¿Espías o escuchas?

En La Moncloa han vuelto a comprar el marco mental propuesto por sus rivales. ¿Recuerdan el caso de las macrogranjas que rompió la campaña electoral de Castilla y León? Cuando el ministro de Consumo insinuó que la ganadería extensiva era más ecológica que la industrial, le crucificaron por tratar de arruinar a los ganaderos, siendo desautorizado por su propio Gobierno. A lo que Garzón respondió: “Si compras el marco de la derecha estás derrotado”, como así ocurrió el 13-F.

Pues bien, ahora la Moncloa ha vuelto a asumir el marco del espionaje propuesto por los secesionistas, que al saberse investigados judicialmente por sus desmanes subversivos del otoño de 2019 han logrado recalificar las escuchas sufridas para revenderlas como espionaje político, mediante la asesoría pericial de una red de la que forman parte los propios hackers secesionistas que organizaron el Tsunami Democratic de los incendiarios CDR. Y gracias a lo sexy que les parece a los medios el espionaje político, han logrado que ese marco falaz sea comprado por The New Yorker, por la prensa española y por el propio staff de Moncloa, que olvidando la regla de no pensar en elefantes, hizo suyo el rótulo del espionaje con la fallida esperanza de zafarse de él. Pero el ministro Bolaños aún hizo además algo peor.

Para defenderse de la acusación de espionaje no se le ocurrió nada mejor, como si un clavo sacase otro clavo, que anunciar otro espionaje todavía más grave sufrido por el Gobierno a manos de una potencia exterior, cayendo así en la trampa del espía espiado. Sin darse cuenta de que, al asociar ambos espionajes por activa y pasiva, convalidaba sin querer la regla de tres esgrimida por el secesionismo: el Estado español espía a Cataluña del mismo modo que un Estado extranjero espía a España. ¿Qué más podría desear el independentismo que verse tratado como un poder externo al que espiar? Pero por mucho que se quejen, no hay tal. No es espionaje, propio de las relaciones internacionales, sino escuchas judiciales: derecho penal, imperio de la ley. Pues quienes sostienen que “ho tornarem a fer” son los mismos que ahora exigen garantías de que el “espionaje” no vuelva a ocurrir, reclamando patente de impunidad. Ergo, no investigarles con escuchas preventivas sería incurrir en suicida imprudencia temeraria.

Estos fallos de comunicación se suceden en La Moncloa desde que salieron Redondo e Iglesias, sin que Bolaños sea capaz de ocupar su hueco vacío. La gaffe de las macrogranjas sólo fue una crisis puntual, pero esta vez el caso Pegasus podría desatar una crisis existencial, sin que haya en La Moncloa ningún estratega capaz de marcar agenda definiendo su propia visión de la realidad. Y en su ausencia se imponen los encuadres marcados por los secesionistas, por Unidas Podemos o por la oposición, quedando el Gobierno a remolque de las sesgadas visiones de los demás. De ahí que tanto la mayoría que le presta apoyo como la misma coalición gobernante estén en un impasse, planteándose sus miembros si no habrá llegado la ocasión de hacer mutis por el foro, como único modo de conservar su menguante chance electoral.