La mesa de diálogo

La cuestión catalana ha estado ausente del debate sobre el estado de la nación, apenas dos meses después de un momento de máxima tensión política en torno a la revelación del espionaje político en el caso Pegasus. La falta de referencias es reveladora por sí misma de una voluntad de retomar la normalidad institucional que se concretó ayer en la reunión entre los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la Generalitat, Pere Aragonès, y que tendrá continuación en una nueva reunión de la mesa de diálogo en la última semana de julio. Será la tercera cita del instrumento que ambas partes crearon para superar lo que llamaron la judicialización del conflicto y dejar atrás el procés.

Ninguno de los elementos desestabilizadores ha desaparecido, especialmente en el ámbito catalán. En las últimas horas, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, procesada por cuatro delitos relacionados con corrupción, ha intentado presentarse como una víctima de una operación política. El propio Aragonès ha desmentido esta coartada y desde ERC han advertido a Borrás que, en caso de llegar a juicio, la institución catalana está por encima de su orgullo. Asimismo, el caso del expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont, ha dado un nuevo giro. El abogado general de la UE ha dado la razón al Tribunal Supremo en su demanda de extradición y abre así la posibilidad de que la justicia belga detenga y entregue a Puigdemont para que comparezca ante la justicia, como hicieron otras 18 personas con menos responsabilidad que él. En Madrid, la oposición al diálogo de Partido Popular y Vox ha bajado porque no tiene efectos inmediatos, pero es de esperar que las acusaciones de vender España al independentismo se intensifiquen cuando se acerque la negociación de presupuestos y, sobre todo, en el periodo electoral del año que viene. En el ámbito judicial, llevar el caso Pegasus a la Audiencia Nacional y a los juzgados de Barcelona permite a Sánchez y Aragonès eliminar de la agenda un asunto tóxico que perjudica el diálogo. Se trata, al mismo tiempo, de investigaciones que escapan a su control.

En el Congreso, ERC emitía señales esta semana de que permanecerá dentro de la mayoría parlamentaria con vistas a un otoño en que socialistas y republicanos se van a necesitar mutuamente para asegurarse la estabilidad en los respectivos gobiernos. Ayudaría que a la reunión de finales de julio se llegase con una agenda pragmática más allá del simbolismo de la foto, como ha reclamado Aragonès, lo que además contribuiría a legitimar la mesa como instrumento de diálogo. Hay asuntos para avanzar, como la baja ejecución de inversiones en Cataluña (apenas un 36% de lo presupuestado en 2021). Varios elementos abren la ventana de oportunidad para un diálogo sin reproches mutuos y sin la asfixiante presión del radicalismo. Al Gobierno central corresponde también no utilizar la mesa del diálogo solo como una herramienta para rebajar tensión cuando necesita de los votos de ERC. Es el momento de avanzar y presentar resultados, porque la tregua del ruido no durará siempre.