisación del Gobierno y exigió que la ministra acuda a la cita. El Ministerio para la Transición Ecológica niega que sea un cambio de posición. La carta que Ribera envíó a los consejeros el 20 de julio alertaba de la incertidumbre provocada por la guerra en Ucrania e informaba de un plan previo de eficiencia energética publicado en el BOE el 26 de mayo. En la misiva, recordaba a las comunidades autónomas su “obligación de actuar con ejemplaridad”. “Te invito a que hagáis extensivo al ámbito de la administración autonómica las medidas de ahorro y eficiencia energética y movilidad sostenible. Las medidas contempladas en el plan para la Administración General del Estado pueden ser una referencia aplicable a la mayoría de edificios e infraestructuras de vuestra Administración, aunque sin duda habrá nuevas propuestas, planteamientos, o medidas que puedan ser también aplicables”, dice el texto. El PP se queja de que ni en esa carta ni en la reunión del 28 de julio se habló de medidas concretas más allá del sector público. El decreto ley del Gobierno se terminó de perfilar el fin de semana posterior a la reunión.

La consejera madrileña de Medio Ambiente, Paloma Martín, dirigió a su vez este sábado una carta a la ministra Ribera. “Nos enteramos por los medios de comunicación de que emplazaba a las comunidades autónomas a una reunión técnica” sobre el decreto ley . “Transcurridas dos horas, recibimos por mail una invitación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para que asistamos a la Comisión Consultiva de Ahorro y Eficiencia Energética el próximo martes vía telemática”, se queja. “El objeto de la reunión”, añade, es “resolver dudas sobre medidas que han de entrar en vigor ese mismo día. Así no hay margen de actuación alguno para dar certeza a comerciantes y sectores afectados por las medidas”. Las medidas entran en vigor al día siguiente de la reunión, el 10, según recoge el Real Decreto.

En su carta a la ministra, la consejera madrileña insiste en que no se les informó sobre “medidas concretas que pudieran afectar directamente a sectores económicos determinados” y asegura que el decreto aprobado “excede con mucho a la Administración pública, con medidas que afectan a la iniciativa empresarial”. “Todo es un despropósito”, insisten en el gobierno madrileño que, no obstante, asegura que estará presente en la reunión técnica del martes. Las consejerías madrileñas, añaden, están trabajando en un documento de propuestas que tenga en cuenta las particularidades de Madrid y “vaya al fondo del problema, no solo al ordeno y mando”.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también reclamó este sábado “diálogo y participación”. Asegura que su gobierno “cumplirá con las normas” y recuerda que ya pusieron en marcha “medidas de ahorro en sus edificios públicos”.

El Ministerio insiste en que el decreto ya es flexible y contempla excepciones: “Es obvio que no va a trabajar a la misma temperatura quien está en un banco que quien está en un restaurante. El apagado a las 22.00 no se aplica al alumbrado ornamental de monumentos, salvo que sean edificios públicos desocupados a esa hora. Por ejemplo, el Palacio Real se apaga. La Cibeles, no”.