La crisis del espionaje: ¿y ahora qué?

Habrá que agradecer que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera el pasado miércoles una explicación mínimamente racional del cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, porque hasta ese momento ni había sido cesada, sino “sustituida”, ni existía razón alguna para que hubiera recogido sus cosas y se hubiera marchado de su despacho. Finalmente, el absurdo quedó despejado: existió “un fallo de seguridad en las comunicaciones del Gobierno” que justificaban la destitución de la máxima responsable del servicio de inteligencia. Es decir, oficialmente el cese no tuvo que ver con el espionaje a políticos independentistas catalanes, que fue legal (aunque es obvio que la sustitución de la señora Esteban se produce en un momento muy apropiado para recomponer las relaciones con ERC), sino con un espionaje exterior.

Sea como sea, se reconoce que se ha producido un fallo de seguridad en las comunicaciones del Gobierno tan importante que justifica un cambio en la cúpula del servicio de inteligencia. La crisis no queda, pues, ni cerrada ni aclarada, porque es necesario saber si ese fallo ha puesto, o pone, en peligro la seguridad nacional, qué país extranjero fue el responsable de la manipulación de las comunicaciones, y qué medidas se van a tomar para mejorar los procedimientos de comunicación no solo de los miembros del Gobierno, sino también de las altas administraciones del Estado, que no parecen gozar tampoco de una gran protección. De hecho, las embajadas de España en todo el mundo se comunican hoy día con su ministerio a través de simples wasaps e e-mails, al alcance, casi, de cualquier informático aficionado.

Según el CNI, los móviles infectados y hackeados han sido los del presidente del Gobierno, la ministra de Defensa, el ministro del Interior… y el ministro de Agricultura. Es difícil imaginar muchos países para los que el Ministerio de Agricultura español sea una fuente tan importante de información como para arriesgarse a manipular el móvil del titular. De hecho, solo parece haber uno en todo el mundo al que podrían interesar esos cuatro móviles en particular: Marruecos. Más aún sabiendo que el titular de Agricultura, Luis Planas, fue embajador de España en Rabat de 2004 a 2010, que mantiene excelentes contactos con el país magrebí y que el espionaje se produjo, según el CNI, en mayo y junio de 2021, en plena crisis diplomática con Marruecos.

No sería el primer caso en que un país amigo espía las comunicaciones de sus socios. Hace relativamente poco se produjo un escándalo cuando se supo que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos (NSA) había espiado a varios políticos europeos, entre otros, a la canciller alemana. Angela Merkel llamó al entonces presidente Barack Obama para expresarle su queja y declaró públicamente que consideraba ese espionaje “inaceptable”. Su reacción fue tan firme que Obama se vio obligado a responder formalmente que Estados Unidos “no está monitorizando ni monitorizará sus comunicaciones”. Es decir, no reconoció ni pidió disculpas formales por el espionaje pasado, pero se comprometió a evitar algo semejante en el futuro. Lo mismo ocurrió con otros políticos cuyas comunicaciones fueron presuntamente controladas. François Hollande, presidente de Francia, llamó a consultas al embajador norteamericano, y hasta el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo públicamente que Exteriores había convocado al embajador de turno, James Costos, para expresarle su inquietud.

El problema es, pues, cómo actuar a partir de este momento. Por ejemplo, cómo hacer que Rabat excluya públicamente cualquier episodio semejante para el futuro. Cómo ofrecer una imagen de seguridad, seriedad y control tal que permita a España aspirar a tener una política exterior razonablemente relevante, por sí misma y como socio de dos importantes organizaciones internacionales, la Unión Europea y la OTAN (la Alianza Atlántica celebrará en Madrid una decisiva cumbre los próximos días 29 y 30 de junio). Cómo garantizar que las comisiones encargadas de controlar los servicios de inteligencia actúan con eficacia y discreción, sin que los diputados terminen por denunciarse ante el juzgado de guardia. Garantías de que este país cree en el imperio de la ley (y no en el imperio de los tribunales). Porque, si no, un día nos van a declarar la guerra y algunos de nuestros diputados van a presentar una denuncia en el juzgado de guardia.

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