El Congreso investigará las maniobras de la policía contra el independentismo en la etapa de Rajoy

Los dos partidos del Gobierno y sus aliados nacionalistas van a poner en marcha otra investigación parlamentaria que situará el foco sobre las corrupciones del PP. El Congreso indagará por tercera vez las actuaciones supuestamente ilegales cometidas por la policía bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, con Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Esta vez la investigación estará centrada en las maniobras para fabricar pruebas contra dirigentes independentistas catalanes, la conocida como Operación Cataluña. PSOE y Unidas Podemos han manifestado este martes su apoyo a la solicitud presentada por ERC, Junts, PDeCAT, CUP y BNG. Todavía tendrá que votarse en el pleno, donde cuenta con mayoría para ser aprobada, y la previsión es que se ponga en marcha después del verano.

La iniciativa de los nacionalistas, presentada ya el pasado día 17, pide que la comisión investigue, en primer lugar, las supuestas presiones del Gobierno de Rajoy a la Banca Privada de Andorra (BPA) para que le facilitase información sobre las cuentas de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Por este asunto, una jueza andorrana ha imputado al expresidente del Gobierno y al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La solicitud de la comisión se hace extensiva a los “entramados parapoliciales en el marco de la llamada Operación Cataluña”, puesta en marcha en la etapa de Fernández Díaz con el objetivo de implicar a los independentistas en prácticas corruptas, incluso con pruebas falsas.

Será la tercera vez que el Congreso indague en las actuaciones del Ministerio del Interior en el Gobierno de Rajoy. Las maniobras sucias contra el independentismo ya coparon en 2017 la comisión de investigación sobre la llamada policía patriótica, el grupo de agentes bajo el mando de Fernández Díaz que desarrolló la Operación Cataluña. En esta legislatura se creó una nueva comisión que puso el foco en la Operación Kitchen, otra oscura trama policial para destruir las pruebas sobre financiación ilegal del PP en manos del extesorero del partido Luis Bárcenas. Esta última aprobó el pasado febrero su informe final. En ambos casos las conclusiones fueron demoledoras para Fernández Díaz. En 2017 el texto aprobado por la comisión le imputó haber utilizado a la policía para “la persecución de adversarios políticos” y el de hace unos meses concluyó que hizo lo mismo con el fin de “obstaculizar la investigación de los escándalos de corrupción que afectaban al PP”.

El PSOE no se había manifestado inicialmente ante la solicitud de una nueva comisión, hasta que este martes acordó sumarse a ella en la Junta de Portavoces del Congreso. Lo anunció el propio portavoz del grupo socialista, Héctor Gómez, quien destacó que de nuevo se tratará de indagar en “el uso de la policía por parte de los Gobiernos del PP para investigar a adversarios políticos en el marco de la llamada Operación Cataluña”. Gómez invocó algunas informaciones que se han conocido estos días para justificar lo que, en la práctica, supone una reapertura de la investigación.

El portavoz socialista se refirió a los audios “extremadamente preocupantes” publicados por este periódico, que recogen conversaciones de Fernández Díaz cuando era ministro con el comisario José Manuel Villarejo, en las que ambos planean denunciar a dirigentes independentistas con informaciones que en muchos casos resultaron falsas. Gómez resaltó además que esos audios muestran que el extitular de Interior mintió a la Cámara. Fernández Díaz, en sus comparecencias en las dos anteriores comisiones, negó haber conversado nunca con Villarejo e incluso presumió de que jamás podría encontrarse una grabación de una charla entre ambos.

Los grupos independentistas también habían pedido al Congreso que comunicase al fiscal los falsos testimonios del exministro, ya que el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y un año de cárcel a quien cometiese perjurio ante una comisión de investigación parlamentaria. Los letrados de la Cámara se pronunciaron contra la iniciativa, por entender que, al haber finalizado ya tales comisiones, al Congreso no le corresponde hacer esa denuncia de oficio. Los servicios jurídicos concluyeron que la comunicación al fiscal deberían realizarla en todo caso los grupos políticos interesados. La Mesa de la Cámara, reunida este martes, decidió, a sugerencia de los socialistas, posponer su decisión al respecto. PP y Vox ya manifestaron su acuerdo con el criterio de los letrados, informaron fuentes parlamentarias.

El PP descalificó además la iniciativa de la comisión de investigación. “Es la muestra de la desesperación del PSOE, que reacciona así a los varapalos electorales”, declaró la portavoz popular, Cuca Gamarra. “Lo único que buscan es perseguir al PP”.

La causa de Andorra

Un juzgado de Andorra mantiene abierta, desde 2016, una investigación por las presuntas coacciones a los responsables de la Banca Privada de Andorra (BPA) por parte de funcionarios de Interior. En 2014, mientras el Gobierno de Artur Mas organizaba la consulta no vinculante sobre la independencia en Cataluña, mandos de la Policía advirtieron a los directivos del banco de que debían facilitar información sobre supuestas cuentas de Mas, pero también de Oriol Junqueras y del expresidente Jordi Pujol. Si no colaboraban, avisaron, el banco y su filial española (Banco Madrid) acabarían desapareciendo, como así ocurrió.

La investigación andorrana se centró inicialmente en dos mandos policiales, pero se ha ido ampliando a medida que los denunciantes -asociaciones de derechos humanos, la familia Pujol y el expresidente del banco, Higini Cierco- obtuvieron más información sobre el funcionamiento de la llamada policía patriótica. La ampliación de la querella contra Rajoy y varios de sus ministros -incluido el de Interior, Jorge Fernández Díaz- fue admitida a trámite ya en 2020. Hace unos días, sin embargo, la juez Stephanie Garcia dio un paso más y envió una comisión rogatoria internacional a España para notificar al expresidente del Gobierno que está siendo investigado. La magistrada aún no ha puesto fecha para tomarle declaración.

Los indicios contra Rajoy se derivan de la visita oficial que hizo a Andorra en enero de 2015 y que, según los denunciantes, sirvió para presionar a los directivos del BPA bajo el pretexto de mejorar las relaciones entre los dos países.