Un Estado, varias lenguas

La tercera sesión de la mesa de diálogo entre el Govern de la Generalitat y el Gobierno de España ha alcanzado un notable resultado para el estatuto del idioma catalán, y también para las demás lenguas cooficiales. El acuerdo es relevante porque se ha fraguado en contraste con la escasa cosecha recogida en los 29 meses en que este foro funciona y frente a los augurios pesimistas inducidos desde la oposición al Gobierno y también desde el negacionismo de Junts, que sigue en el Govern.

Desde la instauración de la democracia se ha registrado un avance formidable en el reconocimiento, normativización y uso oficial y real de las lenguas de los españoles que no son el castellano. Se cumple así una parte del mandato constitucional, cuyo artículo 3 eleva a cooficial su régimen basándose en el principio de territorialidad: lo es en el perímetro de las respectivas comunidades autónomas. Quedaba pendiente un largo trayecto que forma parte de la misma norma y que consagra como patrimonio común de todos los españoles esa pluralidad lingüística, y por tanto, reclama regular su uso en las instituciones comunes.

Es lo que ahora se ha empezado a enhebrar de forma acertada. Los compromisos del Gobierno de solicitar que el catalán se incorpore como “lengua de uso” a los plenarios del Parlamento Europeo (un importante reconocimiento simbólico, que no erosiona la funcionalidad de un número acotado de lenguas de trabajo), junto al propósito de ampliar su uso en el Senado, en la Administración periférica del Estado y en todos los foros internacionales que corresponda eran una tarea pendiente, y si algo hay que lamentar es que sean novedad tras tantos años de Constitución. El paquete se completa con el mutuo apoyo al pleno dominio escolar y al uso curricular del catalán y el castellano, y a la nueva ley consensuada por amplísima mayoría en el Parlamento, así como la disposición a extender este estatuto a todas las lenguas cuyas representaciones así lo demanden.

Con esta iniciativa se refuerza el carácter plurilingüístico y pluricultural del ordenamiento español y se procura una mayor integración y cohesión entre sus distintos componentes, algo que todos deberíamos celebrar. El fomento del plurilingüismo en la Universidad, en los tribunales y en otros foros comunes forma parte del desarrollo lógico de este diseño.

Los detractores del despliegue autonómico deberían repensar sus prejuicios. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ante la convocatoria de este encuentro sembró sospechas sobre su agenda presuntamente secreta (a la vista está que fue concreta y visible) y críticas sobre su carácter “bilateral”, podrá ahora reclamar que todos los impulsos al idioma catalán se apliquen con celeridad al gallego y dejar de lamentar que una u otra comunidad ejerza un papel vanguardista en determinadas cuestiones. También Junts, que se autoexcluyó de la cita, deberá explicar ahora por qué estos acuerdos en favor de la lengua de los catalanes irían contra estos.

Junto al impulso al idioma, la mesa abordó también la “desjudicialización” de la vida política catalana. Este asunto concita más diferencias entre las partes, aunque el deseo de no transferir las responsabilidades del ámbito político al del sistema judicial sea compartido. La intención de ambas de imprimir avances durante este año a esa carpeta requerirá mucho trabajo de preparación previa, de atención al detalle y de impecable encaje en el ordenamiento constitucional. Y debe ir en paralelo a la plena normalización de las relaciones institucionales desde la Generalitat.