La JEP: por la verdad a la paz

La proclamación de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia disipó el estruendo polarizador de la campaña electoral. Coincidiendo providencialmente con esa especie de tregua se llevaron a cabo en Bogotá las jornadas de la primera audiencia pública de reconocimiento del último secretariado de las antiguas Farc por los secuestros perpetrados durante el conflicto armado.

Las sesiones, que fueron televisadas, se prolongaron durante horas y pocas cosas, pienso yo, podrían ser tan oportunas como esta audiencia en particular y el anuncio de que esta misma semana la Comisión de la Verdad, organismo nacido con el Acuerdo de Paz, presentará al mundo su informe final.

Ya en marzo pasado tuvo lugar en Ocaña la audiencia atinente a “los llamados falsos positivos”, los miles de asesinatos presentados ilegítimamente por las fuerzas del Estado como bajas de las Farc ocurridas en combate. En esa ocasión los “comparecientes” —como el lenguaje de la justicia de paz llama a los imputados— fueron once militares.

A decir verdad, la audiencia de Ocaña dejó en muchos la sensación de algo incompleto y fallido. Las víctimas, centrales a este proceso, no ocultaron su profunda frustración, pues entre los imputados no se hallaban quienes presuntamente dieron las órdenes. Las críticas señalaron verdades a medias y pactos de silencio presuntamente concertados entre los altos mandos militares y el Gobierno.

En la audiencia de Bogotá los imputados fueron siete excomandantes de la guerrilla, los jefes del último secretariado de las Farc. Ver a las víctimas encarar a los exguerrilleros (y a los militares) con sus crímenes resulta estremecedor por su crudeza y uno se pregunta si en verdad podrá alcanzarse algún día la reconciliación y la convivencia.

Una víctima, el sargento de policía César Augusto Lasso, estuvo cautivo de la guerrilla durante más de 13 años, luego de sobrevivir a un combate de tres días durante los cuales una pequeña y remota guarnición de policía resistió el ataque de una fuerza treinta veces superior en número. Tras rendirse la estación, Lasso fue secuestrado junto con otras 60 personas. Llevó a la audiencia las mismas cadenas con que fue aherrojado durante casi todo su cautiverio.

En su vindicta ante los impertérritos excomandantes, Lasso afirmó haber perdonado y que confía en que estos crímenes no se repitan nunca más. Sin embargo, su semblante y su voz lo mostraron como un hombre herido para siempre en su dignidad. No olvidará tampoco, dijo, la indiferencia y el silencio que cayó sobre él y otros cautivos.

En una sesión anterior de la misma audiencia, Sigifredo López, sobreviviente de otro secuestro colectivo, habló de un tabú: la reparación económica a la víctimas, algo que, según él, no fue contemplado en los acuerdos de La Habana. Se refirió directamente al dinero obtenido delictivamente por las Farc.

López cayó en poder de las Farc en abril de 2002, cuando éstas asaltaron la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, en Cali. López y otros once diputados fueron plagiados y llevados a las montañas. Su secuestro buscaba forzar un canje de secuestrados por guerrilleros presos.

La masacre de estos once congresistas, ejecutados tras cinco años de cautiverio, en medio de un enfrentamiento nunca aclarado del todo con otro grupo armado, generó tal repudio general que forzó a las Farc a emitir indignantes comunicados que terminaron de cubrirlas de ignominia.

Que estos crímenes puedan hoy ser abordados y juzgados en conjunto, conformando lo que se ha llamado “macrocasos”, es solo una de las innovaciones que trae consigo la Jurisdicción Especial.

La Justicia Especial de Paz ha sido siempre atacada como si se tratase de una tapadera de lenidad para con los antiguos jefes de las Farc. He visto en el canal youtube de la JEP una larga y muy ilustrativa entrevista a la magistrada relatora de esta audiencia pública, Julieta Lemaitre.

La entrevista, hecha durante el confinamiento a que obligó la pandemia, me dejó abismado ante la compleja y a la vez sensatísima arquitectura jurídica que sustenta esta jurisdicción. La experiencia de Lemaitre como profesora de posgrado, sus saberes y su talento expositor, la flagrante humanidad del tema y, sin duda, la necesidad de alcanzar al fin una paz duradera que hoy se respira, logran que el tiempo pase volando.

El video, de amable calidad homemade, debe verse con el lápiz en la mano para tomar algunas notas porque es mucha y buena la filosofía moral que los arquitectos de la JEP invocan y porque son crímenes de guerra y de lesa humanidad lo que se juzga.

Si es cierto, como afirma Hernando Gómez Buendía en su libro Entre la independencia y la pandemia: Colombia, 1810-2020 (Razón Pública, 2022), que el ciclo de la violencia política ha terminado, el actual debería ser un gran siglo para Colombia. Y el informe final de la Comisión de la Verdad el primero de sus anales.