Guerra sucia contra Podemos

Durante al menos seis años, entre 2011 y 2018, el Gobierno del Partido Popular perpetró todo tipo de maniobras ilegales contra sus adversarios políticos haciendo un uso torticero de la cúpula policial del Ministerio del Interior, a la que previamente había nombrado, y financió ese plan con dinero público de los fondos reservados, según ha acreditado la investigación judicial todavía viva.

Los audios secretos de la corrupción que desde hace varios meses publica EL PAÍS, grabados por el comisario José Manuel Villarejo —actualmente procesado por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales—, han permitido conocer con mucho detalle estas maniobras. Ante la revelación de las mismas, tras haber realizado una concienzuda tarea de contrastar los hechos, muchos han preferido mirar el dedo en lugar de preocuparse por la llaga.

El comisario Villarejo fue la llave maestra del engranaje delictivo. Estableció unos lazos sólidos de amistad con la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, y el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez. Lo que esos audios revelan, unidos a más de 10 años de investigación judicial de la corrupción del PP, es la participación de varios poderes del Estado en la batalla que libró el partido que detentaba el poder contra sus oponentes políticos. Por un lado, estaba Interior, cuya cúpula policial obedeció a la cúpula política para maniobrar contra sus adversarios, buscando pruebas o fabricándolas —la mayoría de ellas, falsas—. Una vez conseguidas o confeccionadas, Interior difundía la infamia gracias al altavoz que le prestaron determinados medios de comunicación.

Hubo dos víctimas principales de aquella guerra sucia: los independentistas catalanes y Podemos. A este partido lo sometieron, casi desde su irrupción en la escena política, a todo tipo de ataques en los medios y en los tribunales. Esa pena de telediario ha durado casi desde la creación de Podemos hasta nuestros días. Hace solo dos semanas que la Audiencia Nacional frenó una nueva iniciativa del juez Manuel García Castellón de poner bajo sospecha de financiación ilegal a la formación morada.

El Gobierno del PP no solo espió con fondos públicos a sus adversarios, no solo buscó pruebas falsas contra independentistas catalanes o dirigentes de Podemos, no solo impulsó o amparó querellas en los tribunales de Justicia a sabiendas de la falsedad de los hechos que denunciaba sino que, además, con la misma estructura, intentó destruir las pruebas de su propia corrupción. El nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha minusvalorado estas informaciones que han mostrado hasta qué punto esas prácticas han debilitado la democracia. Solo una investigación a fondo de estos hechos puede curar una herida tan grave.