Los letrados del Congreso rechazan denunciar a Fernández Díaz por mentir en comisiones de investigación
El exministro hizo una afirmación falsa, lo que el Código Penal castiga con hasta un año de cárcel
Los servicios jurídicos del Congreso se oponen a que la Cámara denuncie a la Fiscalía al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz por haber mentido en dos comisiones de investigación. Los letrados señalan que esa actuación ante el Ministerio Público correspondería a los grupos políticos que la han pedido —Unidas Podemos y otras formaciones de izquierda e independentistas— y no al Congreso institucionalmente. La Mesa de la Cámara ha decidido este martes aplazar su decisión final.
La revelación por este periódico del audio de una conversación en diciembre de 2012 entre el entonces ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la que ambos abordan un plan para fabricar pruebas falsas contra dirigentes independentistas, puso al descubierto que Fernández Díaz no había dicho la verdad en dos comparecencias suyas ante comisiones de investigación de la Cámara. El Código Penal prevé penas de entre seis meses y un año de prisión o multa de 12 a 24 meses a todo el que preste un testimonio falso en esas comisiones parlamentarias.
Fernández Díaz negó por dos ocasiones haber tenido trato con Villarejo. La primera, el 5 de abril de 2017, cuando compareció en la comisión que investigaba las actividades, bajo su mandato en Interior, de la llamada policía patriótica. Entonces aseguró: “Jamás he despachado con el señor Villarejo”. El exministro volvió a prestar testimonio el pasado 1 de diciembre en otra comisión sobre sus actuaciones en el ministerio, en este caso la que indagó las maniobras policiales para destruir las pruebas sobre la financiación ilegal del PP, la conocida como Operación Kitchen. En esta última ocasión, Fernández Díaz declaró: “En cinco años [los que estuvo en Interior] solo saludé circunstancialmente en dos ocasiones al señor Villarejo”. Y remachó: “¿Por qué me atrevo a decir que no oirán ustedes ninguna grabación mía con Villarejo? Porque no puede haberla”.
Tras la publicación de los audios en EL PAÍS, la pasada semana se presentaron dos solicitudes ante la Mesa de la Cámara para que esta comunicase a la Fiscalía que el exministro pudo haber cometido un delito en sus testimonios parlamentarios. La primera fue de Unidas Podemos y luego se sumó otra de los cuatro grupos independentistas catalanes —ERC, Junts, PDdeCAT y CUP—, EH Bildu y BNG.
Los letrados, según fuentes parlamentarias, han comunicado este lunes a la Mesa que los trabajos de las comisiones de investigación aludidas ya han concluido, “por lo que no existiría cauce reglamentario para articular una solicitud como la ahora analizada”. “Todo ello”, señalan los letrados en una nota transmitida a la Mesa, “sin perjuicio de la posibilidad de dirigirse directamente al Ministerio Fiscal [por parte de los grupos solicitantes] al amparo de la legislación procesal aplicable”.
La Mesa ha aplazado su decisión sobre el asunto, a solicitud del vicepresidente primero, el socialista Alfonso Gómez de Celis, durante la reunión que ha celebrado este martes el órgano de gobierno de la Cámara. PP y Vox pidieron rechazar la petición de los grupos de izquierda y nacionalistas, como han propuesto los letrados.
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