editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Grave caída del poder adquisitivo

La inflación disparada más allá del 10% puede exigir del Gobierno medidas adicionales para contener los precios

Pescadería en un mercado.
Pescadería en un mercado.

La inflación ha vuelto a escalar más allá de lo previsto. El anuncio por parte del Instituto Nacional de Estadística del dato del mes de junio supone un nuevo freno a las expectativas económicas de España. Hacía 37 años que no veíamos una cifra tan abultada, pasando ya del doble dígito, al situarse en el 10,2%, y romper de esta manera las barreras, ya de por sí altas, de los meses de primavera. La cifra ha resultado ser mucho mayor de lo esperable, y es netamente más alta que la registrada en los pasados meses de mayo (8,7%) y abril (8,3%): los precios subieron en términos mensuales un 1,8%.

Detrás de esta subida se encuentra sin duda la persistencia en el alza del precio de la energía, que, pese a los esfuerzos del Gobierno, se mantiene desbocada por los efectos de la guerra en Ucrania en los mercados internacionales. Las medidas tomadas o han sido ya absorbidas por el mercado, como es la bonificación a los combustibles, o no han tenido todavía los efectos deseados, como es el tope al precio eléctrico. Según suben los precios de la energía, suben también los de la alimentación y las bebidas, en los que pesan sobre todo los gastos de transporte y cuya escalada perciben más severamente las familias con menos recursos. Pero lo mismo sucede con la hostelería, que se encuentra ante la necesidad de responder al fuerte tirón que está teniendo el turismo.

A falta de conocer los detalles, la inflación subyacente, que es aquella que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos, también sube por encima del 5%, un nivel que no veíamos desde principios de los años noventa. Con una subida promedio del 2,42% en los convenios colectivos, los salarios han perdido en los últimos 12 meses una capacidad adquisitiva solo comparable a la devaluación salarial provocada por la crisis de 2008 y la reforma laboral de 2012.

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La situación se agrava, por lo tanto. Todos los análisis apuntan a que, pese a su agudeza, el episodio inflacionario es coyuntural y no responde a problemas estructurales, por lo que debería ser transitorio, y la crisis debería remitir según se estabilicen los mercados energéticos. Pero esta explicación, sostenida desde hace ya casi nueve meses, no es suficiente para calmar los ánimos de hogares que ven cómo se reduce su poder adquisitivo. Estamos todavía lejos de una crisis como la de los años setenta, cuando los precios llegaron a crecer un 25%, pero esta comparación no es un consuelo ni debe impedir adoptar las medidas que sean necesarias.

Si los datos de la eurozona avanzan en la misma dirección que el dato español, el Banco Central Europeo tendrá que actuar con más rotundidad de la inicialmente esperada, entre otras cosas, porque no puede dimitir de su mandato. De ser así, las cifras de crecimiento se resentirán todavía más y España tendrá que pagar más caro su alto endeudamiento público y privado. El Gobierno ha tomado hasta el momento medidas paliativas que deben ser reconocidas como positivas, pero si la situación sigue como hasta ahora, será necesario sacar más arsenal para evitar subidas injustificadas de precios. Tendrá muy difícil no responder a la legítima demanda de actualización de los salarios, con el riesgo que conlleva esta dinámica si no se controla adecuadamente. Entramos en un terreno muy resbaladizo y no podemos esperar a que el temporal amaine, porque, de momento, no parece que vaya a ser así.


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